NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 438 DE SEMANARIO DE JUNÍN. CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024

El Servicio Local de la oficina de Desarrollo Humano del municipio le apuntó al instituto provincial Francisco Legarra por innumerables falencias en la atención de los menores desamparados y dicen que –provisoriamente- cerró sus puertas hasta tanto se mejore la infraestructura. Tenía ocho internos que fueron derivados a otros lugares, pero alguna vez supo albergar a más de 20.

La institución, ubicada en Liliedal y Alberdi, debiera dar vergüenza a la comunidad toda y no sólo a los funcionarios del área, ya sean provinciales o locales, como también a los jueces que allí envían a los menores condenándolos a una situación -en su mayoría- de abusos y maltratos que llevan décadas ocurriendo sin que nadie se haga cargo.

En esos antros de horror terminan por caso muchos niños y jóvenes, como los que refleja la escritora Dolores Reyes (invitada el fin de semana pasado al Festival del Libro en Chivilcoy) en su novela “Cometierra”, que forma parte de los planes de lectura de la provincia y es una de las obras cuestionadas por la vicepresidente Victoria Villarruel y la pacatería vernácula porque “sexualizan a los chicos”.

La institución, ubicada en Liliedal y Alberdi, debiera dar vergüenza a la comunidad toda y no sólo a los funcionarios del área, ya sean provinciales o locales

El “Legarra” de Junín es un centro de contención semi abierto a cargo del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) que posee un total de 30 dependencias entre cerradas, de admisión y contención.

De los 13 centros denominados cerrados, ocho se encuentran localizados en La Plata (Aráoz Alfaro, Almafuerte, COPA, Carlos Ibarra, Castillito, Eva Perón, Francisco Legarra (Pellegrini) y cinco en Azul (Lugones), La Matanza (Virrey del Pino), Dolores (Dolores), Mar del Plata (Batancito) y en Merlo el único centro cerrado para jóvenes mujeres (Ferrari).

Los ocho centros tipificados como de recepción tienen un régimen cerrado y se encuentran localizados así: dos en Abasto (La Plata), uno en Bahía Blanca, uno en Lomas de Zamora, uno en Pablo Nogués (Malvinas Argentinas), uno en Mar del Plata y uno en el centro de La Plata. A estos siete espacios, el OPNyA le suma una alcaidía localizada también en Abasto.

Por último, los nueve clasificados como centros de contención son de régimen semi abierto y/o abierto, y se encuentran en diferentes ciudades: Uno en Junín, tres en La Plata (Gambier, Hogar Tránsito y Pelletier) y otros cinco ubicados en Tandil, Dolores, Malvinas Argentinas, Mercedes y Almirante Brown.

OCULTAR LA VERDAD

Para la prensa local ha sido más probable acceder a las cárceles de Junín que al “Legarra”, cuyas autoridades siempre se ocuparon de que el instituto fuera “infranqueable”, lo cual todavía da mayor asidero a ciertos rumores de antaño, acerca de que en los años ‘80 y ‘90 las internas del lugar (ya que era sólo para mujeres y no mixto como ahora), eran obligadas a participar de fiestas sexuales en quintas de reconocidos miembros de la alta sociedad local.

Los responsables parecen sorprenderse de la gravedad de los hechos como si con ello pudieran sacarse el lazo que los envuelve

Si bien aquella aberrante situación habría terminado, no pasó lo mismo con los abusos y maltratos dentro de este ámbito que recibe a niños, niñas y adolescentes, que por alguna razón -siempre trágica- se han quedado sin cobijo parental.

De hecho, la denominación de “casa de abrigo” parece una burla macabra que los funcionarios de toda laya siguen repitiendo como “loros negacionistas”, cuando no es más que una cárcel de chicos similar a la de los mayores, donde predominan los maltratos, la comida es mala y quienes están a cargo de cuidarlos son peores todavía. Un sistema que se sostiene en el tiempo porque al fin y al cabo todos se hacen los boludos.

Los cargos de los funcionarios son a “dedo” y con ello se pagan favores políticos, pueden ser militantes de “La Cámpora” como en la actualidad, o del PRO como lo fueron años atrás y cuando las condiciones eran tan malas como ahora, pero en cambio desde el municipio se callaban la boca y no denunciaban nada que atentara contra el gobierno de María Eugenia Vidal, de quien el intendente Pablo Petrecca era confeso “soldado”.

Se trata de miserias que se amontonan barridas en este lugar por “ganapanes” municipales y provinciales que no asumen la responsabilidad debida para salvar de las garras de la indiferencia a las niñeces que gritan necesidades y para colmo dependen de una justicia que se aplica con frialdad.

Lamentable que quienes integran el círculo vicioso ni siquiera conozcan el currículum del docente, profesor e investigador Francisco Legarra, que “como defensor general de menores de la Provincia, como presidente de la Liga popular contra la tuberculosis, como comisionado del gobierno en la comuna de Miramar, como presidente de la Comisión provincial del patronato de menores y en cualquiera de las múltiples comisiones, siempre honorarias, que le encomendaron, su obra fue fervorosamente cumplida, siendo ante todo, un filántropo”.

Por el contrario, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, sólo parece importarles tener el salario depositado a fin de mes y ser por demás “profesionales” a la hora de evadir responsabilidades propias, sin abocarse a encontrar soluciones, ya que ése y no otro debiera ser su trabajo.

En realidad, no hacen falta más diagnósticos: el resultado respecto a los institutos de menores es desolador y está a la vista. Lo que hacen faltas son acciones y que esas acciones sean de toda una comunidad ya que el problema no termina en la adolescencia, por el contrario.

Los cargos de los funcionarios son a “dedo” y con ello se pagan favores políticos, pueden ser militantes de La Cámpora como en la actualidad, o del PRO como años atrás

Ocurre que esos menores abusados, maltratados, ninguneados y que naturalizan la violencia con tal de “tener un lugar para dormir y comer algo”, al cumplir los 18 años son literalmente “largados a la calle” con una pensión estatal miserable por seis meses. ¿Qué queda después de eso? En la mayoría de los casos la nada misma, que da como resultado –entre tantos otros- hechos como el ocurrido el fin de semana pasado en Junín donde dos jóvenes que ya arrastraban problemas de consumo problemático, se drogaron y planearon supuestamente un pacto suicida, que terminó con la muerte de uno de ellos, degollado.

Con horas de diferencia al trágico episodio narrado, se llevaba a cabo en el auditorio municipal de calle España 37 un conversatorio donde se dio cita el equipo interdisciplinario de la secretaría de Desarrollo Humano y los jóvenes que forman parte del Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE), con el objetivo de “promover más espacios de escucha y continuar con el apoyo en relación a su autonomía y la consolidación de proyectos de vida” de estos adolescentes y jóvenes.

Profesionales con poca experiencia, tal vez voluntariosos, se chocaron con la realidad política con un marco austero en público, ya ni siquiera asistieron al encuentro los funcionarios municipales de segunda línea y menos aún el jefe de gobierno municipal, que gusta de cortar cintas inaugurales en los supermercados.

Por este y otros motivos resulta necesario que haya otros sectores de la dirigencia social que tomen verdadera noción de una situación de virtual infanticidio, que hasta el momento sólo se revuelve dentro de chicanas partidarias y excusas por ineptitud, más allá de que el Legarra haya sido noticia sólo por las piedras que arrojaba un chico desde la terraza en 2022 o por los incendios de ese mismo año y del ocurrido junto a los intentos de suicidio en julio de 2019.

A tal punto llega la ineptitud de la gestión que una de las habitaciones de la casa sigue clausurada por aquel siniestro ocurrido hace cinco años y que nadie hasta el momento se ocupó de recuperar.

Los responsables parecen sorprenderse de la gravedad de los hechos como si con ello pudieran sacarse el lazo que los envuelve. Justamente unos días atrás el procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte-Grand, reconoció que en los últimos años hubo un incremento de los delitos con participación de menores, aunque dejó en claro que bajar la imputabilidad, como reclaman desde algunos sectores, “no es una solución”.

Y sostuvo, en una muestra de cinismo desbordante, que “el mejor lugar para nacer y para morir es la familia. También para enfrentar las alegrías y los momentos de dolor es sin duda es algo valorable tener un ámbito familiar que a uno lo cobije, lo contenga y lo acompañe”, como si no supiera las condiciones que atraviesan miles de chicos en los institutos de menores como el Legarra donde ni siquiera llegaron al robo, sino que los saqueados fueron ellos por la indiferencia de los funcionarios.

NADA NUEVO

Lo relatado no es novedoso, ni tampoco exagerado. Es cruel y al mismo tiempo vergonzoso.

El informe sobre “Niñez Encarcelada” generado en 2019 por la Comisión provincial por la Memoria (CPM) (la misma que acaba de traer a Junín los archivos sobre espionaje de la policía en nuestra ciudad desde 1956 hasta 1998), es esclarecedor y contundente, pero además coincide con lo narrado anteriormente.

Se trata de un trabajo de 52 páginas, y si bien hace 35 años atrás la Asamblea General de las Naciones Unidas firmaba la Convención sobre los derechos del niño ratificando internacionalmente que las personas menores de 18 años son sujetos de derechos y obligando a cada Estado firmante a garantizar su cumplimiento, la CPM señala que “violaciones a los derechos de la niñez se perpetúan y nos encuentran cada año formulando un reiterado diagnóstico para informar a los poderes públicos responsables y accionando judicialmente para revertirlas. La situación de niños, niñas y adolescentes (NNyA) en el encierro -históricamente carente de un abordaje integral de los sucesivos gobiernos provinciales y de los poderes judicial y legislativo- se agravó a partir de la última gestión (2015-2019) en el marco de la degradación a Organismo de la ex Secretaría de Niñez y Adolescencia “, motivo por el cual también se explica la vehemencia de las críticas municipales de hoy y los silencios de aquel tiempo, sin desconocer claro está, la desatención permanente del sector.

En 2017 la CPM creó el programa de Niñez y adolescencia orientado al monitoreo del sistema de promoción y protección de derechos, en particular la población más vulnerable que sufre el encierro por razones asistenciales.

Reconocen en el informe y tal como lo remarcábamos más arriba a nivel local, que “hacer una reconstrucción histórica de los niveles de judicialización y encierro de NNyA en la provincia de Buenos Aires es una tarea que choca con un obstáculo difícil de sortear: la falta de información pública. El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) no abre a la sociedad sus informes o balances de gestión y, desde 2017, no responde las solicitudes de información remitidas por la CPM respecto al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”.

El “Legarra” de Junín es un centro de contención semi abierto a cargo del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA)

De todos modos, destacan que en “los años anteriores los datos proporcionados se caracterizaban por la parcialidad, la falta de aclaraciones metodológicas y la presencia de errores e incongruencias. A esto se suma la generación de obstáculos para ingresar a los centros de jóvenes, demostrando la voluntad de las autoridades del Organismo de evitar el control externo de sus decisiones y la evaluación de sus políticas”.

Respecto a la prevención sanitaria de los menores a partir del Informe anual 2006-2007, y de manera ininterrumpida hasta la actualidad, la CPM denunció públicamente las formas que asume la falta de acceso al derecho a la salud integral no solo en términos de falta de atención médica sino también de inexistencia de acciones positivas orientadas a la prevención y promoción de la salud, tanto física como mental.

Otra de las deficiencias denunciadas fue la falta de psiquiatras, habiendo jóvenes con indicaciones de psicofármacos. Esto implicó poca regularidad en los controles para evaluar el impacto de la medicación así como la existencia de jóvenes recibiendo psicofármacos sin la prescripción médica correspondiente.

En el mismo sentido, según la CPM “la falta de atención psicológica es un serio déficit para jóvenes necesitados de abordajes terapéuticos que permitan tratar diferentes problemas, uno de ellos las adicciones, enfermedad que varios de ellos padecen. A esto se suman los intentos de suicidio y las llamadas autolesiones, también reflejo de la vulneración de derechos”.

El informe termina expresando que los lugares de encierro provinciales como el Legarra de Junín, constituyen “un sistema completamente disociado del régimen de promoción y protección de derechos de la niñez, y atravesado por el desfinanciamiento y la falta de decisión política de los gobiernos de turno de priorizar su implementación en pos de la inclusión de los jóvenes” y considera “indispensable adoptar políticas integrales para la niñez y la adolescencia, que hagan realidad la efectiva vigencia de los principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, jerarquizando las acciones de promoción y protección, en tanto herramientas para garantizar derechos y evitar un encierro que solo reproduce y alimenta violencias”.