Con el dato de 3,4% de marzo, que se suma al 2,9% registrado tanto en enero como en febrero, el avance de la inflación ya acumuló un 9,4% en el primer trimestre del año. Con ese incremento, en solamente tres meses el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya creció casi todo lo previsto para todo el año en la ley de Presupuesto 2026, en la que se establecía una inflación del 10,1% para el año en curso como uno de los parámetros macro centrales para este año.

Si bien los presupuestos siempre fijan una inflación más baja de lo esperado para sembrar expectativas a la baja, las diferencias entre lo que planteó el Gobierno al momento del debate en el Congreso con lo que preveían los consultores privados son sustanciales. Y se agrandaron mucho más en estos tres meses.

Para el momento en que el Congreso aprobaba un 10,1%, los analistas recopilados por el Banco Central en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) pronosticaban un 20,1% para el año 2026, consolidando una serie de pronósticos al alza que venían de meses anteriores. De hecho, el REM viene corrigiendo sus pronósticos inflacionarios al alza pero a la vez sosteniendo que se producirá una desaceleración que, en los últimos 10 meses, nunca se produjo.

El último informe del REM, conocido la semana pasada, estimó una inflación del 29,1% para este año, lo que prácticamente triplica la previsión incluida en el Presupuesto 2026.

La diferencia entre lo establecido en el Presupuesto y la inflación real tiene impacto directo sobre el manejo de las cuentas públicas. Los números votados por el Congreso pierden relevancia, dado que se verán forzados a modificaciones. Por ello, a los efectos del manejo presupuestario de cada repartición estatal, terminará teniendo más peso lo que determine el ministerio de Economía que lo que diga la ley.

De hecho, en los últimos días la cartera que conduce Luis Caputo solicitó al resto del Gobierno que aplique la motosierra sobre la motosierra: Economía pidió a los demás ministerios un recorte del 2% en sus gastos corrientes y de hasta el 20% en los gastos de capital.

Para los próximos meses, más allá de las conocidas asignaturas pendientes que tiene la Argentina en materia de inflación, se suma un factor de carácter global: la incertidumbre por el precio del petróleo. Desde que se inició el conflicto de Medio Oriente, los combustibles aumentaron en la Argentina casi un 23%. Más allá del impacto directo que eso trae sobre el IPC, el efecto indirecto sobre la cadena logística y el transporte traerá más inflación. La discusión que atraviesan por estos días el Gobierno y las empresas de colectivos del AMBA es solamente el primer ejemplo de ese efecto. A comienzos de año pautaron un esquema de reducción de subsidios en base a un litro de gasoil que costaba $1.600 mientras que hoy ya se disparó a más de 2.200 pesos.