l presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que volverá a adelantar la Navidad en el país caribeño en un nuevo intento de “fomentar la economía”. La festividad comenzará el 1º de octubre, en vez del mes de diciembre.

La noticia se conoció en declaraciones retransmitidas por la cadena estatal venezolana VTV, donde afirmó que “se aplicará la fórmula de otros años”. “Nos ha ido muy bien: para la economía, la cultura, la alegría, la felicidad”, sumó.

“Vamos a decretar que desde el 1º de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también”, dijo, al tiempo que señaló: “Vamos a defender el derecho a la felicidad”. Según indicó, el objetivo es garantizar “espacios de unión ante las dificultades”.

En medio del aumento de la tensión con Estados Unidos, Maduro describió este año como “bueno y bonito”, un periodo en el que el país logró “rehacerse y reconstruirse” a pesar de las crisis internas y los problemas a nivel internacional.

No es la primera vez que el presidente venezolano adelanta la Navidad a octubre. De hecho, ya lo había hecho en 2024, en 2021, y hace cinco años atrás, en 2020, durante el año de la pandemia.

Un detalle nada menor fue que la dictadura de Nicolás Maduro utilizó El Helicoide, el principal centro de detención y torturas de Venezuela, como escenario para lanzar fuegos artificiales con motivo del inicio anticipado de la Navidad. La celebración se realizó la noche de este miércoles, después de que el régimen chavista declarara el 1 de octubre como la fecha oficial para el arranque de las festividades.

A través de fotografías y videos compartidos en redes sociales, vecinos de Caracas registraron el momento en que el edificio, que alberga a decenas de presos políticos y detenidos comunes, era iluminado por el espectáculo pirotécnico.

Informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU describen cómo en este complejo se han documentado métodos de tortura como posiciones físicas forzadas, asfixia con bolsas o agua, descargas eléctricas en genitales y golpes con objetos contundentes.

El informe detalla asesinatos en protestas, muertes bajo custodia estatal, más de 2.200 detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual, dentro de una estrategia de persecución política que constituye crímenes de lesa humanidad.

Según el documento, la represión iniciada el 29 de julio de 2024 representa una continuación agravada de un plan estatal para eliminar a opositores reales o percibidos.

La Misión responsabiliza al régimen venezolano y a sus fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Entre las víctimas se cuentan opositores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares, niños, niñas, adolescentes y personas extranjeras.

El informe documenta patrones de actuación de los agentes estatales, que incluyen detenciones violentas, uso de fuerza desproporcionada, irrupciones en domicilios y traslados sin identificación, muchas veces sin órdenes judiciales. El uso de leyes antiterroristas y la Ley contra el Odio para criminalizar la disidencia se mantuvo como práctica habitual.

Se atribuyen al menos 30 víctimas fatales a la represión estatal: 25 durante protestas y cinco bajo custodia del Estado. Además, tres personas fallecieron tras ser excarceladas debido al deterioro de su salud. La Misión documentó también tortura y tratos crueles, incluyendo golpes, asfixia, descargas eléctricas, aislamiento prolongado y privación de alimentos y agua.

La violencia sexual y de género se identificó como patrón de represión, afectando especialmente a mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT privadas de libertad. La Misión documenta abuso sexual, desnudez forzada, sexo transaccional coercitivo y amenazas de violación.

Se registraron 220 detenciones arbitrarias de menores, sin consideración del interés superior de la niñez. También se documentó censura, bloqueos digitales y hostigamiento a defensores de derechos humanos y periodistas.