Este martes, el Gobierno adjudicó la concesión de cuatro corredores viales por 20 años, entre los que se encuentran tramos de las rutas 7 y 188 y que atraviesan Junín, durante los cuales distintas empresas privadas gestionarán los tramos a través del sistema de obra pública por peajes.
La novedad se oficializó en la Resolución 1149/2026, publicada este martes 28 de julio en el Boletín Oficial, con la firma del ministro de Economía Luis Caputo.
Los concesionarios ejecutarán obras de reparación, ampliación, conservación y mantenimiento antes de aplicar cuadros tarifarios. El esquema incluye obligaciones de nuevas explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales pero no se contemplan obras pendientes, por lo que en nuestra región, ni la Variante Chacabuco como tampoco la doble vía entre Chacabuco y Carmen de Areco está entre las obras que se concretarán.
La Etapa II-B comprende cuatro tramos estratégicos, que quedaron adjudicados del siguiente modo:
El Tramo Mediterráneo comprende 672 kilómetros de las rutas nacionales 7 y 35. Creditech-Plantel se adjudicó la concesión con una tarifa de $ 1.989,67 sin IVA. El consorcio presentó la propuesta más conveniente entre diez oferentes.
El Tramo Puntano abarca 720 kilómetros en rutas nacionales 8, 36, 193 y A-005. Basaa-Cecosa ganó con tarifa de $ 1.440,08 sin IVA. Nueve empresas presentaron propuestas para este sector estratégico de conectividad nacional.
El Tramo Portuario Sur suma 637 kilómetros de rutas nacionales 9 y 188. Creditech-Plantel ganó nuevamente con $ 1.256,03 sin IVA. Este corredor recibió siete propuestas de operadores privados.
Por último, CPC S.A. se adjudicó el Tramo Portuario Norte de 528 kilómetros en rutas 9, 33 y A-008. La empresa ofreció $ 1.856 sin IVA. Cinco consorcios compitieron por esta concesión del área metropolitana bonaerense.
Los cuatro tramos suman más de 2.500 kilómetros en puntos críticos de la red vial. Todos funcionarán bajo concesión de obra pública por peaje, conforme a la Ley 17.520 y sus modificatorias.
La Comisión Evaluadora analizó todas las ofertas económicas tras la precalificación y concluyó que las adjudicaciones cumplían los requisitos y representaban opciones más convenientes para el interés público.