Por: Redacción Semanario de Junín

En marzo del año pasado la Dirección de Control Disciplinario de la policía de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo una auditoría en Junín y halló innumerables irregularidades, relacionadas particularmente con el exceso de horas extras, la cantidad de efectivos con “carpeta médica”, sobrefacturación de combustible y otras cuestiones que además de ser sospechosas de corrupción quitaban eficacia al desenvolvimiento de la seguridad en el distrito.

Por ese motivo Asuntos Internos de la policía bonaerense imputó a los altos mandos de la fuerza a nivel local, algunos de los cuales fueron ahora desplazados, debido a que se habría probado la existencia de hechos que constituyen faltas graves al régimen disciplinario”.

En ese contexto se supo que entre los efectivos sancionados se encuentran el jefe de la oficina distrital comisario Pablo Fernández y el subcomisario Roberto Oruza, jefe del Comando Patrullas Junín, quienes ya tendrían reemplazo con el comisario Claudio Cabella y el subcomisario Juan Gimenez respectivamente.

Las medidas se conocieron conjuntamente con el nombramiento del Comisario Mayor Tomaz Federico Dos Santos, a cargo de la Superintendencia de Seguridad Regional Interior Oeste II, dependiente de la Subjefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y con asiento en Pehuajó que abarca un total de 17 distritos del oeste bonaerense, entre ellos el de Junín.

Justamente Dos Santos, para evitar que se repitan este tipo de situaciones, creó una coordinadora en Junín ya que es el distrito más importante de su superintendencia aunque tenga la sede en Pehuajó. De ese modo, sostienen desde su entorno, que nuestra ciudad tendrá “control a distancia del superintendente 24/7, a cargo del comisario Marcos Lescano

Foto de la tapa del escándalo.

Con los desplazamientos de Fernández, Oruza y otros efectivos implicados en los hechos del año pasado, la policía cierra un capítulo escandaloso que venía sosteniéndose en nuestra ciudad incluso con la supuesta connivencia de la Secretaría de Seguridad municipal a cargo de Mario Olmedo.

HECHOS GRAVES

La tarea llevada a cabo tras una recorrida del personal de Asuntos Internos de la fuerza de seguridad bonaerense en Junín en el verano del 2025, detectó hechos de gravedad relacionados con el cobro de horas extras y adicionales, facturación de combustibles, estado de las dependencias, personal que no concurría a prestar servicios y otros ítems que llevaron a determinar que: “se observa, un claro desaprovechamiento de los recursos humanos y logísticos asignados, evidenciándose una clara mala administración de todos los recursos pre existentes en dicha área, lo cual atraviesa a todos los estamentos subordinados”.

En un informe de 26 páginas fechado el 6 de marzo del año pasado en Pilar y fue publicado oportunamente por SEMANARIO se indicaba que en “la prueba recolectada, se ha verificado la ausencia total de contralor y/o supervisión para con sus subordinados respecto de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Junín, lo cual evidencia una actitud pasiva de quien oficia como resorte de control y garante de la calidad del servicio de seguridad brindado”.

En ese entonces, la investigación fue encabezada por el Comisario Inspector Osvaldo Domínguez, quien se apersonó a la departamental ubicada en Quintana 35 de nuestro medio

Allí quedó demostrada también la impericia de la municipalidad de Junín en el control de las actividades de la fuerza, que pasaron por alto su propia responsabilidad. Vale recordar que el área respectiva en la Provincia de Buenos Aires está gestionada por el Ministerio de Seguridad, la Policía Bonaerense y los municipios.

El primero elabora, implementa y evalúa las políticas de seguridad pública. Cuenta con un Programa Integral de Protección Ciudadana que se implementa en los municipios. Este programa se basa en la participación y la focalización, y cuenta con dispositivos de localización y salas de monitoreo.

Según trascendió, tras la investigación se detectaron 56 carpetas médicas del personal policial en licencia, al ser citados uno por uno, un total de 30 se habrían reincorporado inmediatamente al servicio.

Otro de los ítems investigados fue el de las rendiciones de cuenta que correspondían a espectáculos deportivos realizados en Junín, por sumas millonarias.

En verdad, las denuncias venían acumulándose durante mucho tiempo realizadas por el propio personal policial dependiente de la departamental cuyo titular ahora fue corrido. Además, los rumores se relacionaban con la escalada económica que había logrado algunos jefes policiales quienes ostentaban vehículos de alta gama o inversiones inmobiliarias en la ciudad y la región.

Del mismo modo resultaba preocupante la presunta violencia institucional particularmente en perjuicio de las mujeres de la fuerza y que llevó a un desgaste de los efectivos de menor rango que se veían amenazados por sus superiores con traslados inverosímiles a poblados alejados que le hacían perder el contacto con sus afectos.

La investigación encabezada por Domínguez que se apersonó en las oficinas de Quintana 35, también destacó que “es dable advertir que todas las oficinas de la Estación de Policía Departamental de Seguridad se hallaban sin personal al arribo de la comitiva, con excepción de la oficina de CEPAID, como también, que se observó un total desconocimiento por parte de los efectivos en las funciones y responsabilidades que les compete”.

Al revisar las cuadrículas de patrullaje se advirtieron tareas defectuosas y móviles que estaban parados en la dependencia sin recorrida. Se advirtieron irregularidades en los libros de presentismo.

 Como resultado de la recorrida del resto de las instalaciones y oficinas, llevada a cabo en marzo de 2025, también se advirtió que “poseen un mal estado de conservación, mantenimiento y limpieza, ya que se pudo observar falta de aseo en todas las aéreas de la dependencia, en especial en el sector donde se encontraban los vehículos secuestrados por distintos delitos”. Asimismo, se observó en el frente de la dependencia, “móviles sin salida a recorrer” y que “los cuales se encontraban ociosos por no posee personal disponible, según informo la oficial de servicio, y tampoco combustible municipal”.

Por otra parte, llamó la atención de los inspectores la falta de detalles respecto al pago de adicionales al personal de la fuerza, algo que había sido puesto en consideración por los mismos efectivos que aludían estar cobrando mucho menos de lo que debían percibir por la tarea, además un sinnúmero de faltas de menor cuantía.

Por más que los funcionarios municipales intenten quitarse responsabilidad acerca de este escandaloso informe, queda claro que la seguridad en Junín era “una joda total” como puntualizó un viejo jefe policial.