Por: Redacción Semanario de Junín

La historia volvió a repetirse. Otra vez cientos de personas quedaron atrapadas en la incertidumbre, la bronca y el destrato. Otra vez el público terminó pagando el costo del “riesgo empresario”. Y otra vez el nombre que aparece detrás del escándalo es el del organizador de espectáculos Eduardo “Cóndorito” Di Marco.

El pasado domingo 24 de mayo, a pocas horas de la presentación que el grupo cordobés Q’ Lokura debía realizar en la cúpula de la Sociedad Rural de Junín, la organización anunció la suspensión del show. El argumento elegido fue que las condiciones climáticas impedían el traslado de los artistas desde Córdoba hacia Junín.

Sin embargo, rápidamente comenzaron las dudas. No existían alertas meteorológicas severas ni reportes extraordinarios que justificaran semejante decisión. Mucho menos para un viaje por carretera que otros transportes y servicios realizaban normalmente. La explicación sonó endeble desde el primer minuto. Incluso algunos rumores indicaban que los cantantes se habían quedado celebrando el triunfo de Belgrano de Córdoba frente a River por la Liga Profesional de Fútbol.

Pero el problema fue mucho más grave que una simple reprogramación.

El espectáculo estaba previsto para la 1.30 de la madrugada del lunes 25 de mayo y terminó realizándose recién a las 21 horas de ese mismo día. Casi veinte horas de diferencia. Veinte horas en las que cientos de personas ya habían viajado, estaban viajando o directamente habían organizado toda su logística personal, familiar y laboral para asistir al evento.

Hubo asistentes que llegaron desde localidades ubicadas a más de 100 kilómetros de Junín. Muchos ya habían pagado combustible, remises, combis, estadías o habían pedido permisos laborales para poder concurrir. Para ellos no existió explicación suficiente ni reparación alguna.

Y mientras la bronca crecía, las redes sociales mostraban otra postal elocuente: desde las primeras horas del lunes comenzaron a multiplicarse las publicaciones de personas intentando vender desesperadamente sus entradas porque no podían esperar hasta el nuevo horario fijado por la organización.

Es decir: el público absorbió todo el perjuicio económico. Una vez más. Porque el problema de fondo ya no parece ser un hecho aislado, sino una metodología reiterada. Una práctica donde las entradas se venden con muchísima anticipación, el organizador dispone durante meses de grandes sumas de dinero ajeno y, si el evento se suspende o reprograma, el perjudicado termina siendo siempre el consumidor.

En cualquier actividad comercial seria, el riesgo empresario lo asume el empresario. En el negocio de algunos shows, en cambio, el riesgo pareciera trasladarse íntegramente al público.

Y allí aparece la pregunta que nadie desde el poder quiere formular: ¿qué ocurre con esos millones de pesos recaudados anticipadamente durante meses?

Actualmente ya se promocionan espectáculos para diciembre. Entradas cobradas hoy para eventos que podrían realizarse dentro de más de medio año. Dinero que circula, se reinvierte y genera rentabilidad financiera mientras el consumidor queda cautivo, sin garantías reales y dependiendo de la voluntad del organizador.

No son pocos los que empiezan a preguntarse si detrás de este esquema no existe además un fenomenal negocio financiero paralelo basado en utilizar el dinero del público para préstamos informales, especulación o bicicleta financiera. Por supuesto, demostrarlo requeriría una investigación seria. El problema es que nadie parece dispuesto siquiera a mirar.

Y ahí es donde el silencio oficial se vuelve ensordecedor, porque llama poderosamente la atención que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) jamás avance con firmeza sobre situaciones que se repiten desde hace años y que generan permanentes reclamos públicos. La OMIC debería ser justamente el organismo encargado de proteger a los consumidores frente a posibles abusos o incumplimientos. Pero en Junín pareciera funcionar más como una oficina decorativa que como un verdadero organismo de control.

Otro ejemplo ocurrió un mes antes el pasado 26 de abril, cuando el conjunto Damas Gratis, que estaba anunciado para la madrugada de ese día arrancando el sábado, terminó tocando a las 7.30 AM del domingo, cuando la ordenanza municipal indica que las puertas de la noche juninense deben cerrarse a las 5 de la mañana. Sin embargo, ni la jueza de faltas, ni el singular Olmedo, regente del control en nuestra propia Costa Pobre, llevaron adelante las actuaciones que hubieran significado una multa, para el intocable amigo del hoy legislador bonaerense.

Claro que difícilmente alguien espere demasiada rigurosidad cuando el empresario en cuestión mantiene históricos vínculos y niveles de cercanía con el poder político local.

El senador Pablo Petrecca y su cuñado político e intendente interino Juan Fiorini continúan sosteniendo una relación de evidente tolerancia frente a irregularidades que ya forman parte del comentario habitual de buena parte de la sociedad juninense.

En cualquier ciudad donde el Estado decidiera realmente defender al consumidor, una sucesión constante de suspensiones, reprogramaciones y reclamos masivos ya habría derivado en investigaciones administrativas, auditorías y sanciones concretas.

En Junín, en cambio, todo parece seguir igual.

Los empresarios recaudan.

El público asume las pérdidas.

El municipio mira hacia otro lado.

Y cuando alguien osa cuestionarlo, enseguida aparece el viejo argumento de siempre: “así funciona el negocio del espectáculo”, pero no, así no debería funcionar ningún negocio.

Porque vender entradas implica asumir obligaciones. Implica respetar al público. Implica comprender que detrás de cada ticket hay una persona que trabajó para pagarla. Hay familias enteras que organizaron su fin de semana. Hay jóvenes que viajaron kilómetros. Hay consumidores con derechos.

Lo ocurrido con el grupo cordobés no fue solamente una desprolijidad organizativa. Fue una nueva demostración de impunidad empresarial sostenida por una alarmante ausencia de controles políticos.

Y mientras eso siga ocurriendo, Junín seguirá siendo una ciudad donde algunos hacen negocios con la plata ajena y donde el ciudadano común siempre termina pagando la cuenta y eso no habla bien de los que tienen a su cargo la gestión local.

DERECHOS PISOTEADOS

¿Qué derechos tiene el consumidor ante la suspensión o reprogramación de un show?

Según la legislación argentina de defensa del consumidor, quienes compraron entradas para un espectáculo suspendido o reprogramado pueden exigir:

La devolución del dinero si el nuevo horario o fecha les impide asistir.

El reintegro de cargos adicionales vinculados a la compra.

Información clara y fehaciente sobre cambios y condiciones.

La posibilidad de realizar reclamos ante organismos de defensa del consumidor.

Además, si existieran daños económicos demostrables derivados de la suspensión, el consumidor puede iniciar acciones administrativas o judiciales.