Ricardo Echegaray fue exonerado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) luego de que quedara firme la posibilidad de ejecutar la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le impuso la Justicia en la causa en la que lo condenó por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

La decisión fue comunicada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo especializado en la investigación de hechos de corrupción y control de integridad en el Estado que conduce el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.  ARCA informó que resolvió hacer efectiva la orden judicial de inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública y, como consecuencia, dispuso la exoneración del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La medida fue adoptada mediante una disposición firmada ayer y comunicada hoy a la PIA, en el marco de un expediente que seguía la situación administrativa del ex funcionario kirchnerista. En esa presentación, el organismo recaudador informó formalmente que dio cumplimiento a la orden judicial derivada de la condena que pesa sobre Echegaray y que, por ese motivo, correspondía su desvinculación definitiva de la estructura estatal.

La decisión de ARCA no implicó una nueva valoración sobre la conducta del ex titular de la AFIP ni la reapertura de un procedimiento disciplinario autónomo. Por el contrario, el organismo entendió que debía ejecutar una consecuencia administrativa que surge directamente de una condena judicial que incluye una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los fundamentos de la medida aparecen detallados en la disposición administrativa que dio origen a la exoneración. Allí se recuerda que Echegaray fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3, que lo consideró autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometido en perjuicio de la Administración Pública. Como consecuencia de esa decisión, recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión y la accesoria de inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.