Por: Redacción Semanario de Junín

NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA  Y EDICIÓN DIGITAL Nº 518 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 6 AL 12 DE JUNIO DE 2026

La semana pasada se conoció una nueva resolución del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires respecto de la rendición del ejercicio 2024 de la Municipalidad de Junín. Como ya había ocurrido con los ejercicios 2022 y 2023, el organismo aprobó formalmente las cuentas, pero al mismo tiempo detectó irregularidades, formuló cargos patrimoniales, aplicó multas a funcionarios y dejó abiertas varias investigaciones que continuarán bajo análisis.

Entre ellas, un sobreprecio pagado por luces Led a una empresa ligada al PRO, que significó una diferencia de 12 millones de pesos en contra de las arcas municipales que, si las multiplicamos por las luces que ya se instalaron desde la llegada de Pablo Petrecca a la intendencia, debiéramos hablar de más de 500 millones de pesos, en realidad 750 millones si aplicamos la inflación.

Para quienes siguen de cerca la administración pública local, el dato más relevante no es la aprobación formal de las cuentas sino la reiteración de observaciones que, con distintos matices, aparecen año tras año.

La situación recuerda inevitablemente aquella nota de tapa publicada por SEMANARIO en junio de 2024 bajo el título “Tribunal de Cuentas: La caja negra de la gestión”, cuando el organismo provincial había cuestionado gastos con tarjetas de crédito, contrataciones directas, operaciones realizadas a través de Grupo Servicios Junín, compras sin licitación y diversas falencias administrativas.

EL PATRÓN QUE SE REPITE

La nueva resolución del Tribunal alcanza al ejercicio 2024 y concluye con multas personales, cargos económicos que deberán ser afrontados por los funcionarios responsables y una extensa lista de observaciones administrativas.

Las sanciones económicas impuestas incluyen una multa de 1.200.000 pesos al intendente Pablo Petrecca; 900.000 pesos al contador municipal Mauro Jacobs; 500.000 pesos a la secretaria de Hacienda Lorena Linguido y 300.000 pesos a la jueza de Faltas Emilia Schonfeld.

Pero el aspecto más delicado del fallo no son las multas sino los cargos patrimoniales. Mientras la multa tiene carácter sancionatorio, el cargo implica que el Tribunal considera que existió un perjuicio económico para las arcas municipales y ordena recuperar esos fondos de quienes resulten responsables. El monto total supera los 18 millones de pesos.

OTRA VEZ GRUPO JUNIN

Si hubo un tema que atravesó las resoluciones de los últimos años es el papel desempeñado por Grupo Servicios Junín SA, la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria creada durante la gestión de Mario Meoni y convertida luego en una de las herramientas más utilizadas por el petrequismo para ejecutar obras, adquirir bienes y prestar servicios.

Desde el padrino evangelista David Mingrino, pasando por el ex presidente radical Carlos Mansur y otros amigos del poder, las sospechas siempre sobrevolaron las licitaciones, pero particularmente las contrataciones directas, una herramienta destinada a facilitar la lentitud burocrática, pero que termina siendo usada en maniobras que facilitan la corrupción.

Ya en el análisis del ejercicio 2022 el Tribunal había puesto la lupa sobre numerosas contrataciones canalizadas a través de esta empresa cuyo 90% de capital es municipal, con un 10% restante dividido entre uno de los sindicatos municipales y la cámara de Comercio e Industria de Junín.

Ahora volvió a ocurrir en la SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) que preside el abogado Pablo Torres y tiene como vice a Marcelo Pastormerlo, cuestionado por manejos públicos durante la gestión de Abel Miguel y antes de llegar al Grupo Junín, durante su tarea en IOMA en 2018.

La observación más importante del reciente expediente está vinculada con la compra de luminarias destinadas al alumbrado público.

Según surge de la resolución, la Municipalidad adquirió luminarias por casi 148 millones de pesos mediante Grupo Servicios Junín. Sin embargo, el Tribunal determinó que la SAPEM no era quien producía ni proveía esos bienes, sino que actuó como intermediaria entre el municipio y la firma privada que efectivamente los comercializaba.

El organismo sostuvo que la operación permitió evitar los procedimientos ordinarios de contratación previstos para los municipios y cuestionó expresamente la falta de transparencia y competencia que debe existir en toda compra pública.

Más aún: concluyó que la operación generó un mayor costo para el Estado municipal.

La diferencia observada fue calculada en más de 12,8 millones de pesos. Sumados los intereses correspondientes, el cargo formulado asciende a 16.801.639 pesos.

Por esa suma deberán responder solidariamente el intendente Pablo Petrecca, el contador Mauro Jacobs y el jefe de Compras Daniel Barrenechea.

MENSAJE CONTUNDENTE

Los jueces entienden que no quedó demostrada la conveniencia económica de la contratación y sostienen que la SAPEM actuó como intermediaria en una operación que terminó costando más dinero a los contribuyentes juninenses.

No es la primera vez que Grupo Servicios Junín aparece en el centro de las observaciones. En ejercicios anteriores el organismo bonaerense ya había reclamado documentación complementaria, certificados de obra, comparativas de precios y antecedentes que justificaran contrataciones realizadas por esta vía.

La reiteración de observaciones muestra que el modelo de gestión elegido para operar mediante estructuras paralelas al municipio continúa generando dudas en los organismos de control.

Algunos ediles parecen despertar de la siesta y piden informes sobre lo evidente: una triangulación sospechosa, que se suma a tantas otras sospechas

UN AMIGO CONOCIDO

Los negociados del PRO con las luces Led comenzó con la llegada de Mauricio Macri al gobierno. A fines de 2017, dos empresas vinculadas a las familias del presidente Macri y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, se quedaron con el millonario negocio de reemplazar las luminarias públicas callejeras por artefactos LED en la ciudad de Buenos Aires y varios municipios bonaerenses.

La orden de compra N.º 8949, emitida en octubre de 2024, fue girada al Grupo Junín para la adquisición de 500 luminarias tipo QLight de 150 W, con un valor de $173.912 cada una.

Quien lidera la empresa que fabrica las lámparas sería Rubén Cherñajovsky, quien también tuvo a su cargo el grupo Newsan de Tierra del Fuego. Alguna de las ventas realizadas al Estado por Qisur-Datandhome, en forma directa o mediante licitación, pero con pliegos y especificaciones que parecieran estar direccionadas son:

“Casualmente” Petrecca puso énfasis en la necesidad de promover el ahorro de energía en la luminaria pública, sin embargo los juninenses siguen pagando por el alumbrado un porcentaje de lo que consumen en sus hogares, oficinas y pymes, el cual se cobra en la factura de Eden.

Nadie sabe a ciencia cierta adónde va a parar esa recaudación multimillonaria, ni tampoco dónde está el ahorro energético en cada una de las veredas a iluminar.

Lo que se sabe hasta ahora es que en solamente 500 lámparas Led se sobrefacturaron 12 millones de pesos, monto que actualizado llega a los 18 millones. Si tenemos en cuenta -según datos municipales- que ya se instalaron 18.000 lámparas en la gestión, de haber existido sobreprecios en todas la diferencia pasaría por lejos los 500 millones de pesos, llegando a los 750 millones actualizados. Algo así como medio millón de dólares de sobreprecios petrequistas sólo en foquitos. ¿Yo señor? No, Señor ¿Pero entonces quién los tiene?

JUICIOS QUE PAGAN LOS VECINOS

Otro de los cargos formulados se relaciona con una causa judicial iniciada por la abogada Nerina Oca contra la Municipalidad.

La resolución describe que el municipio no abonó en tiempo y forma honorarios profesionales regulados judicialmente. Como consecuencia de ese incumplimiento se generaron intereses, costas y mayores gastos.

El Tribunal concluyó que se trató de una erogación que pudo haberse evitado mediante una correcta administración y desaprobó el gasto.

Por ello formuló un cargo de 1.271.044 pesos contra el intendente Petrecca, el ex subsecretario Legal y Técnico Lisandro Benito y el contador Mauro Jacobs.

El criterio aplicado resulta significativo porque el organismo vuelve a marcar que los costos derivados de errores administrativos o incumplimientos judiciales no pueden trasladarse automáticamente al conjunto de los contribuyentes.

Desde hace años la gestión municipal sostiene un discurso basado en la transparencia, la eficiencia administrativa y el control de los recursos públicos

LAS FIESTAS, OTRA “FIESTA”

Otro de los puntos observados está relacionado con la utilización de anticipos de fondos para contrataciones vinculadas a eventos, espectáculos, ferias, torneos y actividades recreativas. La defensa municipal intentó justificar la modalidad argumentando que durante 2024 existían fuertes distorsiones de precios provocadas por la inflación y que muchos proveedores exigían adelantos para garantizar las prestaciones.

Sin embargo, el Tribunal aceptó esa explicación únicamente en un caso vinculado a la compra de insumos médicos.

Para el resto de las contrataciones concluyó que no existían razones de urgencia, necesidad o fuerza mayor que justificaran apartarse de los procedimientos habituales. En otras palabras, el organismo entendió que la excepcionalidad se convirtió en una práctica frecuente.

Esa observación integra parte de los fundamentos utilizados para sancionar a los principales funcionarios del área económica.

GASTOS SIN RESPALDO

La resolución también registra observaciones sobre consumos efectuados mediante tarjetas institucionales.

Aunque el monto es reducido frente a otros capítulos del expediente, el Tribunal concluyó que no existió documentación suficiente para respaldar determinados gastos vinculados a servicios tecnológicos y registros digitales.

Por esa razón formuló un cargo adicional contra las máximas autoridades administrativas involucradas.

La cuestión adquiere relevancia porque recuerda observaciones similares realizadas en ejercicios anteriores.

Precisamente uno de los puntos más resonantes del análisis de 2022 había sido el uso de tarjetas de crédito institucionales para afrontar gastos de funcionarios, publicidad en redes sociales y distintos servicios contratados mediante plataformas digitales.

La repetición de situaciones similares vuelve a plantear interrogantes sobre los mecanismos internos de control.

La resolución conocida este año tiene otra particularidad y es que varios expedientes quedaron abiertos.

El Tribunal decidió mantener en suspenso el pronunciamiento definitivo sobre distintos temas y dispuso que continúen siendo investigados.

Entre ellos aparecen operaciones patrimoniales, contrataciones específicas y otras actuaciones administrativas que todavía no cuentan con una resolución definitiva.

Incluso el organismo dejó expresamente aclarado que los funcionarios involucrados no deben considerarse exentos de responsabilidad hasta tanto concluyan esos análisis.

Ese aspecto suele pasar desapercibido cuando se comunica que una rendición fue “aprobada”. Sin embargo, la aprobación de las cuentas no implica necesariamente que todos los actos administrativos hayan sido convalidados.

Por el contrario, el propio expediente muestra que existen cuestiones que continúan bajo estudio.

El dato más relevante no es la aprobación formal de las cuentas sino la reiteración de observaciones que, con distintos matices, aparecen año tras año

LA FALTA DE TRANSPARENCIA

Desde hace años la gestión municipal sostiene un discurso basado en la transparencia, la eficiencia administrativa y el control de los recursos públicos. Sin embargo, las resoluciones del Tribunal de Cuentas muestran una realidad bastante más compleja.

Primero fueron las observaciones sobre gastos con tarjetas, contrataciones directas y cooperativas vinculadas al oficialismo.

Después aparecieron cuestionamientos sobre empresas municipales, compras, licitaciones y registraciones contables.

Ahora surgen cargos por compras de luminarias, pagos judiciales evitables, anticipos cuestionados y diferencias detectadas en el manejo administrativo.

Ninguna de estas observaciones, por sí sola, explica la totalidad de una gestión.

Pero cuando se acumulan durante varios ejercicios consecutivos dejan de parecer hechos aislados y la repetición termina convirtiéndose en un indicador que señala que los problemas administrativos detectados por el organismo de control más importante de la provincia no son excepcionales ni circunstanciales, sino que son parte de una modalidad que se repite.

Mientras el Concejo Deliberante continúa aprobando sin mayores sobresaltos las rendiciones de cuentas impulsadas por el oficialismo, es el Tribunal de Cuentas vuelve a arrojar luz sobre aspectos que difícilmente ingresarían al debate público por otra vía. Ahora algunos ediles parecen despertar de la siesta y piden informes sobre lo evidente: una triangulación sospechosa, que se suma a tantas otras sospechas que la justicia alineada al PRO deja seguir como un árbitro tras un evidente patadón.

Como ocurrió con los ejercicios 2022 y 2023, la rendición 2024 fue aprobada por el oficialismo obsecuente. Pero también observada.

Y a esta altura de la historia, quizás la noticia ya no sea que el Tribunal encuentre irregularidades. La noticia es que las encuentra todos los años y que desde hace una década los juninenses venimos perdiendo patrimonio, en medio de una gestión gris que entretiene con videos y fotos, pero que no pueden cambiar la aplastada realidad del día a día.