El 15 de marzo de 2024 un operario se desvaneció en un pozo cloacal en Blaquier y cinco personas entraron a rescatarlo. Todos murieron.

Ricardo Bottega (60), bombista, bajó a trabajar en una cámara séptica ubicada a 200 metros de la zona urbana de Florentino Ameghino. No llevaba las herramientas de seguridad. Tenía que hacer reparaciones, a pedido del municipio, y se desvaneció a 12 metros de profundidad.

Cinco vecinos intentaron socorrerlo. Uno a uno, fueron descendiendo Carlos Ragner, Alejandro Centeno, Juan Ramón Sánchez y su hijo Nicolás Sánchez, además de Pellegrino. Ninguno sobrevivió.

Bottega murió por "asfixia anóxica" a raíz del ácido sulfhídrico que emanaba del pozo cloacal. Las otras víctimas, por "asfixia mecánica" y "broncoaspiración". Así quedó registrado en la causa judicial que tiene como uno de los procesados al intendente Nahuel Mittelbach. La deriva en los tribunales continúa un año después. 

Revés judicial para el intendente Mittelbach: denegaron el pedido de sobreseimiento

Aunque Nahuel Mittelbach y la directora de Obras Públicas solicitaron ser sobreseídos, la jueza María Laura Durante denegó la petición y en enero de este año elevó a juicio oral a los procesados.

Hace unos meses,  el propio intendente describió el hecho como "la mayor tragedia en la historia de nuestro distrito".

La investigación a cargo del fiscal Martín Laius reveló no sólo que las condiciones no estaban dadas para que el bombista hiciera las tareas de mantenimiento, sino que, además, la contratada para realizar el trabajo en el pozo fue Gladys Esther Sánchez, mujer de Ricardo Bottega. A pesar de que él hacía los trabajos, el contrato fue formalizado a través de su esposa, quien era proveedora del municipio.

Adrián Ullua, sobrino de Bottega y uno de los abogados querellantes, describe la investigación de la fiscalía como una de las más prolijas que ha visto y expresa sobre las víctimas fatales: "El primer fallecido fue quien estaba realizando el trabajo en el pozo. Los demás, en un acto de hermandad y humanidad, fallecieron al intentar rescatar a Bottega primero y luego al resto". El especialista en Derecho Penal explicó que el trabajo que hizo el bombista no era habitual para él, pero por cuestiones económicas decidió ir. "No estaba matriculado y el municipio tenía pleno conocimiento de esto", describe Ullua

"En el lugar tampoco se cumplían las normas de seguridad adecuadas, lo que es relevante porque el lugar es propiedad de la Municipalidad", agrega. Además, el abogado de la querella sugiere que "hubo una irresponsabilidad y una falta de cuidados exageradamente groseros por parte de los funcionarios".

Un año después de la tragedia, la causa judicial espera que se confirme la fecha del juicio oral.