Por: Redacción Semanario de Junín

SECCIÓN SEMANAGRO PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 517 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 6 AL 12 DE JUNIO DE 2026

La decisión de varios municipios bonaerenses de complementar mediante ordenanzas locales la antigua, pero todavía vigente Ordenanza General 165/73 volvió a instalar un viejo debate: cómo financiar las obras en la red de caminos rurales y, al mismo tiempo, garantizar que esos trabajos sean técnicamente adecuados, duraderos y económicamente eficientes.

La discusión tomó fuerza luego de conocerse que distintos distritos ya aprobaron o estudian normativas que permitirían ejecutar mejoras mediante acuerdos directos entre productores, vecinos y empresas constructoras.

La intención es agilizar obras largamente reclamadas por el sector agropecuario, en un contexto donde el deterioro de la red vial rural se ha convertido en una de las principales preocupaciones para quienes producen en el interior bonaerense.

Sin embargo, la iniciativa también despertó reparos. Desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires señalaron que algunas de estas ordenanzas, a diferencia de la normativa provincial vigente, dejan abierta la posibilidad de realizar trabajos técnicamente complejos sin exigir expresamente la intervención de profesionales con incumbencia específica.

La entidad celebró la búsqueda de herramientas legales que permitan concretar obras impulsadas por productores y vecinos, pero expresó preocupación por aquellos textos que delegan en áreas administrativas municipales la decisión acerca de cuándo resulta necesaria la participación de un ingeniero, en función de la supuesta complejidad de cada proyecto.

Para el Colegio, ese criterio resulta insuficiente. Sostienen que la calidad de las obras y la protección de las inversiones realizadas por los contribuyentes exigen la participación de ingenieros civiles, viales o hidráulicos matriculados, únicos profesionales con competencia legal para proyectar y supervisar este tipo de intervenciones.

Desde la institución remarcan que los caminos rurales constituyen mucho más que una simple traza de circulación. Su correcto funcionamiento depende de múltiples variables técnicas que incluyen estudios topográficos, análisis hidráulicos, evaluación de escurrimientos y diseño estructural de la calzada.

La ausencia de estos estudios puede derivar en consecuencias costosas y difíciles de revertir. Entre ellas, anegamientos de establecimientos rurales, alteraciones en los escurrimientos naturales, deterioro prematuro de los caminos y afectaciones a terceros.

“Si no se quiere gastar dinero sin sentido, se debe comprender que estas obras no consisten en alquilar una motoniveladora y volver a conformar el suelo para tener el mismo problema luego de un par de lluvias”, advirtieron desde la entidad.

Según explican, los caminos rurales modernos deben proyectarse para garantizar transitabilidad en todo tipo de condiciones climáticas, especialmente en una provincia donde los excesos hídricos han provocado históricamente graves pérdidas económicas.

Por esa razón, consideran que la participación de profesionales matriculados no constituye un requisito burocrático sino una garantía técnica y legal para todas las partes involucradas.

El planteo adquiere especial relevancia en una provincia donde miles de kilómetros de caminos de tierra presentan problemas recurrentes de mantenimiento y donde cada evento climático intenso vuelve a poner en evidencia las limitaciones de un sistema que, en muchos casos, opera con escasos controles técnicos y presupuestos insuficientes.

Desde el Colegio sostienen que el verdadero debate debería centrarse en cómo ejecutar las obras que necesita el principal motor productivo bonaerense sin repetir errores históricos.

“¿Podemos pensar que cambiará la lamentable situación actual si se sigue haciendo lo mismo?”, se preguntan desde la institución.

LA TASA A TRIBUNALES

Mientras la discusión técnica gana espacio, otro fenómeno comienza a modificar el escenario: la creciente judicialización de los reclamos vinculados a los caminos rurales.

Durante décadas, las críticas de las entidades agropecuarias por el estado de los caminos quedaban limitadas al ámbito gremial o político. Las sociedades rurales elevaban reclamos, los productores expresaban su malestar y los municipios respondían con explicaciones vinculadas a la falta de recursos o a las contingencias climáticas.

En la mayoría de los casos, el conflicto terminaba allí. Sin embargo, en los últimos tiempos comenzó a aparecer un nuevo actor en la discusión: la Justicia.

Para muchos productores, el fallo representa un antecedente que podría extenderse a otros distritos bonaerenses donde se repiten problemas similares

Cada vez más productores y entidades rurales recurren a los tribunales para cuestionar el cobro de tasas viales cuando consideran que no existe una contraprestación efectiva por parte de los municipios.

El caso más resonante ocurrió recientemente en Daireaux, donde la Justicia de Trenque Lauquen declaró nulo el cobro de la tasa vial a productores locales por entender que no existía una prestación efectiva del servicio.

La decisión judicial dejó instalada una cuestión de fondo: si los caminos se encuentran en estado deficiente y el servicio no se presta adecuadamente, la legitimidad del cobro de la tasa puede ser puesta en discusión.

Para muchos productores, el fallo representa un antecedente que podría extenderse a otros distritos bonaerenses donde se repiten problemas similares.

En el partido de Villarino, por ejemplo, productores nucleados en la Asociación de Productores de Villarino Sur (Aprovis) solicitaron informes para conocer el destino de fondos recaudados mediante tasas relacionadas con marcas y señales y la marcación y remarcación de hacienda.

El planteo apunta a determinar qué servicios concretos presta el municipio a cambio de esos recursos y cuál es el destino efectivo de lo recaudado.

La inquietud refleja una demanda que se repite en distintas regiones de la provincia: mayor transparencia en el uso de los fondos y una relación más clara entre lo que se paga y los servicios que efectivamente se reciben.

En este contexto, las entidades gremiales también comenzaron a endurecer su discurso.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) celebró distintos fallos judiciales registrados en municipios como Daireaux, Azul y Carlos Casares.

“Estos pronunciamientos consolidan principios básicos que CARBAP viene sosteniendo desde hace años: una tasa solo puede ser exigida cuando existe una contraprestación concreta, medible y verificable”, señaló la entidad.

Según la organización, cuando esa condición no se cumple, la tasa termina convirtiéndose en un impuesto encubierto que vulnera principios constitucionales básicos.

La entidad también reconoció que existe una problemática extendida en gran parte de la provincia, donde numerosos productores afrontan elevados costos tributarios mientras observan un deterioro constante de la infraestructura vial rural. La preocupación también llegó a los máximos niveles de representación agropecuaria nacional.

El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, cuestionó recientemente la falta de obras y el nivel de las tasas que cobran numerosos municipios.

“El reclamo no es un capricho de los productores; es una realidad. Muy pocas veces se tiene consideración de parte de quienes tienen que realizar las obras y no las hacen”, afirmó.

La discusión, en definitiva, excede largamente la contratación de una motoniveladora o la aprobación de una ordenanza municipal. Lo que está en juego es la sustentabilidad de una red vial que sostiene buena parte de la producción agropecuaria bonaerense.

Los caminos rurales demandan planificación, control técnico y transparencia. De lo contrario, el riesgo es terminar pagando dos veces: primero por trabajos que no resuelven los problemas y después por las consecuencias económicas que dejan caminos destruidos, campos anegados y conflictos que inevitablemente terminan en los tribunales.