La decisión del Gobierno bonaerense de avanzar con la concesión de la Ruta Provincial 6 e instalar tres estaciones de peaje despertó críticas de organizaciones de usuarios viales que consideran que la medida encarecerá el transporte y afectará la competitividad de uno de los corredores productivos más importantes de la provincia.

La objeción fue planteada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), entidad que difundió un documento en el que rechaza la iniciativa y sostiene que el sistema previsto implicará nuevos costos para particulares, transportistas y empresas que utilizan diariamente la traza que conecta los puertos de La Plata y Zárate-Campana.

La Ruta 6 posee aproximadamente 180 kilómetros de extensión y constituye una vía estratégica para el movimiento de cargas industriales, agropecuarias y logísticas dentro del territorio bonaerense. Por esa razón, la eventual incorporación de peajes genera preocupación en sectores vinculados al transporte y la producción.

El costo de transitar

Según los cálculos difundidos por CONADUV, un automóvil que realizara veinte viajes mensuales entre La Plata y Zárate-Campana podría llegar a desembolsar alrededor de 4,4 millones de pesos anuales en concepto de peajes, mientras que un camión de seis ejes superaría los 22 millones de pesos por año.

La organización sostiene que esos mayores costos terminarían trasladándose a la cadena productiva y, en última instancia, a los consumidores.

En ese sentido, advierte que la medida podría impactar especialmente en las localidades servidas por el corredor vial, donde buena parte de la actividad económica depende de la circulación permanente de bienes y servicios.

Un debate que vuelve

El cuestionamiento no es nuevo. Desde hace décadas existe una discusión acerca de la conveniencia de financiar la infraestructura vial mediante peajes o a través de los fondos específicos que el Estado recauda por impuestos vinculados al combustible y al transporte.

CONADUV sostiene que el peaje resulta una herramienta adecuada únicamente cuando existe una obra nueva financiada por un inversor privado que luego recupera su inversión mediante el cobro a los usuarios. Según la entidad, ese criterio no se cumpliría en la Ruta 6, ya que se trata de un corredor existente cuya construcción fue financiada previamente con recursos públicos.

La organización también cuestiona que no existan caminos alternativos libres de pago y reclama una mayor participación ciudadana antes de adoptar decisiones de esta magnitud. En particular, reclama la realización de instancias de consulta pública y la incorporación de representantes de usuarios en el proceso de evaluación del proyecto.

Infraestructura y financiamiento

Más allá de la controversia, el debate pone sobre la mesa una cuestión de fondo: cómo financiar el mantenimiento y la mejora de la red vial bonaerense.

Mientras desde el Gobierno provincial se argumenta la necesidad de obtener recursos para sostener y modernizar corredores estratégicos, las entidades de usuarios plantean que la prioridad debería ser una mejor asignación de los fondos ya existentes destinados a infraestructura vial.

Para CONADUV, la instalación de peajes en la Ruta 6 representa una decisión que podría generar más costos que beneficios, particularmente en una provincia donde gran parte de la actividad económica depende del transporte terrestre.

La discusión recién comienza, pero promete convertirse en uno de los debates de infraestructura más relevantes de los próximos meses. En una provincia donde el agro, la industria y la logística dependen de corredores eficientes para movilizar su producción, cualquier modificación en los costos de circulación tiene efectos que trascienden a los usuarios directos y terminan alcanzando a toda la economía.