El Gobierno nacional presentó ante las principales entidades del sector agropecuario un proyecto que busca “poner fin a la informalidad” en el mercado de semillas a partir de una mejora en la fiscalización. Se busca poner el foco de control en el primer punto de entrega del grano, es decir acopios, plantas de procesamiento y puertos.

En la presentación participaron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y el director del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari, junto a representantes de la cadena productiva. Así, expusieron una “nueva alternativa orientada a efectivizar la aplicación de la ley de semillas”.

“Pérdida sostenida”

Desde el Ejecutivo sostuvieron que “en la actualidad, el mercado informal de semillas genera una pérdida sostenida de inversión en mejoramiento genético y desalienta el desarrollo de nuevas variedades”.

En esa línea, afirmaron que “si bien la Ley 20.247 y su Decreto Reglamentario 2183/91 ya reconocen estos derechos, no existe un mecanismo operativo moderno que permita verificar su cumplimiento a lo largo del circuito comercial del grano”

Punto de entrega

El proyecto oficial busca poner el foco de control en el primer punto de entrega del grano, es decir acopios, plantas de procesamiento y puertos. Al ser nodos donde se concentra el flujo de la cosecha antes de su exportación o procesamiento masivo, el Gobierno los considera el lugar más eficiente para el monitoreo.

En este marco, se prevé utilizar la infraestructura del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) para cruzar datos fiscales, lo que “permitirá articular el control de identidad varietal con la infraestructura de trazabilidad fiscal ya existente”.

Directo a los titulares

Los resultados de los análisis varietales llegarán directamente a los titulares de las variedades inscriptas en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, quienes tendrán la potestad de iniciar denuncias ante el INASE.

Asimismo, se propone que el INASE delegue parte de la capacidad técnica en Cámaras Arbitrales y entidades habilitadas para la toma y análisis de muestras, en un modelo de articulación público-privada para aprovechar la infraestructura del sector.

El esquema contempla además la participación de Cámaras Arbitrales y entidades que hayan suscripto convenios con el INASE o estén habilitadas por el mismo, en un modelo de articulación público-privada que permite aprovechar la capacidad técnica e infraestructura del sector sin reemplazar el rol de la autoridad de aplicación.

De esta manera, la administración de Javier Milei sostuvo que “la iniciativa presentada por el Gobierno nacional busca equilibrar la protección efectiva de los derechos de los obtentores, que resulta clave para incentivar la inversión en innovación, con el respeto de los derechos de los productores establecidos en la normativa vigente”.