Por: Redacción Semanario de Junín

Este mes se cumplirán cuatro años del hecho en que fueron detectados en estado calamitoso una decena de ancianos en un centro geriátrico clandestino de Junín, escondidos en el quincho de una vivienda ante la llegada de una inspección originada tras la muerte de una mujer de 97 años en circunstancias que despertaron serios interrogantes.

La situación derivó en una condena judicial con penas efectivas de prisión para la pareja que se encontraba a cargo del establecimiento.

Por otra parte, todavía no se cumplió un año desde que un incendio en otro geriátrico clandestino dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.

Todos estos hechos ocurrieron bajo la tutela de Adriana Summa, entonces directora del área de Adultos Mayores de la Municipalidad.

Ahora, luego de que Pablo Petrecca la desplazara del cargo empujado por las críticas que cosechó su gestión (aunque le encargó la gestión de los jardines maternales) la nueva responsable del área, Natalia Eusebi, lleva adelante por primera vez un supuesto relevamiento de residencias para adultos mayores. El resultado indica que en Junín funcionarían 40 establecimientos de este tipo, pero apenas cuatro cuentan con habilitación.

Natalia Eusebi, reemplazante de Summa, lleva por primera vez un relevamiento de las residencias.

Al mismo tiempo, la funcionaria reconoce que existen entre 500 y 600 personas institucionalizadas en condiciones que muchas veces no son las adecuadas.

El dato no sorprende. Lo que sorprende es la desidia y la apatía de quienes tenían la obligación de controlar. Entre ellos, el secretario de Salud, Gabriel D'Andrea, y la secretaria de Desarrollo Humano, Melina Fiel, junto a sus antecesores responsables de áreas que durante años negaron o minimizaron una problemática que hoy queda expuesta por los propios números oficiales.

Y el relevamiento genera más preguntas que certezas. Resulta difícil creer que quienes manejan establecimientos clandestinos vayan a reconocer abiertamente una actividad que funciona al margen de la ley. Más aún cuando se trata de negocios que involucran a una población vulnerable y donde la falta de controles municipales termina funcionando, en los hechos, como una forma de encubrimiento.

La nueva encargada del área, llegada de la mano del intendente interino Juan Fiorini, había prometido realizar un censo. Sin embargo, anuncia sin ruborizarse que apenas el diez por ciento de los establecimientos cumple con la normativa vigente y, como acostumbra el petrequismo, busca descargar responsabilidades en la Provincia aprovechando la complejidad normativa existente.

Sabido es que la gestión Petrecca-Fiorini parece sentirse más cómoda organizando festejos, festivales y contenidos para redes sociales que abordando los problemas estructurales de la ciudad. Mientras tanto, la atención a los adultos mayores parece reducirse a mateadas, bailes recreativos y entrega de souvenirs.

REALIDAD ANTIPÁTICA

La realidad no es nada simpática porque detrás de las estadísticas hay personas. Hombres y mujeres que trabajaron toda su vida y que terminan sus días encerrados en lugares que muchas veces funcionan como simples depósitos de ancianos, sin personal capacitado, sin infraestructura adecuada y sin los controles que deberían garantizar un mínimo de dignidad.

El dato del censo, vale recordarlo, había sido solicitado hace cuatro años mediante un pedido de informes presentado por concejales de la oposición y el oficialismo. El Ejecutivo jamás respondió.

Por eso el anuncio actual tiene un sabor particularmente amargo. No sólo reconoce una situación alarmante, sino que además confirma una ausencia de controles que el municipio se negó sistemáticamente a admitir.

Lo más indignante es que la gestión local presenta las cifras como si se tratara de una fotografía ajena. Como si el problema hubiera aparecido de repente. Como si nadie hubiera tenido responsabilidades durante todos estos años.

¿Para qué sirve una Dirección de Adultos Mayores si cuando aparecen los problemas más graves mira para otro lado?

Resulta vergonzoso que ante semejante panorama el municipio no anuncie medidas urgentes ni un plan concreto de regularización. Más de medio millar de abuelos continúan a merced de personas que, en muchos casos, carecen de los conocimientos mínimos para brindar los cuidados que requieren.

La Municipalidad puede clausurar un comercio por una habilitación vencida, aplicar multas por faltas menores o desplegar inspectores cuando se trata de controlar actividades comerciales y de tránsito. Sin embargo, cuando están en juego la salud, la integridad y hasta la vida de cientos de adultos mayores, la rigurosidad desaparece.

Lo más grave de todo, es que los geriátricos clandestinos no aparecieron de la noche a la mañana. Funcionaron durante años. Crecieron durante años. Facturaron durante años. Y lo hicieron mientras quienes debían controlar elegían no ver.

La verdadera noticia no es que sólo cuatro geriátricos estén habilitados, sino que el municipio recién ahora parece haberse enterado de algo que toda la ciudad ya sabía. Y cuando el Estado llega cuatro años tarde, después de muertes, condenas judiciales e incendios fatales, ya no puede hablarse de desconocimiento, sino de abandono y los responsables tienen nombre y apellido más allá de que se los oculte con otro cargo.