Avanza la investigación judicial que destapó una olla de corrupción dentro de la Policía Vial bonaerense y terminó con ocho efectivos detenidos acusados de cobrar coimas a conductores y transportistas en controles viales en la zona de Colón, Junín y General Viamonte.

Según la pesquisa, los policías operaron entre enero de 2024 y noviembre de 2025 y habrían concretado más de 300 transferencias sospechosas por un monto superior a los 23 millones de pesos.

Según trascendió, a pedido de la UFI N°1 de Pergamino se solicitó el allanamiento de las dependencias de Junín y Arrecifes, oportunidad en que se concretaron las aprehensiones de los efectivos.

Entre los detenidos aparece el jefe del Destacamento de Seguridad Vial de Colón, identificado por sus iniciales HGC, junto a otros siete efectivos que cumplían funciones en distintas dependencias de la región. En el caso de Junín quedaron imputados el jefe de la Vial Junín, comisario Néstor Caldero, además de Andrés Artero y Ariel Rojas quienes cumplían funciones dependiendo de la Comisaría Primera. También quedaron bajo sospecha integrantes de la estructura vial con asiento en General Viamonte. 

La causa, impulsada por la fiscal Magdalena Brandt y avalada por el juez de Garantías César Solazzi, reveló un esquema de recaudación ilegal que habría funcionado durante casi dos años mediante amenazas de multas, secuestros de vehículos y causas contravencionales para obligar a las víctimas a pagar dinero y poder continuar viaje.

CÓMO OPERABAN

La investigación sostiene que el mecanismo era repetitivo: durante los controles viales, los uniformados amenazaban a camioneros y automovilistas con labrar infracciones, retener documentación o secuestrar mercadería. Ante ese escenario, muchas víctimas terminaban realizando pagos para evitar pérdidas económicas y demoras.

En varios casos, las transferencias se concretaban en el mismo momento a través de cuentas bancarias o billeteras virtuales. Los investigadores detectaron que gran parte de la recaudación terminaba en una cuenta bancaria identificada con el alias “pelado.258”, desde donde luego el dinero era redistribuido hacia otras cuentas vinculadas a los acusados.

Para la fiscalía no se trató de hechos aislados sino de una organización estable montada dentro de la fuerza. Por ese motivo, el expediente incluye imputaciones por asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales y concusión.

Uno de los episodios más graves incorporados a la causa involucra a un transportista al que le habrían exigido 27 millones de pesos para evitar sanciones. Finalmente, el chofer terminó pagando dos millones mediante distintas transferencias bancarias.

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en Colón, Junín y otras localidades del norte bonaerense. Tras las detenciones, tres policías fueron alojados en la Comisaría Primera de Junín y los restantes en la dependencia policial de Arrecifes.

Según la pesquisa, los policías operaron entre enero de 2024 y noviembre de 2025 y habrían concretado más de 300 transferencias sospechosas por un monto superior a los 23 millones de pesos.