El Gobierno promete una "revolución" en infraestructura, pero el 78% del superávit se explica por el recorte en obra pública. El impuesto a los combustibles subió 118% en términos reales, pero el Estado ejecutó menos de la mitad en infraestructura vial.

El Estado “ahorró” 116 billones de pesos constantes desde el inicio de la actual gestión y la mayor parte corresponde al abandono de la obra pública (-28,1 billones). Este recorte implica, en concreto, la paralización de proyectos y afectando directamente la competitividad y la actividad económica en todo el país.

En el acumulado de la gestión Milei, el 78% del superávit primario se explica por el desplome del gasto de capital: obra pública paralizada, con caídas de entre 80% y 100% en programas de infraestructura vial, hídrica y saneamiento. “No es ajuste eficiente, es licuación del stock de capital público”, señaló al respecto un informe presentado por el Instituto Argentina Grande (IAG). 

Al poner la lupa sobre la cantidad de obras iniciadas por año según sector, y si bien los últimos datos oficiales disponibles datan de mayo del 2025, siguiendo la evolución del gasto de capital (que en 2025 cayó 81% real contra 2023) se precisó que en 2024 se iniciaron solamente 18 obras, lo que representa una caída del 98% contra 2023. De ese total, solo 6 obras eran viales, es decir, que en lo que va de gestión de La Libertad Avanza, “se iniciaron, según el propio gobierno nacional, 6 obras viales nuevas en 2024 y ninguna en 2025”.

El dinero recaudado a través de impuestos a los combustibles se utiliza para financiar el superávit fiscal y reducir el déficit del Tesoro Nacional

Un punto central lo constituye el gasto total de la Dirección Nacional de Vialidad que en 2025 cayó 72,3% contra 2023 en términos reales y fue el más bajo desde 2002. Si se compara con la situación previa al inicio de la gestión libertaria, mientras en ese entonces el 23% de las rutas nacionales estaba en mal estado, ahora ese guarismo escaló al 29% (+6 puntos porcentuales) como resultado de la política de desinversión en marcha. 

Qué pasa con esos fondos:

• Sostenimiento del Superávit: La prioridad del Ministerio de Economía ha sido utilizar estos fondos para sostener el equilibrio fiscal, lo que se conoce como "desvío legal", utilizando el dinero de las rutas para cubrir otros gastos corrientes o pagar deuda.
• Baja ejecución presupuestaria: Se ha denunciado que se recaudan billones de pesos (4,2 billones proyectados para 2025) pero solo se ejecuta un porcentaje mínimo (alrededor del 25%) en obras reales.
• Privatización de rutas: El gobierno ha eliminado el concepto de "Fondo Vial Nacional" para destinar esos recursos a otros fines, buscando que las rutas sean concesionadas a empresas privadas y mantenidas mediante el cobro de peajes.

Caída del presupuesto de Vialidad: Entre 2023 y 2026, el presupuesto asignado a la Dirección Nacional de Vialidad ha sufrido una reducción drástica, superior al 70%, lo que impide el mantenimiento básico de los caminos.

Reasignación a Tesorería: Los fondos que no se gastan en las rutas son absorbidos por la Tesorería General de la Nación. 

En resumen, los recursos están, pero su destino ha sido modificado por el Poder Ejecutivo para cumplir con metas fiscales, resultando en un deterioro de la red vial nacional

Cada vez que se carga nafta, un tercio del costo va a una cuenta del Estado nacional; el Gobierno se queda con la plata pero no hace una sola obra

Esta semana, los legisladores nacionales de Fuerza Patria presentaron un reclamo a Economía por más de $1,1 billones de pesos que por ley Nación debería destinar al mantenimiento de las rutas nacionales.

Se trata de los fondos afectados que se recaudan a través del impuesto a los combustibles que cuentan con una asignación específica al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), que establece que el 28,8% de lo recaudado con el tributo sea destinado a la mejora de las rutas -Fideicomiso de Transporte-.

El monto total retenido por Caputo es de $1.165.491.000.000, una cifra clave para reparar poder dar soluciones a las rutas que presentan mayor nivel de deterioro tras la paralización de obras. Muchas de ellas atraviesan la provincia de Buenos Aires y vienen generando fuerte reclamos de vecinos