Cuatro meses de anuncios, elogios de Javier Milei y varias reuniones en la Casa Rosada no alcanzaron para que Federico Sturzenegger lograra que la oposición más amena al Gobierno leyera el proyecto de Ley Hojarasca, que establece la derogación más de 70 leyes, consideradas “normativas obsoletas” o que restringen libertades.

Durante la última reunión de la mesa legislativa en la Casa Rosada, el ministro de Modernización le pidió al PRO y a la UCR una devolución sobre su iniciativa emblema y sólo recibió silencio como respuesta. Ni siquiera está claro si algún referente del Congreso leyó su voluminoso proyecto.

La escasa o nula relación del funcionario con los bloques opositores claves para construir mayorías y la urgencia de tratar otros temas dejaron la Ley Hojarasca en el olvido. Sólo hubo intercambios entre Maximiliano Fariña, secretario de Transformación y mano derecha del economista, con asesores macristas y radicales, quienes reconocieron que en sus bloques no hay ánimo de ponerse a estudiar.

“Vamos a tener que encontrarle una vuelta de tuerca porque, de lo contrario, no se activa más. Necesitamos algo que llame la atención”, le recomendó un referente radical que tenía intenciones de avanzar, pero no logró convencer a sus correligionarios. Ni siquiera Sturzenegger logró captar la atención de la opinión pública con las propuestas para derogar leyes del siglo 19.

Las peleas de Federico Sturzenegger

El cronograma le juega en contra a Sturzenegger: hasta el 20 de noviembre hay fecha para dictaminar y aún no hay plenarios de comisiones convocados para tratar la iniciativa, por lo que difícilmente llegue al recinto en sesiones ordinarias. Sólo podría avanzar en el verano si Milei convoca a sesiones extraordinarias. Nada fácil.

Una de las razones por las que se congeló el proyecto es que el ministro no tiene buena relación con dos bloques claves para que Milei abra el recinto: el PRO y Encuentro Federal. Sólo mantiene un vínculo estrecho con la UCR. Tal es así que, antes de enviar el proyecto, fue al Congreso a detallar el contenido al bloque conducido por Rodrigo De Loredo

. Ese día, el ministro no aceptó una recomendación para ser menos ambicioso y no repetir los errores de la ley Bases, dónde incluyó un capítulo entero de reformas al Código Civil y Comercial y luego tuvo que desecharlo. "Hace tres meses que estoy con esto, no puedo enviar algo escueto", justificó su bodoque ese día, ante la audiencia radical.

Con el macrismo, a Sturzenegger no le había ido bien: cuando quiso detallar el contenido de su propuesta, durante una reunión en la Casa Rosada, el jefe del PRO, Cristian Ritondo, lo usó de sparring para reprochar las acusaciones de legisladores libertarios de la Ciudad al jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante el tratamiento del Código Urbano.

El ministro de Modernización no supo qué responder. Confirmó, eso sí, que integra una lista de exPRO que no son bien vistos por los miembros de ese espacio por asumir cargos en el Gobierno sin pedirle permiso a Macri. Por si fuera poco, Sturzenegger empeoró las cosas con sus expares cuando incluyó en sus decretos proyectos que habían presentado miembros de esa bancada.

Esa conducta le valió un tirón de orejas de Martín Menem, quien tampoco soporta que el funcionario pida leyes en la Casa Rosada y no sepa cómo conseguir votos. Fue lo que hizo con la privatización de Aerolíneas Argentinas, cuando también ignoró al PRO. Fue necesaria la intervención de Ritondo para que tuviera en cuenta una iniciativa del diputado macrista Hernán Lombardi.

Peor es la relación que tiene Sturzenegger con Miguel Pichetto, jefe de Encuentro Federal, quien le perdió el respeto en los tiempos en que se cruzaban como titular del Banco Central y senador del PJ. En febrero, Pichetto obligó al economista a retirarse de una reunión citada por Menem en un departamento de Recoleta para planificar el texto final de la ley Bases. El economista era un funcionario sin cargo y el rionegrino pidió que se retirara para negociar.

Pocas críticas

Lo curioso de la falta de tratamiento de la Ley Hojarascas es que tampoco hubo críticas fuertes a la iniciativa, ni siquiera de la oposición más intransigente. Por Unión por la Patria, Pablo Yedlin cuestionó la derogación de la ley de radiofísica 17.557.

"Además de mantener ocupado a @fedesturze en algo inocuo; derogar los 'azotes' es una genialidad, ni que decir de la ley de vacunación antivariólica, fantástico, pero derogar la ley de radiofísica 17557 puede fallar", alertó el tucumano

. El diputado consideró que es fundamental porque la norma garantiza "la protección radiológica de la población y los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes". Esta norma integra el lote de las que fueron sustituidas por leyes posteriores, como la de trata, la de padrinazgo presidencial o las referidas a la licitación de hidrocarburos.

Hay otras normas que plantea derogar el proyecto por ser consideradas obsoletas, como los premios metálicos por el descubrimiento de minas de carbón o los procedimientos para microfilmación.

Sturzenegger también pide eliminar otras leyes que define como lesivas a las libertades individuales, como la habilitación al Estado para relocalizar actividades productivas o la posibilidad que tienen los legisladores de usar estacionamiento.

Menos burocracia

El Gobierno pretende además anular las leyes que permiten a artistas de compañías teatrales pedir descuento en hoteles y obligan a formar al personal público en servicios turísticos.

El paquete de derogaciones de Sturzenegger se completa con leyes que contemplan procesos inexistentes u organismos disueltos, como la Oficina Química del Departamento Nacional de Higiene o los créditos del Banco Nación a las Sociedades Cooperativas.

Se propone además eliminar la asistencia del Estado al Círculo de Legisladores y a la Federación de Municipios Argentinos (FAM). En este último caso, la oposición sospecha de un intento de desalojo porque el organismo que preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, está ubicado en un edificio que pertenece a la Agencia de Administración de Bienes del Estado.