En la Cámara de Diputados bonaerenses, presentaron un proyecto de ley para que las multas de tránsito y otras deudas administrativas no impidan tramitar o renovar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue presentada por el legislador Juan Esteban Osaba, de La Libertad Avanza, y propone modificar el artículo 8 de la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927. La propuesta establece que ninguna autoridad provincial o municipal podrá exigir la presentación de un libre deuda como requisito para iniciar, tramitar, otorgar, renovar o solicitar un duplicado del registro.

“El registro es para manejar, no para recaudar”, señala Osaba, quien cuestionó que los municipios condicionen la realización del trámite al pago previo de infracciones, tributos o tasas administrativas. “Si una deuda corresponde, que el Estado la cobre por la vía legal, pero que deje de tomar de rehén a los bonaerenses para agrandar la caja”, indica.

El registro es para manejar, no para recaudar. Presenté un proyecto para que las multas no impidan renovar la licencia. Si una deuda corresponde, que el Estado la cobre por la vía legal, pero que deje de tomar de rehén a los bonaerenses para agrandar la caja. pic.twitter.com/62mBgnvX42

— Juanes Osaba (@JuanesOsaba) August 4, 2026

El diputado agregó que muchos bonaerenses descubren al momento de renovar su licencia que no pueden completar el trámite hasta cancelar las multas registradas. “Eso no mejora la seguridad vial, solo convierte la licencia en una herramienta de recaudación”, manifestó.

El proyecto contempla que las actas de infracción en trámite y las multas impagas que todavía no hayan sido juzgadas o que no cuenten con una sentencia firme y ejecutoriada tampoco puedan bloquear la gestión de la licencia.

En esos casos, el organismo emisor podrá comunicarle al solicitante el estado de sus antecedentes, aunque esa notificación tendrá únicamente carácter informativo y no impedirá avanzar con el trámite.

La modificación no eliminaría las infracciones ni las deudas existentes. La Provincia y los municipios conservarían la facultad de reclamar el pago mediante los procedimientos legales correspondientes.