Por: Redacción Semanario de Junín

El anuncio del gobierno de Javier Milei de enviar al Senado un proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 reactivó una discusión sensible y de alto impacto social. Bajo el argumento de “modernizar” la norma y mejorar su aplicación, la iniciativa propone cambios de fondo que ya generan resistencias en amplios sectores del campo sanitario.

Entre los ejes principales, el proyecto plantea reemplazar el concepto de “padecimiento mental” por categorías diagnósticas más acotadas, flexibilizar criterios de internación involuntaria en situaciones de urgencia y reorganizar el sistema de atención en distintos niveles, sin avanzar en el cierre de hospitales psiquiátricos.

Desde el oficialismo y algunos sectores se insiste en que la ley vigente presenta problemas de implementación y cobertura desigual. Sin embargo, del otro lado del mostrador, crecen las advertencias: no se trataría de una mejora técnica, sino de un cambio de paradigma.

Críticas: derechos, acceso y rol del Estado

La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) expresó un rechazo contundente al proyecto. Según el documento difundido por la entidad, muchas de las supuestas “innovaciones” ya están contempladas en la normativa actual, pero con mayor claridad y resguardo de derechos.

Uno de los puntos más cuestionados es el reemplazo del concepto de “padecimiento mental” por el de “afección o trastorno”. Para los especialistas, este cambio no es semántico sino estructural: limitaría el universo de personas alcanzadas por la ley, dejando afuera situaciones de sufrimiento psíquico que no encajan en diagnósticos clínicos formales, pero que igualmente requieren atención.

También genera preocupación la modificación en los criterios de internación involuntaria. El proyecto eleva el umbral al exigir “riesgo grave para la vida o la integridad física” y suma requisitos burocráticos, como la firma obligatoria de un psiquiatra. En un país con fuerte desigualdad territorial en el acceso a especialistas, esto podría traducirse —según advierten— en mayores barreras para la atención, especialmente en el sistema público.

A esto se suma la exclusión de usuarios de servicios de salud mental del Órgano de Revisión, un espacio clave de control. Para la AASM, se trata de un retroceso directo en materia de derechos y participación.

Un cambio de modelo en discusión

Más allá de los puntos técnicos, el núcleo del conflicto es el modelo de abordaje. La ley vigente, sancionada en 2010, se apoya en un enfoque comunitario y de derechos humanos, alineado con estándares internacionales.

Los críticos sostienen que la reforma debilita ese esquema al eliminar referencias explícitas a esos instrumentos y al quitar precisiones sobre la red de dispositivos comunitarios. En los hechos, advierten, esto dejaría la implementación sujeta a decisiones administrativas, con menor previsibilidad y riesgo de inequidades entre provincias.

Otro aspecto señalado es el corrimiento del Estado en su rol de garante. Según el documento, el proyecto traslada responsabilidades hacia las familias y abre un terreno más favorable para el sector privado —prepagas y obras sociales— en un contexto de creciente demanda en salud mental.

En ese marco, desde la AASM plantean que el problema de fondo no es la ley, sino su bajo nivel de implementación y financiamiento. Y remarcan que, de existir voluntad de mejora, deberían priorizarse herramientas concretas para abordar problemáticas actuales como la violencia escolar, el impacto de las apuestas online o los riesgos en entornos digitales.

La discusión recién empieza en el ámbito legislativo, pero ya dejó en claro que no se trata de un ajuste menor. Lo que está en juego es el modelo de atención en salud mental en la Argentina y el alcance real de un derecho que, lejos de ser abstracto, atraviesa de lleno la vida cotidiana de la sociedad.