La empresa estatal AUBASA presentó una impugnación formal ante la comisión evaluadora del Ministerio de Economía de la Nación tras quedar afuera de la licitación de la Red Federal de Concesiones (Etapa II) para hacerse cargo de la concesión de rutas estratégicas que atraviesan a la provincia de Buenos Aires (3, 226 o 205 entre otras).

El documento, de 42 páginas, cuestiona de manera integral el proceso de “precalificación”. En el escrito, la compañía que administra las principales rutas de la provincia de Buenos Aires sostiene que su exclusión fue “arbitraria e ilegal”, al tiempo que advierte que cumplió con todos los requisitos técnicos, operativos y financieros exigidos en el pliego.

El planteo se da en un contexto de creciente tensión entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional por el control de corredores viales estratégicos. De hecho, la impugnación deja entrever un trasfondo político-institucional al denunciar un trato desigual frente a otros oferentes.

Según argumenta AUBASA, el dictamen oficial no sólo desconoce su experiencia concreta en la gestión de rutas clave, sino que además introduce criterios no previstos en las bases de la licitación, lo que —afirman— configura un vicio de ilegalidad.

De quedar firme la decisión, la Provincia perdería participación en la administración de corredores nacionales centrales, que pasarían a manos de operadores privados o nacionales.

Desconocimiento de la experiencia y la capacidad operativa

Uno de los ejes centrales de la impugnación apunta contra la evaluación técnica realizada por la comisión. AUBASA sostiene que no se reconocieron los certificados de obra presentados, pese a haber sido emitidos por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

La empresa remarca que estos documentos cumplen estrictamente con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) para acreditar experiencia, tal como lo establece el artículo 5°. En ese sentido, considera “ilegal” que se hayan aplicado interpretaciones restrictivas o requisitos adicionales no contemplados.

Además, cuestiona que el dictamen ignore su trayectoria al frente del Sistema Vial Integrado del Atlántico y de la Autopista Buenos Aires–La Plata, dos de los corredores más relevantes del territorio bonaerense.

Trayectoria y contratos vigentes como respaldo

En su defensa, AUBASA enumera los antecedentes que, a su entender, acreditan sobradamente su capacidad técnica, operativa y económico-financiera.

Entre ellos, destaca la concesión por 30 años de la Autopista Buenos Aires–La Plata desde 2013, uno de los corredores con mayor tránsito de la provincia, con millones de usuarios anuales y una operatoria compleja.

También menciona la gestión, desde 2017, del Sistema Vial Integrado del Atlántico —que incluye las rutas 2, 11, 63, 56, 74 y 36— y la concesión de la Ruta 6, con más de 178 kilómetros de extensión.

Para la empresa, esta experiencia “directa y continua” no sólo cumple con los estándares exigidos, sino que posiciona su oferta como “la más sólida y conveniente para el interés público”.

Denuncia de trato desigual y requisitos “inventados”

Otro punto fuerte del documento es la denuncia de un trato discriminatorio en el proceso de evaluación. Según AUBASA, se le exigieron condiciones que no fueron aplicadas a otros competidores, lo que violaría el principio de igualdad.

En particular, cuestiona que se haya requerido una supuesta “ejecución directa” de obras, un criterio que —afirman— no figura en el pliego y que confunde la figura del concesionario con la de un contratista.

Desde la empresa explican que, en el esquema de concesión, el operador dirige, organiza, controla y supervisa la ejecución de obras, lo que resulta plenamente válido para acreditar experiencia.

Por eso, sostienen que la decisión de excluirlos se apoya en un requisito “inexistente”, lo que refuerza la acusación de arbitrariedad.

Objeciones a la admisión de otros oferentes

En paralelo, la impugnación también apunta contra la precalificación de otras empresas. AUBASA advierte que se habrían admitido competidores con “incumplimientos esenciales, graves, objetivos y documentados” respecto de los requisitos del pliego.

Para la compañía bonaerense, esta situación configura un nuevo vicio de ilegalidad y evidencia un criterio de evaluación inconsistente.

Asimismo, subraya que su informe económico-financiero acredita el cumplimiento de todos los índices exigidos, por lo que rechaza cualquier cuestionamiento en ese plano.

Una disputa con impacto en el mapa vial

El conflicto excede lo técnico y proyecta consecuencias políticas y económicas. Si la impugnación no prospera, la Provincia de Buenos Aires quedaría relegada en la gestión de corredores nacionales clave que atraviesan su territorio.

Desde AUBASA insisten en que su exclusión “privaría a los usuarios de contar con el operador de mayor experiencia comprobada” y anticipan que seguirán defendiendo su participación en el proceso.

La definición ahora queda en manos de la comisión evaluadora nacional, que deberá resolver si sostiene el dictamen o revisa los criterios cuestionados por la empresa estatal. El otro camino – que ya asoma como inevitable- es la judicialización del caso si no prospera el reclamo por la vía administrativa.