La guerra interna de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires recrudeció en las últimas horas con denuncias de violencia política y acusaciones de “aprietes mafiosos”.
El concejal de Campana Maximiliano Corio, dirigente del espacio “Las Fuerzas del Cielo” vinculado a Santiago Caputo, había denunciado semanas atrás ante la Justicia Electoral y el Parlasur a la conducción bonaerense del partido encabezada por Sebastián Pareja por presuntas irregularidades internas.
Ahora, tras una serie de graves episodios ocurridos durante el fin de semana, el edil responsabilizó públicamente al dirigente cercano a Karina Milei por “cualquier cosa que le pueda pasar a los integrantes de mi familia, a mí y a todos los militantes y dirigentes de LLA que realizamos la denuncia” dijo.
La disputa, que comenzó alrededor de cuestionamientos al padrón de afiliaciones y al funcionamiento interno del partido, escaló en menos de 48 horas luego de un ataque perpetrado por desconocidos contra la vivienda de uno de los abogados denunciantes y un intento de incendio a un comercio perteneciente a la familia Corio en Campana.
Detrás del conflicto local aparece una pelea de fondo que atraviesa al oficialismo nacional: la tensión entre el armado político de Karina Milei —representado en la provincia por Pareja— y el sector alineado con Santiago Caputo, que expone el pasado y los nexos con el peronismo de la conducción partidaria y reclama mayores espacios de poder dentro de LLA.
Corio, patrocinado por los abogados Walter Brizzio y Jeremías Rodríguez, presentó tiempo atrás una denuncia ante el juzgado federal con competencia electoral de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla.
En el escrito cuestionan el funcionamiento interno de La Libertad Avanza bonaerense y denuncian un manejo arbitrario de las afiliaciones partidarias. Según sostienen, al menos 427 personas entregaron sus fichas de afiliación pero nunca fueron incorporadas al padrón oficial.
La presentación también apunta contra la ausencia de elecciones internas genuinas y describe al partido como “una estructura cerrada de administración de candidaturas y cargos”, sin instancias reales de debate ni participación política. Según los denunciantes, las reuniones partidarias se limitan a transmitir decisiones ya tomadas por la conducción provincial.
La escalada judicial coincidió con dos episodios denunciados por el entorno de Corio como intimidaciones políticas.
El primero ocurrió el 24 de mayo, cuando la vivienda del abogado Brizzio sufrió un ataque. Desde el sector denunciante lo vincularon directamente con la presentación judicial y hablaron de un “apriete mafioso”.
Un día después, durante la madrugada del 25 de mayo, desconocidos intentaron incendiar un local comercial perteneciente a la familia Corio en Campana. El concejal aseguró que los ataques buscan disciplinar a quienes cuestionan la conducción partidaria.
“Estos aprietes mafiosos solo demuestran que teníamos razón y que nos quieren callar a toda costa”, escribió Corio en redes sociales. En el mismo mensaje agregó: “No me suicidé, no sufro traumas depresivos y gozo de una salud perfecta”, en una publicación interpretada como una señal de que se siente amenazado.
El núcleo de la denuncia apunta a un problema que las autodenominadas “Fuerzas del Cielo” vienen señalando desde hace meses en territorio bonaerense: afiliaciones cargadas pero nunca incorporadas formalmente al padrón partidario.
El caso de Campana aparece así como un síntoma de una discusión más amplia sobre el control político de la estructura partidaria en la provincia cuyas consecuencias son inciertas.
Los denunciantes sostienen que el bloqueo de afiliaciones funciona como una herramienta para limitar la participación de sectores internos que no responden al armado de Pareja.
En ese contexto, Corio ya había sido desplazado previamente de la coordinación distrital de LLA en Campana, una decisión leída dentro del espacio como parte de la disputa entre las terminales políticas de Karina Milei y Santiago Caputo.