El Tribunal Oral en lo Criminal Federal condenó a 5 años de prisión al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio Miguel De Vido; al exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López; y al exgerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa, en el marco del juicio por el denominado caso Skanska, donde se investigaron maniobras de corrupción en relación con la contratación y realización del Gasoducto Norte y Sur entre 2004 y 2006.

Según la investigación, entre 2004 y 2006 se pagaron dádivas y sobreprecios en el marco de las contrataciones para expandir la capacidad de transporte de gas natural, lo que incluía la construcción de gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS); la incorporación de potencia de compresión, el acondicionamiento de las plantas compresoras existentes y la construcción de una nueva planta compresora.

En ese sentido, la fiscalía consideró que existió un esquema de pagos de coimas a funcionarios públicos a cambio de direccionamientos discrecionales de obras a determinadas empresas. Los pagos fueron concretados por directivos de la empresa Skanska a funcionarios públicos que intervinieron en ese procedimiento administrativo. Para justificar esos pagos y darles un aparente marco legal, la compañía simuló operaciones comerciales con otras 23 empresas.

La decisión fue tomada por la mayoría compuesta por los jueces Jorge Gorini y Néstor Costabel. En disidencia votó la jueza María Gabriela López Iñiguez. Los fundamentos se conocerán el próximo 22 de septiembre.

Los exfuncionarios fueron considerados responsables de los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, se les impuso una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Por otro lado, los magistrados del tribunal condenaron a penas de entre 3 y 4 años de prisión a directivos y gerentes de Skanska por considerarlos coautores del delito de cohecho activo y partícipes necesarios en la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.