Por: Redacción Semanario de Junín

NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 432 DE SEMANARIO DE JUNÍN. CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024

El gobierno nacional puso en agenda la privatización de la empresa “Corredores Viales”, un engendro creado por Guillermo Dietrich durante el macrismo y que sirvió para seguir prodigando favores a sectores privilegiados en la captura de los dineros que provee la obra pública.

Carteles sin matenimiento, caídos y olvidados

Pero en el “reino del revés” abundan los impuestos viales y a los automotores, los controles de “seguridad vial” ponen el foco en los conductores y gastan recursos que debieran ir a la pobre infraestructura, la VTV aumenta el negocio de la casta y es una espada de Damocles para automovilistas que justamente rompen sus autos en las carreteras (y calles) que no se mantienen y sin embargo se deben pagar peajes cada vez más caros.

El desbarajuste que llevó adelante el menemismo en los ’90 provocando el cierre de los ramales ferroviarios, al mismo tiempo que largaba a las rutas una cantidad inusitada de camiones, indudablemente chocó una vez más con la improvisación de los gobiernos ya que no había emplazadas buenas carreteras y el caos continúa hasta hoy, nacional y provincial, afectado sin dudas al circundante cercano a nuestra ciudad.

Pozos, huellones, banquinas descalzadas, falta de líneas en distintos tramos, carteles rotos, pastos altos y residuos por doquier son parte del paisaje diario para quien debe recorrerlas

La empresa Corredores Viales dice tener como “misión”gestionar la infraestructura y el tránsito de las rutas, autopistas y autovías concesionadas, con el fin de brindar un servicio de calidad, algo que indudablemente está muy lejos de cumplirse.

La empresa se encarga de 10 tramos de carreteras nacionales entre rutas, autovías y autopistas que se dirigen desde Buenos Aires a Mendoza, Jujuy, La Pampa. Además de otra que recorre la Mesopotamia hasta Chaco.

Alcantarillados sin mantenimiento, desagües tapados por los pastos, arbolado seco y rotondas con pastizales

Y mientras el intendente Pablo Petrecca está ensimismado en ponerle focos al aeródromo, parece no estar enterado que se puso en juego el futuro de las rutas 7 y 188, las cuales poseen un valor incalculable para la economía juninense debido que se trata de una red vial internacional que ya debieran estar analizando como proyecto propio y/o conjunto con otros intendentes de la Cuarta como los de Chacabuco (R7), Lincoln, Pinto y Ameghino (188); considerando que además está en juego la ruta 5 que pasa por Chivilcoy, 9 de Julio, Pehuajó y Trenque Lauquen.

La empresa Corredores Viales dice tener como “misión” gestionar la infraestructura y el tránsito de las rutas, autopistas y autovías concesionadas

Por otra parte, la importancia del tema se magnifica porque incluyen a nivel local a las colectoras que se encuentran en estado deplorable y resultan de absoluta significancia a nivel urbano para gran cantidad de comercios, pymes y grandes empresas que son frentistas de las mismas y en el rural para el uso de maquinaria de producción agropecuaria.

La advertencia vale la pena porque no sería raro que en algunos meses aparezcan “iluminados” recién despiertos de la siesta rasgándose las vestiduras por haberse tomado medidas “inconsultas” que afecten a la comunidad.

¿Cuándo comenzará la evaluación de las propuestas? ¿Qué características tendrán las concesiones? ¿Será el mismo fiasco de los ’90?

Los interrogantes son muchos y hasta ahora las respuestas son pocas y el desinterés puede llevar al fracaso absoluto tal como aconteciera 30 años atrás.

Esta semana, el vocero nacional Manuel Adorni indicó que: “el ministerio de Economía, a través de la secretaría de Transporte, publicó el proceso de licitación de los tramos concesionados de rutas nacionales de caminos que eran de “Corredores Viales”. “Eran operadas de forma deficitaria e implicaban una pérdida de dinero del presupuesto que se financia de los contribuyentes. El resultado está a la vista en cómo están las rutas”, precisó.

Y resaltó: “Esto rompe con una participación monopólica y se habilita la participación de cualquier empresa que cumpla con los requerimientos. De esta forma, el sector privado va a encontrar mejores mecanismos sin la intervención de la Ley de Obra Pública”.

Según planteó el periodista Diego Cabot en La Nación: “se debate qué pasará con los corredores en los que se paga peaje. Y allí hay dos posturas claras: los que apuntan al viejo sistema de constructores que cobren peajes y los que tratan de imponer un esquema nuevo, justamente sacando a las empresas viales de la posibilidad de cobrarlo. La pelea no es menor: no sólo está en juego el futuro de las desmejoradas rutas nacionales, sino una de las principales cajas de la obra pública”.

Estados de banquinas y entradas a la autopista; en dirección Junín, se olvidaron la banquina asfaltada que

figuraba en la obra. Cruces ilegales.

Las posturas en el seno de la administración se han dividido. Por un lado, están quienes defienden el viejo esquema de contratistas de la obra pública a cargo de la concesión de la ruta; el cobro y las cabinas de peaje y, sobre todo, las obras en la traza.

Por el otro, un grupo de funcionarios que pretende un cambio en las reglas, en las formas y en los procesos. Dicen que el anterior ya fracasó desde los ‘90 en cuatro oportunidades y proponen otra cosa. Básicamente, se podría resumir en un concepto: que el que construye u opera, no cobre peaje. Separar la caja de la obra. Parece simple, pero golpea de frente la vieja historia de los contratos viales.

PUNTO JUNIN

La descripción de Adorni acerca del estado de las carreteras, tiene una parte de autorresponsabilidad ya que desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, no sólo se frenaron las obras que se venía llevando a cabo, sino además se recortó al mínimo el mantenimiento de las ya plantadaslo cual a estas alturas ya es causante de riesgo para los automovilistas y transportistas que las circulan.

Pozos, huellones, banquinas descalzadas, falta de líneas en distintos tramos, carteles rotos, pastos altos y residuos por doquier son parte del paisaje diario para quien debe recorrerlas.

Lamentablemente la situación también se relaciona con las permanentes informaciones que llegan acerca de los accidentes con saldos de heridos y muertes y que dan certeza de la falta de atención.

Mientras el intendente Pablo Petrecca está ensimismado en ponerle focos al aeródromo, parece no estar enterado que se puso en juego el futuro de las rutas 7 y 188

Entre otras cuestiones propias del distrito, Junín vio frenada la “travesía urbana” que se iba a extender desde el ingreso desde Baigorrita, de la RP 65, en un tramo de 1350 metros por la ruta 7 hasta Roque Vazquez con sus respectivas colectoras.

Pero si extendemos un poco más la mirada sobre lo que debiera ser la “Autopista ruta 7”, se denota la improvisación y desmanejo.

Luego de la inauguración ficticia del tramo Chacabuco-Junín realizado en nuestro distrito a poco de las elecciones del 2019 con la presencia del presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Petrecca; debió cerrarse uno de los carriles porque faltaban terminaciones. La gestión de Alberto Fernández y Axel Kiciloff con Sergio Katopodis a la cabeza, la reinauguraron aunque siguieron faltando cosas.

Hasta el día de hoy se denota que se “olvidaron” la banquina con dirección a nuestra ciudad y no se cerraron ingresos y egresos variados que comunican con caminos rurales y no corresponden en lo que hace a una autopista, generando peligro.

Por otra parte, debe considerarse el avance que tenía la variante Chacabuco y que hoy podría estar sufriendo deterioros tras la parálisis ya que actualmente es usada por algunos habitantes de la comunidad vecina a pesar del peligro que representa. Además hay que recordar que todavía quedan por terminar 60 kms que van desde Chacabuco a Carmen de Areco, para darle final a una traza que debiera estar finalizada hace medio siglo.

En contraposición a estos desmadres gubernamentales, y como si se tratara de una burla de los funcionarios. Los que se muestran activos es el personal de la agencia de Seguridad Vial que dotados de móviles y personal montan megaoperativos para controlar –paradójicamente- a quienes son los verdaderos sufrientes de políticas que se mantienen enquistadas durante años, generando semejantes descalabros en la infraestructura como en la economía del país y afectando particularmente a nuestra región.

Esto cabe también para la ruta nacional 188 que a pesar de conectar una zona productiva de excelencia que va desde el norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, hasta el paso hacia Chile, está todavía en peores condiciones que la ruta nacional 7, con una mano por lado, la calzada despintada, rotondas con luces deficientes y banquinas en desnivel y faltas de mantenimiento.

Tampoco las carreteras de la provincia de Buenos Aires escapan al desastre generalizado en el mismo sentido que las nacionales. No faltan allí los espectacular megaoperativos con variadas exigencias en los controles de tránsito promovidos por el ministro de Transporte, Jorge D’onofrio y los valores de la VTV vuelan a favor de los amigos del poder.

Pero de “seguridad” nada. Resulta un verdadero calvario, por su peligrosidad, viajar por rutas como por ejemplo la 65 hacia Morse o la 30 hacia Chivilcoy, donde no hay una sola línea demarcatoria y se suman cada vez más pozos. La cinta asfáltica también es trágica, valga como ejemplo que días atrás fue arrollado un reconocido ciclista chivilcoyano y las crónicas periodísticas se llenan de sangre.

La situación se torna exasperante, ya que se invierte la carga de la prueba. Mientras los gobiernos resultan ineficientes a la hora de llevar adelante la infraestructura en las carreteras, aumentan los peajes de forma arbitraria, exigen una verificación técnica para circular en rutas donde los autos se rompen y quieren hacer notar que les interesa la seguridad de los automovilistas y para eso salen a las deterioradas cintas asfálticas con un multitudinario y costoso despliegue para castigar a las víctimas, lo cual constituye un gran despropósito por parte de gobernantes y funcionarios que muestran su desprecio hacia quienes efectivamente deben ser los beneficiarios finales.

Pasos intermedios ilegales en la autopista.

LO QUE HICIERON EN LOS ‘90

Un documento preparado en 2009 por la consultora Georgina Cipoletta Tomassian y el Oficial de Asuntos Económicos Ricardo J. Sánchez, ambos de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizó un puntilloso análisis del régimen de las concesiones viales de Argentina entre 1990 y 2008.

El trabajo al que tuvo acceso SEMANARIO se inicia indicando que “a lo largo de sus dos regímenes (1990/2003 y 2003/2008), las concesiones de carreteras interurbanas en Argentina se desarrollaron bajo diferentes condiciones macroeconómicas, y exhibieron características específicas respecto a sus obligaciones contractuales, marco normativo, duración, impacto fiscal e interacción con el Estado”, no obstante “se advierte un patrón de comportamiento común en ambos esquemas que fue tergiversando los objetivos originalmente establecidos”.

Destacando que “las decisiones tomadas en algunas oportunidades descuidaron el beneficio social, privilegiando el equilibrio económico-financiero de las empresas concesionarias, por sobre el equilibrio fiscal del Estado”.

En sus conclusiones, los especialistas señalaron que “el modelo de concesiones por peaje aplicado en la década del 90 puede considerarse relativamente satisfactorio desde algunos puntos de vista”, pero  también “presentó aspectos negativos como poca transparencia en las adjudicaciones, falta de atención suficiente a las necesidades de los usuarios e imprecisiones sistemáticas en el diseño de las normas”.

Ese “alto grado de desorden de las disposiciones regulatorias que se proponían implementar fue una de las debilidades que mostró el sistema jurídico. Esto se debió tanto a la fuerte presencia del lobby de las empresas concesionarias, como a la improvisación paralela mostrada por el gobierno en sus avances y retrocesos en la regulación de medidas para el sector”.

En este sentido, las continuas renegociaciones, ajustes y subvenciones, fueron el reflejo de una etapa plagada de marchas y contramarchas, avaladas por un mecanismo jurídico que se basó en el uso arbitrario del Decreto para el otorgamiento de las concesiones, “en vez de generar mediante una Ley concreta un sistema más estable y previsible”.

Ejemplos claros en este sentido fueron “la suspensión del cobro del canon y el otorgamiento de sucesivas compensaciones indemnizatorias, con el fin de mantener inalterada la ecuación económica-financiera de las concesionarias ante reducciones tarifarias. Asimismo, la transferencia a los usuarios del financiamiento del mantenimiento de las rutas nacionales concesionadas, junto a la privatización de la construcción y el mantenimiento vial, trajo aparejado costos sociales y fiscales decididamente desmedidos en relación a los escasos resultados obtenidos; tanto en términos de la incorporación de nuevas rutas como, esencialmente, en términos del estado general de la red vial argentina en su conjunto.

Subrayan un punto clave en este sentido y es que “la insuficiente capacidad de contralor por parte del organismo pertinente, junto a la falta de rigor técnico en las evaluaciones”, lo cual “provocó la realización de obras innecesarias o no recomendadas, lo que contribuyó a que la visión general de las concesiones de este período no resultara positiva”.