Tras la postura fijada por el Municipio de General Arenales, la empresa Cargill y los centros de transportistas Ruta 65 y Unión de Transportistas difundieron comunicados. Allí rechazaron los cuestionamientos del sector que mantiene la protesta en Arribeños.
La respuesta llega después de que los fleteros, junto al Sindicato Único de Fleteros (SIUNFLETRA), denunciaran haber quedado sin trabajo y reclamaran que las cargas vuelvan a ser realizadas por transportistas de Arribeños. Según sostienen, la situación afecta a unas 31 familias.
En su comunicado, Cargill sostuvo que las personas involucradas en el reclamo "no son ni fueron empleados de la empresa", sino prestadores independientes. Además, afirmó que la asignación de cargas responde a criterios comerciales y operativos, en el marco del derecho de libre contratación.
Por su parte, los centros Ruta 65 y Unión de Transportistas señalaron que el conflicto se originó cuando un grupo de camioneros decidió dejar de prestar servicios para conformar otra entidad. También rechazaron que hayan sido desplazados y afirmaron que "nadie los echó".
El documento cierra con una definición sobre el rol del Estado. Los centros de transportistas sostienen que la contratación del servicio de transporte es una decisión entre privados, en el marco de la libre contratación. En ese sentido, consideran que la administración de Erica Revilla no tiene injerencia en las decisiones empresariales sobre la asignación de cargas.