El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) identificó una red de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintos puntos del país, con patrones de sobrefacturación, prestaciones fantasma, circuitos cerrados y cobros indebidos a afiliados. Los datos surgen de una nueva auditoría interna a la que Infobae tuvo acceso exclusivo, y que se suma a una serie de investigaciones previas que ya derivaron en causas judiciales y sanciones administrativas.

Los relevamientos, realizados mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, demuestran que no se trata de casos aislados. Los auditores del organismo detectaron que los mismos patrones se repiten entre médicos, ópticas y centros oftalmológicos en provincias como Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y ciudades como Concordia. En estos lugares se registraron cientos de casos por prestador y una concentración de recetas en determinados profesionales que supera con creces el promedio nacional.

La auditoría identificó al menos cinco modalidades de desvío. La más extendida es la sobrefacturación de anteojos: los prestadores recetaban lentes de baja graduación, correspondientes a módulos de menor valor, pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros. El afiliado recibía un producto económico, mientras PAMI abonaba uno premium. La diferencia es contundente: un módulo real tiene un valor de $4.941, mientras que los módulos facturados llegaron a $27.204.

La segunda modalidad son las prestaciones fantasma: consultas sin historia clínica, estudios de fondo de ojos o topografías nunca realizados. En algunos casos, hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico. Se sumó la manipulación del sistema de consultas: primeras consultas facturadas como “consultas de seguimiento”, de mayor valor, y el uso deliberado de códigos para inflar la facturación.

El cuarto patrón es el de circuitos cerrados con conflicto de interés: médicos que derivaban de manera sistemática a una única óptica, en varios casos con vínculo familiar directo.

El quinto es el más perjudicial para el afiliado en términos directos: cobro indebido. Se ofrecían lentes “mejores” fuera de cobertura a un precio menor que el de mercado y los afiliados terminaban pagando cifras muy altas por una prestación que debían recibir gratis. A su vez, el lente de “menor calidad” se le facturaba a PAMI, por lo que el óptico cobraba dos veces. Se detectaron casos de hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos.

La nueva auditoría oftalmológica se enmarca en un proceso de investigación más amplio que PAMI lleva adelante desde el año pasado sobre el sistema de OME.

Hay al menos seis causas judiciales activas, impulsadas por el Instituto y la Unidad Fiscal Especializada (UFI-PAMI) ante la Justicia Federal, con radicación en varias jurisdicciones del país.

Esteban Leguízamo, titular del PAMI, lleva adelante una multiplicidad de auditorías que revelan graves irregularidades

Entre los patrones documentados figuran: médicos que generaban órdenes médicas inexistentes y facturaban prácticas no realizadas; empresas reincidentes que continuaron con esquemas de fraude pese a las advertencias; profesionales que emitían órdenes irregulares con su usuario sin atender a los afiliados; farmacias que dispensaban recetas electrónicas falsas a terceros; y centros médicos que manipulaban registros y compartían credenciales profesionales.

Las auditorías comenzaron en el contexto de un saneamiento más amplio impulsado por la conducción del PAMI, encabezada por su director ejecutivo Esteban Leguízamo desde diciembre de 2023. Al asumir, la nueva gestión halló un organismo con un déficit que pasó de 6.000 millones de pesos en marzo de 2024 a 92.000 millones en noviembre. Entre los problemas heredados figuraban la venta de recetas falsas por parte de algunos profesionales y un hackeo informático que comprometió los datos personales de más de 5 millones de afiliados.

La administración de Leguízamo recortó aproximadamente 90.000 millones de pesos en gastos políticos e innecesarios, eliminó el 75% de las secretarías, el 33% de las gerencias y subgerencias, y todas las coordinaciones locales. También centralizó las compras de insumos desde PAMI Central —antes realizadas por efector, lo que dificultaba el control y encarecía los costos— y eliminó la modalidad de retiro por farmacia de los Higiénicos Absorbentes Descartables, que favorecía la cartelización de precios por un grupo reducido de proveedores. El nuevo esquema de licitación pública permitirá un ahorro anual estimado de $5.000 millones.