Tras conformarse las comisiones permanentes en Diputados, y luego que la oposición en conjunto pida una sesión especial para tratar la crisis estructural de IOMA, desde el PRO volvieron a presionar al oficialismo y presentaron una nueva propuesta para reparto del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal

El proyecto fue presentado por el presidente del bloque PRO en la Cámara Baja, Alejandro Rabinovich, donde propone una modificación del artículo 3 de la normativa. Según lo escrito en la iniciativa, el legislador del PRO pide que el Poder Ejecutivo afecte “recursos para integrar el Fondo en la medida de la obtención y de manera automática conforme se produzca el ingreso de los fondos derivados de las operaciones de financiamiento que realice la Administración Central en el marco de la autorización otorgada por los artículos primero y segundo de la presente Ley por el equivalente en pesos al ocho por ciento (8%) de esos fondos”.

Para ello, el legislador planteó un criterio para distribuir dichos fondos. El 70% del monto total será distribuido a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, “conforme al Coeficiente Único de Distribución Ley N° 10.559 para el ejercicio 2025”.

De acuerdo a lo que plantea el proyecto, el 30% restante deberán ser de libre disponibilidad para los municipios y serán entregados de acuerdo a un “coeficiente combinado”. Este coeficiente se compone de un 50% aplicando el CUD, y el 50% restante “conforme a los ingresos corrientes percibidos durante el ejercicio 2025”.

Otra de las aristas que contiene la iniciativa giran en torno a la comisión bicameral para controlar estos fondos. De acuerdo a las modificaciones que plantea el proyecto, Rabinovich plantea que la comisión tendrá atribuciones para dictar su propio reglamento, requerir la presencia de Ministros, Subsecretarios y demás funcionarios del Poder Ejecutivo, además de “solicitar la remisión de información sobre ejecución presupuestaria e indicadores económicos, con periodicidad trimestral, a los efectos de realizar el seguimiento de la evolución de la situación económica”.

Por su parte, el proyecto plantea que sea la bicameral quien autorice “el pago a cada municipio de los fondos estipulados”. A su vez, pide que dicha comisión reciba “información detallada del estado de la deuda pública, su stock, servicios de capital e intereses, perfil de vencimientos, y cualquier otro dato relevante de la toma del endeudamiento autorizado por la presente Ley, que el Poder Ejecutivo debe remitir trimestralmente”.