Uno de los policías del trío de efectivos de la comisaría Primera de Junín que habían sido condenados por una sumatoria de ilícitos, se ahorcó en la cancha de fútbol de la UP 49 con asiento en nuestra ciudad.

La víctima resultó ser Horacio Buten, quien al momento de los ilícitos por los que terminó en prisión se desempeñaba como Jefe de Calle de la dependencia local de la policía bonaerense. Los otros condenados poco antes de la navidad del año pasado fueron Lucas Guillermo Adrover y Mario Orsi.

Los “servidores” públicos debían cumplir una pena de 12, 8 y 7 años respectivamente en función de los delitos imputados, sumándose la inhabilitación absoluta para cumplir cargos públicos por el tiempo que dure la condena.

El suicidio de Buten trajo aparejado un gran revuelo dentro del organismo penitenciario y hace unas horas había arribado al lugar la policía científica para recabar las pericias que permitan determinar responsabilidades frente a un suceso que los mismos carceleros consideraron como “de gravedad”.

El hecho que llevó Buten a la cárcel aconteció en los albores del 2023 y cuando SEMANARIO dio cuenta de la situación, dando a conocer los nombres de los imputados, hubo una lluvia de amenazas hacia la dirección de nuestro periódico.

El caso oportunamente causó conmoción en la fuerza debido a la gravedad de los mismos y la intrincada red que afecta y se relaciona con la “maldita policía”, mote acuñado en los ’90 -que muchos quieren limpiar- pero que otros parecen colaborar a seguir ensuciándola con actos de corrupción.

La investigación, estuvo a cargo de la titular de la fiscalía 4, Pamela Ricci y de la Ayudantía Fiscal de General Arenales, se inició tras la denuncia de hechos consumados el pasado 10 de enero de 2023.

Todo comenzó cuando un taxista fue enviado a un domicilio de la ciudad de General Arenales, donde le iban a entregar unas pertenencias que debía traer a Junín. Lo que desconocía el chofer, es que retiraría el producto de un ilícito cometido con la modalidad del "cuento del tío", mediante engaños a las víctimas.

Mientras el conductor regresaba a Junín por la Ruta Provincial 65, en Arenales el delito ya se había descubierto. Entonces las autoridades locales decidieron realizar un ‘operativo cerrojo’ para dar con el vehículo en cuestión.

En el camino, el taxista fue detenido por tres policías, se apoderaron de los bienes, lo amenazaron y lo obligaron a declarar con argumentos “armados”.

Luego, producto de la investigación, se comprobó que los efectivos no formaban parte del operativo y se habrían quedado con los objetos de valor tales como joyas y dinero.

La gravedad de los ilícitos se manifestó en la carátula del caso por “robo calificado en poblado y en banda, falsedad ideológica (porque habrían llegado a fraguar un acta de procedimiento) y amenazas coactivas”.

Finalmente, el fallo condenatorio conocido en diciembre pasado determinó que los efectivos policiales cuya misión debía ser cuidar de los ciudadanos, terminaron sentenciados a cumplir penas carcelarias por “robo doblemente agravado por su comisión en lugar poblado y en banda y por tratarse los autores de integrantes de la fuerza policial, privación ilegítima de la libertad; y falsificación ideológica de documento público reiterada en tres oportunidades”.