Por: Redacción Semanario de Junín

NOTA DE TAPA PUBLICAD EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 523 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2026

La combinación de errores y omisiones de la dirigencia política frente a la salud pública resulta devastadora. El gobierno nacional mantiene una deuda multimillonaria con la provincia de Buenos Aires y esa situación resiente el funcionamiento de prácticamente todas las áreas de gestión.

En el caso de Junín, una de las más sensibles es la salud pública, ya que un distrito de más de 100 mil habitantes depende en gran medida del Hospital Interzonal General de Agudos “Abraham Piñeyro”. Esto ocurre pese a contar con una oferta privada de excelencia que, en el actual contexto económico, termina siendo inaccesible para gran parte de los juninenses.

Las distintas administraciones municipales han optado durante años por mirar hacia otro lado frente a este escenario. Los Centros de Atención Primaria de la Salud nunca estuvieron plenamente a la altura de las circunstancias y mucho menos durante la gestión de Pablo Petrecca, período en el que funcionan con recortes horarios difíciles de justificar y una desinversión que resulta evidente.

Sin embargo, el ahora senador provincial e intendente en uso de licencia suele cuestionar la caótica situación del HIGA sin asumir la responsabilidad que le corresponde por el desborde permanente que enfrenta el hospital, haciendo oídos sordos a los reiterados reclamos formulados por sus distintas conducciones.

Lo cierto es que, desde hace décadas, el hospital navega por aguas más o menos turbulentas como consecuencia de intereses políticos, disputas personales y prácticas de amiguismo que permiten que algunos ocupen cargos sin cumplir adecuadamente sus funciones, lo que en la jerga popular suele denominarse “ñoquis”.

En ese contexto, ningún espacio político puede arrogarse autoridad moral. Durante la gestión de María Eugenia Vidal la atención mostró serias deficiencias y la inversión fue insuficiente. Por su parte, el gobierno libertario también forma parte del problema al profundizar el proceso de desfinanciamiento de la salud pública bajo una concepción del Estado que reduce al mínimo su capacidad de respuesta frente a las necesidades ciudadanas.

Kicillof está obligado a hacer equilibrio entre la necesidad de mostrar capacidad de gestión y las tensiones políticas que atraviesan a su propio espacio

URGENCIAS

La llegada del cirujano plástico Fernando Crocco a la dirección ejecutiva del HIGA, en enero de 2023, se produjo cuando todavía persistían las secuelas de la pandemia de Covid-19 y la Provincia resolvía la salida de Sebastián Meneses, quien había conducido el hospital durante uno de los períodos más complejos de su historia reciente.

Desde un primer momento surgieron cuestionamientos vinculados a la relación de amistad que mantenía con quien entonces era director provincial de Hospitales, Juan Sebastián Riera, también con vínculos en Junín.

Crocco intentó asumir el mando mediante un estilo de conducción rígido y terminó enfrentado tanto con los sindicatos como con distintos sectores médicos. De ese modo, el HIGA Junín pasó a ocupar más espacio en los medios por sus conflictos internos que por sus logros sanitarios.

La llegada de La Libertad Avanza al poder a fines de 2023, el recorte de fondos a las provincias, la caída del poder adquisitivo que expulsó a miles de personas de las prepagas y la pérdida de empleos que dejó a numerosos trabajadores sin cobertura social agravaron problemas que ya se encontraban presentes.

En ese contexto, el propio Crocco reconoció durante 2024 la existencia de una sobredemanda creciente y reclamó colaboración municipal, aunque sin obtener respuestas concretas.

“Aumentamos la demanda espontánea en la guardia, que ha crecido más del doble y se está trabajando a sala llena”, sostuvo entonces. Y agregó: “Necesitaríamos el apoyo de los CAPS municipales para evacuar las consultas de código verde, que son los cuadros banales de salud, para que el Hospital se dedique a atender la emergentología”.

La sobredemanda en las guardias, la escasez de especialistas y los reclamos salariales conforman un escenario complejo y difícil de revertir

DE MAL EN PEOR

Hoy la crisis hospitalaria de la provincia de Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más delicados. La sobredemanda en las guardias, la escasez de especialistas y los reclamos salariales conforman un escenario complejo y difícil de revertir.

El problema ya no se limita a la infraestructura. Se manifiesta en reparaciones que nunca llegan, equipamientos que funcionan a fuerza de parches, mobiliario deteriorado y falencias cotidianas que terminan naturalizándose.

El desgaste provocado por años de tensiones y conflictos internos derivó en una implosión de lo más valioso que posee cualquier institución sanitaria: sus trabajadores.

La muerte de la enfermera Natalia Bellome, ocurrida en junio pasado mientras cumplía funciones en el hospital, dejó de ser únicamente un hecho doloroso para convertirse en materia de investigación judicial.

Tras las denuncias públicas sobre presuntas falencias en la atención que habría recibido dentro del propio establecimiento donde trabajaba, el caso escaló al ámbito penal mediante una presentación impulsada por el abogado José Luis Itoiz, quien busca esclarecer qué ocurrió durante las horas decisivas en las que la trabajadora habría requerido asistencia médica.

La situación generó una profunda conmoción entre sus compañeros y contribuyó a incrementar el malestar del personal. A las condiciones de estrés permanente se suma una realidad económica que golpea con fuerza. Los salarios resultan insuficientes, las deudas se acumulan y los préstamos se transforman en una carga cotidiana para quienes, pese a todo, deben sostener una atención profesional frente a cada paciente que llega al hospital.

La tarea de enfermería se vuelve cada vez más compleja. A las dificultades mencionadas se agregan faltantes de insumos básicos, entre ellos pañales, situación que impacta directamente en la calidad de la atención.

El HIGA navega por aguas más o menos turbulentas como consecuencia de intereses políticos, disputas personales y prácticas de amiguismo

MÉDICOS EN LUCHA

Desde la llegada de Crocco se profundizó la dificultad para cubrir guardias y sostener determinadas especialidades. Tanto la CICOP como otras entidades sanitarias denunciaron reiteradamente problemas para cubrir vacantes en áreas críticas debido a los bajos salarios y la falta de incentivos.

Un informe de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) sostiene que los profesionales de la salud perdieron cerca del 17 por ciento de su poder adquisitivo desde fines de 2023. El gremio advierte que esta situación fomenta el pluriempleo y compromete seriamente el funcionamiento del sistema público bonaerense.

Según un relevamiento elaborado por el Consejo de Seccionales bonaerenses de la entidad, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 la inflación acumuló un 303,43 por ciento, mientras que las actualizaciones salariales quedaron por debajo de esa evolución. Como consecuencia, los médicos sufrieron una pérdida real de ingresos cercana al 17 por ciento.

Desde AMRA señalaron que “los ingresos actuales continúan siendo insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los profesionales y sus familias, además de los gastos inherentes al ejercicio de la medicina”.

Actualmente, un médico que se incorpora al sistema público provincial percibe un salario cercano a los 1,3 millones de pesos mensuales, cifra que el gremio considera insuficiente y por debajo de los ingresos promedio de otros trabajadores registrados.

Frente a este escenario, la respuesta de la dirección del HIGA lejos estuvo de contribuir a descomprimir la situación.

Esta semana los reclamos llegaron desde el área de Diagnóstico por Imágenes. Los técnicos iniciaron medidas de fuerza denunciando hostigamiento y persecución laboral por parte de Crocco, quien los habría acusado de provocar intencionalmente fallas y roturas en el resonador magnético para evitar cumplir con sus tareas.

Sin embargo, resulta conocido que este tipo de equipamiento está sometido a un desgaste constante debido a la intensidad de uso que registra un hospital desbordado por la demanda de una comunidad que carece de otro servicio público de similares características.

Tampoco puede olvidarse lo ocurrido dos años atrás, cuando la CICOP Junín denunció que una docena de trabajadores del hospital habían sido víctimas de ciberdelitos a partir del robo y utilización de datos personales por parte de un empleado.

La maniobra derivó en bloqueos de tarjetas de débito, accesos de home banking comprometidos y duplicación de tarjetas de crédito. El problema terminó afectando también a comercios y terceros involucrados, generando situaciones de extrema gravedad que incluyeron amenazas, persecuciones e incluso episodios de violencia.

Todo ello ocurrió en medio de la polémica decisión de implementar sistemas de identificación biométrica para el personal.

Los profesionales de la salud perdieron cerca del 17 por ciento de su poder adquisitivo desde fines de 2023

KICILLOF BANCA

La contradicción resulta todavía más evidente si se observa la reciente decisión del gobernador de desplazar a Juan Sebastián Riera de la Dirección Provincial de Hospitales. La medida fue presentada como una respuesta a las deficiencias acumuladas en la gestión hospitalaria bonaerense y como una señal de que la Provincia estaba dispuesta a corregir errores en un sistema que muestra síntomas de agotamiento.

Sin embargo, en Junín esa voluntad correctiva parece detenerse en la puerta del HIGA. Si la crisis hospitalaria es tan profunda como reconocen los propios funcionarios provinciales, si los conflictos gremiales se multiplican, si la falta de especialistas se agrava, si la muerte de una trabajadora derivó en una investigación judicial y si los reclamos internos se suceden sin pausa, resulta difícil comprender cuáles son los argumentos que justifican la continuidad de Fernando Crocco al frente del establecimiento.

La imagen que proyecta la administración bonaerense es la de un gobernador obligado a hacer equilibrio entre la necesidad de mostrar capacidad de gestión y las tensiones políticas que atraviesan a su propio espacio. El problema es que mientras ese delicado equilibrio se sostiene sobre cálculos partidarios, el hospital continúa funcionando al límite de sus posibilidades y miles de juninenses siguen dependiendo de un sistema sanitario que cada día ofrece menos certezas.

Porque más allá de las disputas internas, de los nombres propios y de las conveniencias coyunturales, la pregunta que sigue sin respuesta es cuánto tiempo más puede soportar el principal hospital público del noroeste bonaerense una crisis que ya dejó de ser una advertencia para convertirse en una realidad cotidiana.

En síntesis, el hospital regional donde se atiende la inmensa mayoría de los juninenses ya no logra absorber la cantidad de pacientes que demandan atención. Las largas esperas en las guardias generan un clima de tensión permanente que muchas veces deriva en episodios de violencia protagonizados por familiares exasperados por la demora.

Basta observar los vidrios rotos en las ventanillas del sector de admisión para comprender el nivel de tensión que se vive a diario en el principal centro sanitario público de la región.