La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Sebastián Amerio, presentó este viernes un recurso extraordinario para que la Corte Suprema suspenda la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.

Cabe resaltar que el Gobierno tenía un plazo para cumplir con el fallo judicial que determinó la vigencia del articulado votado por el Congreso Nacional.

El Poder Ejecutivo argumentó que la intervención de la Corte Suprema es necesaria porque la medida cautelar concedida resulta equiparable a una sentencia definitiva, pues provoca un “grave e irreparable perjuicio al Estado” al ordenar gastos sin financiamiento específico, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales.

De esta forma, el Gobierno intenta nuevamente no cumplir con lo votado y ratificado por el Congreso Nacional, ya que Javier Milei había vetado la normativa pero las cámaras de Diputados y Senadores insistieron en su sanción.

“De manera posterior se trató el Presupuesto 2026 y quienes impulsaron esta ley podrían haber dicho de dónde tenían que salir las partidas y tampoco lo hicieron. Frente a esta situación y al agotamiento de los plazos, estamos presentando el recurso hasta que se pueda definir la forma de financiamiento”, concluyeron, reiterando el argumento que ya cosechó rechazos en todas las instancias judiciales.