Por: Redacción Semanario de Junín

La muerte de la enfermera Natalia Bellome en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Junín dejó de ser únicamente un hecho doloroso para transformarse en un caso de investigación judicial. Luego de las denuncias públicas sobre presuntas falencias en la atención recibida dentro del propio establecimiento sanitario donde trabajaba, la situación escaló ahora al ámbito de la justicia con la presentación de una denuncia penal para investigar las causales del fallecimiento.

La acción, a cargo del abogado José Luis Itoiz busca esclarecer qué ocurrió durante las horas decisivas en las que la trabajadora de la salud habría requerido asistencia médica. El caso generó conmoción entre compañeros, familiares y gran parte de la comunidad juninense, especialmente después de que trascendieran versiones sobre demoras y deficiencias en la atención brindada en la guardia del hospital.

La judicialización del episodio introduce un nuevo escenario. Ya no se trata solamente de un debate administrativo o sanitario, sino de una investigación que deberá determinar si existieron responsabilidades concretas en torno a la muerte de la enfermera.

Sin embargo, mientras la Justicia comienza a intervenir, desde la Provincia no han surgido respuestas públicas significativas respecto de una situación que expuso crudamente el funcionamiento interno del principal centro de salud pública de la región y único de nuestra ciudad con más de 100 mil habitantes.

El silencio oficial adquiere una dimensión política particular debido a la relación existente entre el director provincial de Hospitales, Aldo Riera, y el director ejecutivo del HIGA Junín, Fernando Crocco. En distintos sectores vinculados al nosocomio existe la percepción de que las autoridades provinciales han optado nuevamente por una estrategia de bajo perfil, evitando pronunciamientos públicos a la espera de que el conflicto pierda intensidad con el paso de los días.

No obstante, la realidad parece avanzar en sentido contrario. Lejos de diluirse, los cuestionamientos continúan acumulándose y ponen bajo la lupa la conducción del establecimiento y es llamativo también el silencio de algunos sectores gremiales.

La muerte de Bellome se suma a una serie de reclamos que vienen manifestándose desde hace tiempo dentro del nosocomio. Problemas de organización, dificultades operativas, tensiones con distintos sectores del personal y denuncias vinculadas a la gestión forman parte de un escenario que, según trabajadores, se viene agravando progresivamente.

En ese contexto, la presentación de una denuncia penal aparece como un punto de inflexión. La investigación judicial podría aportar elementos objetivos para determinar qué sucedió y si existieron fallas evitables durante la atención de la enfermera.

Mientras tanto, la crisis también ingresó en la agenda política.

La concejal de La Libertad Avanza, Belén Veronelli, presentó este martes un proyecto de comunicación en el cuerpo deliberativo mediante el cual solicita una pronta intervención del gobernador Axel Kicillof en el conflicto que atraviesa el hospital.

La iniciativa va más allá de un simple pedido de informes. La edil reclama directamente que el mandatario bonaerense disponga cambios en la conducción del establecimiento y solicite la renuncia de la actual dirección ejecutiva.

Según los fundamentos expuestos, la gravedad de los acontecimientos exige una respuesta inmediata por parte de la administración provincial, tanto para garantizar el normal funcionamiento del hospital como para recuperar la confianza de trabajadores y pacientes.

El planteo también pone de manifiesto una situación al menos irregular para el gobierno bonaerense por la sumatoria de conflictos, siendo que el HIGA Junín se constituye en uno de los hospitales de referencia más importantes del noroeste provincial y cualquier cuestionamiento sobre su funcionamiento impacta directamente sobre la gestión sanitaria de la Provincia.

La muerte de una trabajadora de la salud dentro del mismo sistema en el que prestaba servicios representa además un hecho de enorme sensibilidad pública. Más aún cuando las circunstancias del caso derivan en sospechas que requieren intervención judicial para ser esclarecidas.

Por todo esto, la principal expectativa está puesta en dos frentes. Por un lado, la investigación penal deberá determinar con precisión qué ocurrió y si existieron responsabilidades que deban ser sancionadas. Por otro, la Provincia deberá decidir si mantiene su actual postura de silencio o si adopta medidas concretas frente a una crisis que ya trascendió las paredes del hospital.

Y mientras la Justicia empieza a buscar respuestas, las preguntas sobre la conducción del HIGA Junín siguen acumulándose sin que, hasta el momento, lleguen explicaciones oficiales capaces de disiparlas y apuntar a la búsqueda de soluciones.