miércoles 12 de febrero de 2025

LOCALES | 31 ene 2025

NOTA DE TAPA

Caminos rurales (II): La plata que queda en el camino

La municipalidad percibe por parte de la provincia unos 130 millones de pesos al año para el mantenimiento de caminos rurales pero la inversión sería de menos del 40% en la atención de la red secundaria, casi lo mismo que hace con la tasa vial. ¿Se despertó la dirigencia rural?


Por: Redacción Semanario de Junín

NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 446 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2025

Los caminos “reales” del distrito de Junín constituyen la red troncal para dotar de servicios esenciales a las comunidades rurales y favorecer la actividad productiva agropecuaria que ocupa, de acuerdo con el producto bruto geográfico (PBG), el segundo lugar en importancia peleando el primer puesto con el comercio y dejando bastante más alejada a la industria local.

Estos caminos secundarios son provinciales y en Junín comprenden un total de 186,8 kilómetros. Son la ruta no pavimentada más importante, ya que allí confluye la red terciaria que es la municipal, aunque sea la comuna la que deba ocuparse del mantenimiento de ambos. Una con la recaudación de la tasa vial, la otra con los fondos que le deposita la provincia.

Después de que la gestión de Pablo Petrecca mostrara durante años su fracaso en el mantenimiento de la red vial a través de innumerables pruebas de ensayo y error, pero particularmente no proveyendo los recursos necesarios para el desenvolvimiento del área, la dirigencia rural (por presión de las bases) ha salido ahora a reclamar por una situación que se torna angustiante y significa una verdadera estafa en perjuicio de la comunidad por parte de la administración comunal.

En 2024 la municipalidad de Junín habría recibido unos 130 millones de pesos, relacionados con el Fondo Compensador del Inmobiliario Rural

Los ruralistas han puesto el foco sobre la falta de contraprestación al pago de la red vial ya que existe una ordenanza que obliga a invertir en caminos al menos el 70% del canon, pero para eso debiera haber una cobrabilidad por encima del 80%. Sin embargo, desde el Ejecutivo aducen que está por debajo del 75% entonces la afectación es del 55%.

A decir verdad, la obsecuencia dirigencial se terminó pegando un tiro en el pie aceptando la norma, aunque si analizamos las tareas que se llevan a cabo en los caminos la gestión Petrecca no estarían aportando ni el 30% de la recaudación. (Tal como viene denunciando SEMANARIO hace más un año).

Pero como si eso fuera poco, también existe un “agujero negro” respecto al uso de los recursos que llegan desde la gobernación provincial para sostener la red secundaria, que también presenta un mantenimiento deficitario.

LA SECUNDARIA COMO PRINCIPAL

Según un informe de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), para una “Propuesta de Mejora de Caminos Rurales 2024/35”. La red vial no pavimentada de Argentina alcanza los 538.000 kilómetros de extensión.

En líneas generales y no sólo por una cuestión jurisdiccional sino también de jerarquía de uso, se divide en una red secundaria provincial, de aproximadamente 163.000 kilómetros de extensión, y en una red terciaria local de 375.000 kilómetros.

Esta jerarquía de mayor uso de la red secundaria, implica que probablemente a lo largo de los años haya sido el eslabón más desatendido de la red vial en su conjunto (En Junín tiene 186,8 kms. de longitud según la DVBA)

Los caminos “reales” constituyen la red troncal para dotar de servicios esenciales a las comunidades rurales y favorecer la actividad productiva agropecuaria

Si bien esta red tiene algún grado de estabilización en aproximadamente el 25% de su extensión, se considera estratégico lograr la estabilización de 100.000 kilómetros en un plan a 10 años, considerando un proceso de estabilización de 10.000 kilómetros al año, tal como se justifica en el presente informe.

Esta intervención en la red secundaria ocasionaría un doble efecto: lograr mayor transitabilidad bajo inclemencias del tiempo, y además derramar en las redes terciarias la asignación de recursos (personal y equipos viales) que actualmente es necesario utilizar para mantenerla, muchas veces con resultados insuficientes, como es el caso de cuencas productivas donde el camino de suelo natural ha dejado de ser una opción válida, por su uso intensivo.

Valen iguales consideraciones para atender cuestiones sociales; aún hoy poblados, escuelas rurales y parajes, tienen accesos de suelo natural.

CATEGORIAS

En la actualidad la administración de los caminos rurales se realiza de distinta manera, según la región.

Debido a la concepción misma de federalización, existen distintos sistemas de gestión; por administración, consorcios, cooperativas, mixtos, etc.

La red rural no pavimentada del país es aquella por la cual se transporta el mayor porcentaje de la producción de bienes y servicios producidos por el interior, exceptuando toda la producción que está a la vera de caminos pavimentados y las zonas por donde todavía poseen red ferroviaria operativa.

Los caminos rurales no solo permiten el desarrollo de las comunidades locales; son además la condición para el ingreso de la fuerza de trabajo, los insumos y los servicios necesarios para las actividades productivas, representando el soporte material de los flujos de materias primas.

En cuanto al desarrollo social, favorecen el acceso a la educación, la salud y otros derechos fundamentales de las comunidades rurales.

Esta red es sensible a las transformaciones productivas y a los cambios climáticos, ya que las actividades productivas cambian la forma en que se articula la demanda de materias primas de origen rural, por lo que estas actividades hacen distintos usos de los caminos y la estacionalidad (las lluvias, las inundaciones, las sequías, etc.) incidiendo en la posibilidad de ser transitados, definiendo épocas de mayor o menor deterioro.

El funcionamiento de este tejido socio-productivo está asociado y depende fundamentalmente del mantenimiento de esa red vial. Su conservación se financia, en gran parte, con fondos provinciales, municipales y comunales y (en algunos casos) con aportes de los propios productores.

Desde 2003, cuando se sanciona la Ley 13.010, se transfiere el mantenimiento de los 25.800 km de caminos de jurisdicción provincial a los municipios

QUE PASA EN JUNIN

En la actualidad la administración de los caminos rurales se realiza de distinta manera, según la región. Debido a la concepción misma de federalización, existen distintos sistemas de gestión; por administración, consorcios, cooperativas, mixtos, etc.

En muchas provincias como la de Buenos Aires, el mantenimiento se realiza a través de los municipios, utilizando fondos provenientes de la gobernación con sede en La Plata.

La Dirección Provincial de Vialidad de Buenos Aires tiene representación en todo el territorio provincial a través de sus 12 Departamentos Zonales y campamentos.

Desde el año 2003, cuando se sanciona la Ley 13.010, se transfiere el mantenimiento de los 25.800 km de caminos de jurisdicción provincial a los municipios.

En nuestra ciudad el mantenimiento está un 100% a cargo del municipio y esta red secundaria es vital en el transporte del mayor porcentaje de la producción de bienes y servicios producidos por el interior, exceptuando toda la producción que está a la vera de caminos pavimentados y las zonas por donde todavía poseen red ferroviaria operativa.

Esta ley dispuso la descentralización de la administración de ciertos impuestos a los municipios, lo que modificó varios aspectos de la distribución de recursos entre la provincia y los gobiernos locales; generó un aumento en los recursos totales que reciben los municipios del gobierno provincial; una modificación en los criterios de reparto de una parte de los fondos; y les confirió responsabilidades en la recaudación de algunos tributos.

Los fondos recaudados correspondientes al impuesto inmobiliario rural se distribuyen entre la Provincia, que recibe el 65 % del total; el Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, que esta ley crea, al que se le asigna el 12 %; el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental, instaurado por la ley 13.403, el 3 %; y los municipios, que conservan para utilizar libremente el 20 % de lo que cada uno recaude.

La instrumentación del sistema se realiza mediante la firma de convenios entre las municipalidades y la provincia, en los cuales se establecen las obligaciones de cada una de las partes y la operatoria del mismo.

Por su parte el Fondo compensador de mantenimiento y obras viales (FCMOV): se constituye con el 12% de la recaudación de cada municipio del impuesto inmobiliario rural.

La asignación se hace “entre los municipios que posean red vial provincial de tierra, en proporción a la longitud de kilómetros de la misma correspondientes a cada distrito”.

QUIEN CONTROLA

El dato importante es que “los recursos distribuidos deberán ser destinados por las municipalidades al mantenimiento de la red vial provincial de tierra, del que pasan a ser responsables cuando adhieren al régimen. La Provincia ha transferido a los municipios una función: el mantenimiento de los caminos, y los fondos necesarios para cumplirla”.

No existe, sin embargo, una medición de indicadores que evalúen la eficacia en la utilización de los recursos girados por el estado provincial a más de 20 años de promulgada la ley (o sea de 2003 a 2025).

La ley 13.010 no preveía un sistema para controlar que los fondos se destinaran al mantenimiento y a la realización de obras de la red vial provincial de tierra.

Pero tal situación cambió con la sanción de la ley 13.450, que en su artículo 4 encomienda al Poder Ejecutivo establecer un mecanismo para el seguimiento y evaluación de las tareas y obras de mantenimiento que se realicen.

En virtud de ello, se dictó el Decreto 130 en el año 2007 donde se establecía que “en cada uno de los Municipios comprendidos en el régimen de Descentralización Administrativa Tributaria debía crearse una Comisión Asesora Local”.

¿Qué debía hacer esta comisión asesora local?

Pues lo que no hizo en todo este tiempo, ya que “sus funciones serían las de participar en la elaboración de un Plan de mantenimiento de la Red Vial Provincial de Tierra y observar el cumplimiento de las obras estipuladas en él”.

¿Cómo debiera estar constituida?

Según la norma debiera conformarse cos dos representantes del Poder Ejecutivo Municipal, dos representantes de las Entidades que agrupan a los productores y un representante de la Dirección de Vialidad Provincial. Sin embargo, nadie advirtió de esto, ni los funcionarios municipales que debían velar por sus vecinos, ni los dirigentes que debían velar por sus representados.

Lo que expresa la ordenanza de la afectación de la tasa vial

Dicho plan de mantenimiento debería establecer las obras que se considera necesario ejecutar en el transcurso del año siguiente y su correspondiente valoración, y programar teniendo en cuenta las prioridades establecidas desde el punto de vista técnico y de acuerdo con el flujo de fondos disponibles.

De esa manera esta “Comisión Asesora Local” enviaría al Ministerio de Economía provincial un informe trimestral describiendo sintéticamente el cumplimiento registrado en la ejecución del Plan de Mantenimiento.

Los ruralistas han puesto el foco sobre la falta de contraprestación ya que existe una ordenanza que obliga a invertir en caminos al menos el 70% del canon

Por otra parte, la Dirección de Vialidad, en su calidad de integrante de la Comisión Asesora Local, aportaría sus conocimientos técnicos para que el Plan de Mantenimiento que se acuerde permita cumplir satisfactoriamente la función que la Provincia ha delegado, y podría instrumentar un programa de asistencia a los municipios para el cumplimiento de las tareas que demande el mantenimiento de la red vial provincial de caminos de tierra, brindando capacitación de recursos humanos, asistencia técnica, provisión de equipos y cualquier otra colaboración que se convenga mediante acuerdos individuales con las mencionadas administraciones.

Si bien no se establece cuáles serían las consecuencias del incumplimiento del plan respecto a la inversión de los recursos recibidos por el F.C.M.O.V, sí se establece un mecanismo para que el Ministerio de Economía -autoridad de aplicación del sistema- conozca la desviación en la utilización de los recursos y adopte alguna medida destinada a evitarla.

DATOS, NO RELATOS

Ahora bien, considerando los costos operativos reales, el monto transferido por Ley 13.010 desde la Provincia hacia los municipios no se ve reflejado en el estado de conservación de la red. Y Junín, si bien no es el único incumplidor es claro ejemplo de ello. Tal como veremos.

Según los datos a los que accedió SEMANARIO, en 2024 la municipalidad de Junín habría recibido unos 130 millones de pesos, relacionados con el Fondo Compensador del Inmobiliario Rural, para ser destinados al mantenimiento de los 186,8 kilómetros de la importante red secundaria.

Consultados especialistas de otros distritos cercanos que trabajan en forma eficiente con las rutas no pavimentadas, nos indicaron que las acciones a llevar a cabo en nuestro medio teniendo en cuenta las características del suelo, implicaban para un año de labor aproximadamente una pasada de reconstrucción de todo el trecho de 186,8 kms.

A eso deben agregarse tres pasadas de perfilado con extracción y seis pasadas de perfilado sin extracción. Para esta actividad se utiliza como maquinaria una motoniveladora, la cual se encarga de reconformar o perfilar el camino de manera tal de conservar su bombeo y que el agua se canalice ordenadamente a través de las cunetas. Cuando es sin extracción de tierra dependerá de las lluvias y sirve para eliminar las huellas dejados por su circulación.

Por otra parte, la página de la Cámara de la Construcción (camarco.org.ar), brinda los valores de las tareas que deben realizarse en este caso para el mantenimiento de los caminos reales del distrito de Junín.

Consultados dichos costos pudimos constatar que las labores descriptas arriba insumirían valores apenas por encima del aporte anual del gobierno provincial, pero a diferencia de ello, el gobierno municipal no alcanza a cubrir siquiera el 40% de esas labores en forma anual, según los propios dichos de algunos de los productores a los que se les pidió información.

Para colmo de males, y tal como lo advertíamos, el gobierno de Junín tiene a su cargo el 100% de las tareas, mientras que en otros distritos al ser ejecutadas por sistemas mixtos y privados se lleva un control de cada costo asociado a las tareas que se planifican en un Plan Director (Costos Unitarios de Tareas y Computo ejecutado).

Por otra parte, no se cumple con el contralor ordenado por la normativa provincial y ni los productores a través de sus dirigentes, ni sus dirigentes a través de las entidades madres, ni vialidad de la provincia; controlan absolutamente nada cuando debieran hacerlo.

Si a eso le sumamos, que tampoco se controla la red terciaria y no hay personal capacitado ni proyectos rectores en la materia, el resultado es la situación actual que despertó la bronca chacarera y espabiló a los representantes ruralistas que venían de contubernio con Petrecca.

Se verá entonces si el reclamo va en serio o sólo se trata de fuegos de artificio para que todo siga de la misma manera, con un deterioro creciente de toda la infraestructura vial en perjuicio de la productividad local y la economía regional.

 

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias