Por: Redacción Semanario de Junín

La Dirección de Control Disciplinario de la policía de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo una auditoría en Junín y halló innumerables irregularidades,tal como lo había adelantado SEMANARIO hace unos días atrás, motivo por el cual desplazó de sus funciones a los altos mandos de la fuerza a nivel local.

La tarea llevada a cabo tras una recorrida del personal de asuntos internos de la fuerza de seguridad bonaerense, detectó hechos de gravedad relacionados con el cobro de horas extras y adicionales, facturación de combustibles, estado de las dependencias, personal que no concurría a prestar servicios y otros ítems que llevaron a determinar que: “se observa, un claro desaprovechamiento de los recursos humanos y logísticos asignados, evidenciándose una clara mala administración de todos los recursos pre existentes en dicha área, lo cual atraviesa a todos los estamentos subordinados”.

En un informe de 26 páginas fechado el pasado 6 de marzo en Pilar y al que tuvo acceso este medio, se indica que en “la prueba recolectada, se ha verificado la ausencia total de contralor y/o supervisión para con sus subordinados respecto de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Junín, lo cual evidencia una actitud pasiva de quien oficia como resorte de control y garante de la calidad del servicio de seguridad brindado”.

RESPONSABILIDADES

En el auto de imputación por las irregularidades halladas, la dirección policial detalla al Comisario Inspector Pablo Andrés Fernández, Jefe de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Junín; a la Comisario Laura Anahí Quiroga, segunda Jefa de la departamental, al comisario Heber Muñoz, jefe de Turno del Comando Patrullas;al subcomisario Eric D’Annunzio titular de lacomisaria Junín Seccional 1ra; la subcomisario Nadia Avendaño segunda Jefa de Comisaria Primera; al subcomisario Roberto Oruza, jefe del Comando Patrullas Junín, al segundo jefe de esa dependencia Subcomisario Federico Guaita-Canelo; también incluye a la Oficial Inspector (CDO) Anabella Ottaviano Jefa de la Sección Personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Junín; Oficial Subinspector Paola Montenegro y a otros siete efectivos, de áreas administrativas hallándose, según la presentación “prueba suficiente para tener por acreditada la falta disciplinaria normada en el artículo 207 incisos “N” del decreto 1050/09, el cual reza: “son faltas graves:… n) Omitir por acción u omisión todo acto que importe el incumplimiento de un deber legalmente impuesto al personal policial por las normas que rigen su actuación, en tanto se verifique de este una grave afectación a su racionalidad y legalidad en la actuación policial”, toda vez que los funcionarios públicos incumplieron con lo establecido en la Ley de Personal 13.982, referido a los deberes que posee todo efectivo policial, en cuanto a la observancia de sus funciones y cargos de acuerdo a lo previsto en las normas vigentes.

Respecto a los jefes destacaron que tanto el comisario Fernández, como Quiroga, Oruza, Guaita-Canelo, D’Annunzio y Avendaño, “revestían funciones trascendentales para la prestación del servicio de seguridad para la comunidad en general, incumpliendo con su conducta las obligaciones referentes a ejercer el debido control sobre los recursos operativos a su cargo, advirtiéndose una deficiente tarea de patrullaje en el terreno jurisdicción bajo su órbita, entre otras irregularidad relacionadas al cumplimiento del servicio de seguridad yorganización interna administrativa de las dependencias”.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

Entre lo advertido por la investigación respecto a irregularidades en el uso del combustible que pagan los vecinos a través de la tasa de seguridad que cobra el municipio se informó que“los patrulleros poseen una carga de entre 20 y 30 litros” pero la responsable no pudo “determinar si es por semana o quincena, pero que esta carga se realiza en distintas estaciones de servicio de la zona según ordene la municipalidad”.

Seguidamente, y solicitadas las rendiciones de combustible de los móviles, “se aportó y advirtió que la última rendición es de fecha 20/07/2024 por el monto de $ 27000 (veintisiete mil pesos) del móvil RO 26454, lo cual no se condice con la libreta de dicho móvil siendo que esta posee último registro de fecha 22/03/2024”.

En las libretas de servicios de otros móviles también se detectaron irregularidades lo cual lleva a considerar la responsabilidad del ejecutivo municipal en la falta de contralor del combustible que provee.

Por otra parte en el informe se deja constancia que “no hay que dejar de lado que, al arribo de la comitiva a la Estación de Policía Departamental de Seguridad Junín, la mayoría del personal se encontraba ausente en su servicio, alguno de ellos practicando diligencias personales, y otros por que se les habría otorgado “franco/permisos” por cuestiones particulares, desconociendo ello el oficial de servicio del elemento”.