El Frente Renovador presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados provincial que busca incorporar formalmente el uso de armas no letales en las fuerzas policiales de la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa del legislador Carlos Puglelli propone modificar la Ley 13.482, que regula la organización y el funcionamiento de las policías provinciales, mediante la incorporación de dos nuevos artículos.

En su articulado autoriza su empleo exclusivamente por personal activo que haya aprobado capacitaciones técnicas específicas y evaluaciones psicofísicas impartidas por la Autoridad de Aplicación.

En tal sentido, define a estas armas como dispositivos electrónicos o neumáticos diseñados para generar efectos temporales en el organismo humano, sin provocar lesiones permanentes.

En los fundamentos, el titular de la comisión de Seguridad de la Cámara Baja retoma antecedentes legislativos y se apoya en un informe técnico de marzo elaborado por la investigadora Natasa Loizou, especializada en dispositivos electrónicos de inmovilización.

El legislador argumenta que la denominación “armas no letales” es más precisa e inclusiva que “armas electrónicas”, ya que abarca tecnologías como las de propulsión neumática.

Marco legal y distinción clave

El proyecto sostiene que la medida se enmarca dentro de la legislación nacional vigente (Ley de Armas 20.429 y sus decretos), que ya permite este tipo de dispositivos. La Provincia solo definiría su adopción y regulación para sus fuerzas de seguridad.

Además, establece una clara distinción de derechos humanos: diferencia las herramientas de contacto directo (como la picana eléctrica, asociadas a mayor riesgo de abuso y dolor) de los dispositivos conductores de energía por proyectil (CED), que operan a distancia mediante incapacitación neuromuscular temporal. La propuesta prioriza estos últimos.

Según Puglelli, estas armas llenan un vacío entre la persuasión verbal y el uso de armas de fuego letales, en línea con las directrices de la ONU sobre el principio de gradualidad en el empleo de la fuerza. De esta manera, se buscaría reducir muertes y lesiones graves en intervenciones policiales.

Sin embargo, el texto advierte que no son inocuas: exige capacitación obligatoria, condiciones estrictas de uso y la implementación de sistemas de registro y trazabilidad para cada intervención.