En el último año, los pasillos, las aulas y los patios de diversas instituciones se tornaron en escenarios de amenazas, golpes y estallidos de furia.
Uno de los episodios que provocó profunda conmoción ocurrió hace muy poco, cuando un adolescente de la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, llevó una escopeta a la escuela, dentro de una funda de guitarra. Mientras se izaba la bandera, cerca de las 7.15 de la mañana, sacó el arma, le disparó a un alumno con el que no tenía trato y lo remató con un balazo en el pecho. Hubo otros dos heridos durante el ataque.
La semana pasada, en la Escuela secundaria Edmundo Mariano Simonetti de Florentino Ameghino un alumno de 17 años resultó con serias quemaduras en su rostro, cuello y brazos luego de que una compañera le arrojara agua caliente del termo dentro del aula, en presencia de otros estudiantes y un docente.
Según relató la madre del joven agredido, el episodio no fue aislado, sino la consecuencia de una situación de hostigamiento que —asegura— se arrastra desde hace al menos dos años.
La República Argentina, es el quinto país en el mundo con mayor cantidad de casos de bullying y ciberbullying
Por su parte, la familia de la agresora expuso su versión de los hechos, al denunciar situaciones previas de conflicto y cuestionando la falta de intervención institucional. En su testimonio, la madre de la atacante sostuvo que “esta es una de las partes que no se están contando” y afirma que su hija “ha sido agredida por una funcionaria pública, donde presta servicio”.
A fines de noviembre del año pasado en Junín ocurrió otro episodio de una violenta agresión a cadenazos en un aula de la Escuela Secundaria 16 que terminó con una alumna en el hospital, una denuncia en sede policial y un pedido de medida cautelar de parte de su familia para resguardar la integridad física de la menor.
En este caso, el conflicto comenzó unos días antes, en la parada de colectivos cercana al colegio, entre dos alumnas del establecimiento que concurren a diferentes cursos de la E.P. 16, y habría sido el detonante que llevó a la madre de una de ellas a entrar al día siguiente por la mañana al edificio, dirigirse directamente a una de las aulas y atacar a la menor.
En Bahía Blanca, el colegio El Nacional vivió una situación que fue calificada por testigos como de “violencia extrema”. Todo comenzó durante el recreo, cuando un alumno de segundo año se negó a compartir su sándwich con otro de tercero. La discusión derivó en una pelea que involucró a la hermana del agresor, destrozos de mobiliario y agresiones a docentes y directivos.

En Mar del Plata, los episodios de violencia también marcaron la agenda local. En la Escuela Secundaria Nº38 “Rodolfo Walsh”, un alumno de 14 años fue atacado por un compañero que le exigió ceder un banco. La agresión incluyó patadas en el rostro y dejó a la víctima con fracturas en la nariz y el maxilar, por lo que debió ser trasladado a la Clínica del Niño y la Familia. Padres y estudiantes realizaron una protesta frente a la escuela ante la ausencia de directivos, quienes se encontraban de licencia.
Esta misma semana, en la Escuela Municipal Nº204, otra estudiante fue atacada y arrastrada por una compañera, mientras la escena quedaba registrada en video que luego circuló en redes sociales. La familia de la víctima alertó que la joven posee una válvula cerebral, por lo que cualquier golpe podría poner en riesgo su salud.
Además, en la Escuela de Educación Secundaria Nº25 “Chacra de Perdriel”, un estudiante activó gas pimienta dentro del establecimiento, afectando a más de 20 personas. El SAME debió asistir a los alumnos y la policía intervino para evaluar la situación, aunque no hubo casos graves.
En Zárate, un video que se viralizó mostró una pelea entre dos alumnos del Colegio Hotton, donde uno de los involucrados habría llevado una navaja al establecimiento y había realizado amenazas previas contra otro estudiante.
Si bien estos hechos parecieran haber eclosionado en el último tiempo, la violencia escolar viene de hace ya unos años.
En las Prueba Aprender 2021, respecto de las situaciones de violencia experimentadas en las escuelas por los estudiantes de 6to grado del nivel primario el 42,9% manifestó que algunas o muchas veces otros estudiantes dijeron mentiras sobre ella o él; 36% identificó que otros estudiantes la o lo insultaron; 32,5% que otros compañeros se burlaron; 29,5% que les dejaron de lado a propósito; 23,6% que otros estudiantes le quitaron sus cosas o las rompieron y 22,6% señaló que otros estudiantes pidieron a compañeras o compañeros que no se junten con ella o él.
En los anexos de las pruebas Aprender 2024, cuatro de cada diez alumnos afirmaron haber atestiguado situaciones de agresión y según datos de julio de 2025 se reportaron más de 6.000 peleas en escuelas bonaerenses, indicando una tendencia creciente de violencia entre estudiantes.
La estrategia integral, preventiva y sostenida, continúa siendo un desafío pendiente para el abordaje de esta violencia escolar creciente
Cada uno de estos episodios generan estupor, miedo, rechazo, incredulidad, culpa. Pero, principalmente, preguntas sin respuesta, a las que se les puede aventurar algún tipo de hipótesis. Según algunos especialistas hay cuatro factores clave que emergen en el diagnóstico: la falta de programas preventivos sólidos, la subestimación del clima escolar, la violencia social que se filtra en las aulas y la pérdida de autoridad pedagógica. Y coinciden: el sistema educativo llega tarde. Las medidas son reactivas, los protocolos no bastan y las sanciones perdieron fuerza.
“Vemos con mucha consternación y preocupación el episodio ocurrido en la provincia de Santa Fe, con un desenlace trágico que no es usual en la Argentina y que refleja un momento histórico donde la violencia se vuelve protagonista, inclusive en la vida de jóvenes”, expresó Julieta Calmels, Subsecretaria en Salud Mental, consumos problemáticos y violencias en el ámbito de la salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
En esa línea, subrayó que dados los vínculos que se desarrollan en estos tiempos entre jóvenes, mediados por la desigualdad, el consumo, la competencia y, en consecuencia, la violencia, las escuelas deben estar preparadas para atender estas dinámicas relacionales.
En tal sentido, la especialista describió que desde la Subsecretaría se articulan programas con talleres en las escuelas donde se abordan las relaciones entre los jóvenes, el trato, la forma de vincularse como un acto de prevención en salud. En ese marco, se busca “encontrar métodos y formas concretas de tramitar las conflictividades en las escuelas como territorio de paz y en la construcción de una democracia con salud”.

Tras los últimos hechos, el gobernador Axel Kicillof, y su ministro de Educación, Alberto Sileoni, sacaron una “Carta a la comunidad educativa bonaerense”, en la que se hace responsable de la situación a “adultos responsables” y “estudiantes”, incluso aquellos que no hayan sido protagonistas de los hechos de violencia porque “observan estas escenas sin intervenir y les pedimos que abandonen el rol de meros espectadores, que se comprometan para que estos hechos no ocurran nunca más. No puede ni debe haber pasividad, ni estudiantes que filmen escenas de violencia, mientras sus propias compañeras y compañeros participan de ellas”.
Al mismo tiempo señalaron que “todas las escuelas tienen la obligación de ser territorios libres de violencia, real o simbólica, de discriminación, de falta de respeto al semejante, donde no tengan lugar los discursos de odio”.
“Somos testigos –expresaron- de la existencia de un contexto de agresividad y hostilidad que necesariamente impacta en la cotidianeidad de la escuela: insultos, peleas, descalificaciones son moneda corriente en la vida social, de igual modo que es fácil observar cómo se ha degradado la conversación pública en la sociedad argentina”.
Lo que la carta del Ministerio de Educación bonaerense omitió es asumir la parte de la responsabilidad que le toca. Porque en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo ha gobernado durante los últimos 32 años, no ha podido ni querido hacer frente a la escalada de violencia que golpea a las escuelas cada vez con mayor virulencia y asiduidad.
Tampoco Nación tiene un programa para abordar esta problemática. El proyecto de Ley Sobre Libertad Educativa impulsado por el gobierno de Javier Milei, amplia la libertad pedagógica y autonomía institucional “conforme a su ideario y proyecto educativo”, pero no impone un programa preventivo sólido como exigen los especialistas. Bajo un enfoque más flexible y descentralizado, concede a la “autoridad nacional de aplicación” (y a las autoridades jurisdiccionales) la opción de “incorporar indicadores complementarios” relacionados con la convivencia escolar y el bienestar socioemocional.
A la luz de esta violencia creciente, trascender el abordaje fragmentario y reactivo, con una estrategia integral, preventiva y sostenida, continúa siendo un desafío pendiente. La calidad educativa no puede prosperar en un terreno hostil.