2 min. de lectura La disputa entre la empresa FATE y sus trabajadores sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la Justicia laboral ordenara un embargo millonario contra la firma por el incumplimiento en el pago de salarios y la conciliación obligatoria vigente.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional del Trabajo N°17, a cargo de la jueza Liliana Rodríguez Fernández, quien resolvió avanzar con el embargo de aproximadamente 3.000 millones de pesos ante la falta de cumplimiento de una sentencia previa que obligaba a la compañía a abonar los haberes adeudados.

El conflicto se originó tras el cierre de la planta de la empresa en febrero pasado, que dejó a unos 920 trabajadores sin actividad. Desde entonces, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), conducido por Alejandro Crespo, viene denunciando que la firma incumplió el acuerdo firmado previamente, que establecía la continuidad laboral hasta junio de este año.

Según el gremio, la decisión judicial alcanza a la totalidad de los trabajadores que se desempeñaban en la planta antes de su cierre, más allá de que una parte de ellos haya firmado acuerdos individuales de desvinculación con la empresa en los últimos meses.

En este sentido, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya había determinado a fines de marzo que el convenio entre FATE y el sindicato continúa vigente hasta junio, lo que implica la obligación de la empresa de seguir abonando los salarios hasta esa fecha. Sin embargo, la firma no acató esa resolución y acumuló deudas correspondientes a varias quincenas.

Desde la empresa, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, sostienen una postura diferente: aseguran que gran parte del personal ya no forma parte de la compañía y advierten que actualmente no cuentan con la estructura necesaria para retomar la producción. En esa línea, anticiparon que apelarán las decisiones judiciales que los obligan a sostener el pago de los sueldos.

El sindicato, por su parte, insiste en que los trabajadores están en condiciones de retomar sus tareas y denuncia que la empresa actuó de manera “irresponsable” al paralizar la producción de un insumo considerado estratégico, como lo es la fabricación de neumáticos para camiones y colectivos.

Además del frente judicial, el conflicto también se trasladó al plano político. Desde el SUTNA impulsan una iniciativa para que el Estado bonaerense intervenga la planta bajo la figura de “ocupación temporánea” durante un año, con el objetivo de reactivar la producción y garantizar la continuidad laboral de los empleados.