Por: Redacción Semanario de Junín

Hace ya casi 15 años comenzó en Junín el desarrollo de barrios privados con el objetivo de ofrecer una alternativa residencial distinta, en parte inspirada en los emprendimientos que nacieron en el conurbano bonaerense durante la década del ’90, asociados a diversas causas, entre ellas la violencia y la inseguridad urbana, tanto entonces como ahora.

Sin embargo, ese segundo objetivo —la seguridad— no logró resolverse ni allá ni acá, por una serie de razones vinculadas tanto a las autoridades municipales como a los propios vecinos de estos complejos.

Los emprendedores inmobiliarios de Junín tampoco encontraron la recepción esperada y, por motivos diferentes a los del conurbano, el crecimiento de este tipo de urbanizaciones avanzó lentamente.

Costa Verde, ubicado cerca de la Ruta Nacional 7, fue uno de los primeros y más conocidos barrios privados de la ciudad. También San Ignacio, en la zona de Cerrito Colorado, estratégicamente emplazado cerca de clubes y quintas. A ellos se suman Los Palmar I y II y sectores de Santa Clara, que combinan la vida de quinta con la búsqueda de tranquilidad y seguridad.

Según distintos estudios sociológicos, las murallas y los dispositivos de vigilancia funcionan también como símbolos de estatus y distinción. Algunos autores sostienen que cuanto más segura y cerrada aparece una propiedad, mayor es el nivel de prestigio social atribuido a quienes la habitan. Incluso plantean que ciertas personas optan por vivir en barrios cerrados buscando vínculos más cercanos con sectores sociales afines.

Seguramente esa hipótesis no encaje plenamente en una ciudad como Junín, donde todavía no se observan —al menos de manera extendida— los niveles de fragmentación urbana presentes en otras regiones, aunque existen sectores vulnerables a los que el Ejecutivo petrequista evidentemente no logra llegar.

Lo cierto es que el área de seguridad del gobierno local continúa mostrando importantes falencias. Y justamente los barrios cerrados, concebidos como refugios frente al delito, tampoco lograron contener una inseguridad que parece agravarse con el tiempo.

Tanto Costa Verde como San Ignacio fueron escenario de múltiples robos, en muchos casos cometidos con extrema violencia y sin que la seguridad privada pudiera impedirlos, en medio de un contexto distrital donde las autoridades vienen evidenciando desde hace años precarización, improvisación y escasa capacidad de respuesta frente al delito.

Esta debilidad del sistema de seguridad, tanto municipal como policial, impacta de lleno sobre toda la comunidad y deja particularmente expuestos a quienes llegaron a estos complejos buscando precisamente aquello que hoy sienten haber perdido: tranquilidad.

CRONOLOGIA DEL TEMOR

Durante el primer trimestre de 2026, Junín volvió a quedar bajo la sombra de una modalidad delictiva que parecía reservada a grandes centros urbanos: los asaltos comando en barrios cerrados. Los episodios más resonantes se registraron en Costa Verde y San Ignacio, donde bandas organizadas irrumpieron de madrugada, redujeron a las familias mientras dormían y escaparon con importantes botines en dinero y joyas, dejando además una profunda sensación de vulnerabilidad entre los vecinos.

Uno de los hechos más graves ocurrió en la madrugada del 9 de marzo en Costa Verde, sobre el camino a la Laguna de Gómez. Allí, delincuentes armados y encapuchados lograron ingresar tras vulnerar el perímetro posterior, presuntamente mediante un pozo realizado debajo del alambrado. En apenas tres horas asaltaron a dos familias distintas.

Según trascendió, sorprendieron a las víctimas mientras dormían, las redujeron y las ataron con precintos antes de llevarse dinero en efectivo, tarjetas de crédito, cadenas de oro, ropa y perfumes. El episodio reavivó el malestar entre los residentes, quienes recordaron que no se trataba de un hecho aislado, ya que durante 2025 se habían registrado situaciones similares dentro del mismo predio.

La preocupación también alcanzó a San Ignacio, donde durante mayo de 2025 bandas organizadas ingresaron tras romper cercos perimetrales y asaltaron al menos dos viviendas. Entre las víctimas figuraron una familia y un dirigente político. En ambos casos se llevaron joyas y dinero en moneda extranjera.

Aquellos hechos terminaron vinculados posteriormente con la investigación desarrollada en 2026 sobre una organización criminal dedicada específicamente a atacar countries y barrios privados de la región.

La causa tuvo un avance importante en abril de este año, cuando la DDI Junín logró desarticular parcialmente a la denominada “Banda de los Countries”, una estructura interjurisdiccional acusada de cometer al menos siete hechos delictivos en Junín y Lincoln, especialmente en complejos residenciales como Chacras del Camino.

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en Del Viso, Pilar, José C. Paz y Capitán Sarmiento, con el resultado de dos detenidos y la identificación de otros tres sospechosos que permanecen prófugos. Durante los procedimientos se secuestraron armas de guerra, entre ellas una ametralladora y escopetas recortadas, un dato que encendió aún más las alarmas sobre el nivel de violencia y organización de estas bandas.

La investigación, encabezada por las UFI Nº6 y Nº8 de Junín, permitió establecer un patrón común en los ataques: irrupciones nocturnas, ingreso mediante cortes o perforaciones en los alambrados perimetrales y una búsqueda rápida de efectivo, dólares y joyas. Un esquema repetido que dejó expuestas las limitaciones de la seguridad privada frente a grupos delictivos altamente preparados y con logística para operar en distintos distritos bonaerenses.

Otro aspecto señalado es que muchos de los problemas actuales en countries y barrios privados nacen durante el propio desarrollo inmobiliario

FALENCIAS ESTRUCTURALES

Diversos estudios y experiencias recogidas por empresas asociadas a la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) advierten sobre una serie de falencias estructurales que afectan la eficacia de los sistemas de protección en estos espacios.

La falta de planificación, la ausencia de asesoramiento profesional, el uso incorrecto de tecnología y la carencia de protocolos de supervisión aparecen entre los factores que limitan el desarrollo de modelos de seguridad sostenibles y eficientes.

También se destaca una debilidad recurrente en muchas urbanizaciones privadas: la ausencia de un responsable directo del dispositivo de seguridad. Esto impide una trazabilidad efectiva ante fallas, dificulta la identificación de responsabilidades y genera un enfoque fragmentado, donde tecnología, recursos humanos, entorno y prevención no funcionan como un sistema integrado.

Otro aspecto señalado es que muchos de los problemas actuales en countries y barrios privados nacen durante el propio desarrollo inmobiliario. Las decisiones vinculadas a la infraestructura de seguridad suelen tomarse sin asesoramiento técnico y con criterios improvisados, muchas veces recién después de que ocurre un hecho delictivo.

A ello se suma la falta de planificación en el mantenimiento de los sistemas. En numerosos casos no existen protocolos formales ni registros de trazabilidad de fallas que permitan detectar patrones, reiteraciones o tiempos de inactividad. Esto dificulta el control técnico y la calidad del servicio, además de impedir un diagnóstico serio sobre las causas que originaron los hechos de inseguridad, algo indispensable para evitar que vuelvan a repetirse.

Tanto Costa Verde como San Ignacio fueron escenario de múltiples robos, en muchos casos cometidos con extrema violencia.

LLUEVE SOBRE MOJADO

A las falencias propias de las autoridades municipales encargadas de la seguridad se suman conflictos entre empresas privadas y los propios vecinos de estos barrios, profundizando un escenario que parece ingresar en un laberinto de difícil salida.

Por ejemplo, en Costa Verde trascendió en las últimas semanas un fuerte contrapunto entre dos especialistas en seguridad.

Mientras uno de ellos venía trabajando desde hacía más de un año en un proyecto destinado a contener una nueva oleada de hechos como los ocurridos durante el primer trimestre, el otro aseguró haber sido convocado por un grupo de propietarios.

La interna terminó estallando y ambos, uno mediante un video y el otro a través de un comunicado, expresaron que dejarían de tener contacto con el barrio debido, entre otras cuestiones, a que “no hemos notado una voluntad mayoritaria de vecinos y/o autoridades para que podamos cumplir con nuestro compromiso”.

Además señalaron que “hemos optado por desistir de realizar cualquier tipo de visita, evaluación y/o presentación de propuestas inherentes a la seguridad en el barrio Costa Verde, tal como nos solicitaron oportunamente”.

También puntualizaron que “no realizaremos visita alguna al lugar con el fin de no tomar contacto con información sensible vinculada a la seguridad del barrio y de sus habitantes, evitando ulteriores suspicacias”.

La situación generó un amplio revuelo entre los moradores del complejo, preocupados porque dan por descontada la impericia municipal y, al mismo tiempo, observan cómo especialistas privados desisten de involucrarse en la búsqueda de soluciones.

Todo ello ocurre además en medio de sospechas de corrupción policial, contexto en el cual más de una decena de efectivos habrían sido denunciados, según indicó uno de los expertos en seguridad en el video difundido públicamente.

Con el avance de las nuevas tecnologías, el rol del consultor externo cobra cada vez mayor relevancia como actor técnico y estratégico en la auditoría de prestadores, el control de procesos y la identificación de oportunidades de mejora.

No obstante, persiste cierta resistencia por parte de algunas administraciones, especialmente cuando la incorporación de estos profesionales implica dejar expuestas falencias que ni vecinos ni autoridades municipales parecen dispuestos a asumir.

La profesionalización del sector, la incorporación de herramientas inteligentes y la mejora de los mecanismos de supervisión son elementos cada vez más presentes en el debate público y privado. Por eso resulta llamativo y preocupante que en Junín todavía no exista un acuerdo mínimo para enfrentar un problema que afecta no sólo a determinados barrios privados, sino a todo el distrito.

INSEGURIDAD AL PALO

Durante el primer trimestre de 2026, una serie de robos violentos sacudió a barrios cerrados de Junín, principalmente Costa Verde y San Ignacio. La investigación posterior permitió desarticular parcialmente una banda interjurisdiccional dedicada a este tipo de golpes. Costa Verde

– 9 de marzo de 2026

Delincuentes armados y encapuchados ingresaron de madrugada tras vulnerar el perímetro posterior, aparentemente mediante un pozo debajo del alambrado. En apenas tres horas asaltaron a dos familias, reduciendo a las víctimas mientras dormían y atándolas con precintos. Se llevaron dinero, tarjetas, joyas, ropa y perfumes.

San Ignacio – mayo de 2025

Bandas organizadas irrumpieron tras romper cercos perimetrales y asaltaron al menos dos viviendas. Entre las víctimas figuraron una familia y un ex dirigente político. El botín incluyó joyas y dólares.

La “Banda de los Countries”

En abril de 2026 la DDI Junín realizó allanamientos simultáneos en Del Viso, Pilar, José C. Paz y Capitán Sarmiento. Hubo dos detenidos y tres sospechosos identificados que permanecen prófugos. Durante los operativos se secuestraron armas de guerra, entre ellas una ametralladora y escopetas recortadas.

Los investigadores determinaron que la organización actuaba con una metodología repetida: ingreso nocturno mediante cortes o perforaciones en alambrados perimetrales, reducción rápida de las víctimas y búsqueda específica de dinero en efectivo, dólares y joyas.