Por: Redacción Semanario de Junín

Un juez federal de Venado Tuerto hizo lugar a un amparo y ordenó la reparación integral de los tramos de las rutas nacionales 7,8 y 33 que atraviesan el departamento General López en Santa Fe, al considerar acreditado el grave deterioro de las calzadas y el incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento.

La decisión fue adoptada por el juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa, en el marco de una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

El magistrado señaló que el estado de las rutas requiere una intervención urgente y destacó que la propia documentación de Vialidad permitió comprobar el deterioro existente.

El juez concluyó que las distintas reparticiones encargadas de los corredores viales “han incumplido con los deberes mínimos de mantenimiento y conservación”, situación que, según señaló, genera un peligro para quienes circulan por ellos.

UNA RUTA QUE NECESITA “DE MANERA URGENTE INTERVENCIÓN”

Uno de los elementos que tuvo en cuenta el magistrado: la propia Dirección Nacional de Vialidad había reconocido el estado crítico de la Ruta 33. El fallo menciona la presencia de “importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos”, que implican “un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios y usuarias”.

Según surge del fallo, una nota elaborada por autoridades del Distrito Santa Fe de Vialidad sostuvo que “el estado de la ruta necesita de manera urgente intervención”. Ese diagnóstico dio lugar a una licitación que terminó adjudicada a la empresa Rovial S.A.

Sin embargo, las obras no pudieron completarse. La empresa realizó trabajos de bacheo en una parte de la ruta, pero luego las tareas quedaron paralizadas debido a que no fueron autorizadas las partidas presupuestarias necesarias para continuar.

De hecho, el expediente contiene fotografías aportadas por la propia DNV que permitieron observar el estado de la calzada.

INCUMPLIMIENTOS EN LAS RUTAS 7 Y 8

La sentencia cuestionó además el mantenimiento de las rutas nacionales 7 y 8, concesionadas a Corredores Viales S.A.

Respecto de la Ruta 7, el juez sostuvo que se realizaron algunas tareas de bacheo, pero que “no se encuentra acreditado de forma plena que se hayan realizado obras y/o tareas de mantenimiento sostenidas en el tiempo sobre la totalidad del tramo” que atraviesa General López.

En cuanto a la Ruta 8, el fallo señala que la propia DNV había labrado 55 actas de constatación por incumplimientos contractuales de Corredores Viales, además de realizar reiteradas comunicaciones para intentar corregir las deficiencias detectadas.

El juez remarcó que la empresa solo había acreditado tareas sobre los kilómetros 359 a 362, lo que, según concluyó, no alcanzaba para cubrir las necesidades del corredor en materia de seguridad vial y mantenimiento de la calzada.

Por eso, rechazó el argumento de Corredores Viales de que sus obligaciones no incluían la repavimentación.

El magistrado aclaró que la empresa sí tenía obligaciones vinculadas con “la mejora, reparación y mantenimiento” de las rutas 7 y 8 y que, de acuerdo con las pruebas del expediente, había incumplido esas obligaciones.

En gran parte del país las rutas nacionales muestran la ausencia de mantenimiento

EL ESTADO NO PUEDE DESLIGARSE

El juez remarcó que el Estado Nacional no puede desentenderse de la reparación argumentando que determinadas rutas están concesionadas o que las empresas responsables están cambiando.

El fallo fue dictado en un momento en que avanzaban nuevas adjudicaciones dentro de la Red Federal de Concesiones. La Justicia consideró que esa situación no podía convertirse en un obstáculo para garantizar la seguridad de los usuarios.

En ese sentido, el juez sostuvo que la distribución interna de competencias no puede impedir la protección efectiva de los derechos comprometidos.

Por eso estableció que la reparación deberá ser cumplida por el Estado Nacional, directamente a través de Vialidad o del organismo que en el futuro tenga esas competencias, o mediante las empresas concesionarias correspondientes.

La eventual intervención de las concesionarias no modifica la responsabilidad estatal de garantizar que la orden judicial se cumpla.

Para el juez, el deterioro de las rutas no constituye solamente un problema de infraestructura. Está directamente relacionado con derechos fundamentales.

En la sentencia se señala que el amparo busca proteger derechos como la libre circulación, la salud, la vida y la seguridad vial frente a las omisiones vinculadas con el mantenimiento de las rutas.

Además, el magistrado consideró que el mal estado de las calzadas constituye un hecho público y notorio para los habitantes y usuarios habituales de la región.

Las pruebas incorporadas al expediente, agregó, evidencian “el grave estado de deterioro de la cinta asfáltica” y la falta de acciones suficientes de conservación y mantenimiento en los sectores concesionados.

En la parte resolutiva, el juez rechazó los planteos de falta de legitimación formulados por Corredores Viales S.A. y por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

¿Intimará la justicia al Estado por la conclusión de los tramos pendientes en la RN7 como la Variante Chacabuco o el tramo entre Areco y Chacabuco?

DESFINANCIAMIENTO

Al cierre de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras, principalmente títulos públicos y plazos fijos, mientras otros $37.761 millones estaban inmovilizados en una cuenta corriente. En total, la investigación calculó $1.038.779 millones que no habían sido aplicados a obras.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció posteriormente que una parte de los recursos es administrada por el Ministerio de Economía dentro de la estrategia para alcanzar el equilibrio fiscal. 

“Una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía”, explicó, aunque señaló que no podía precisar cuánto correspondía a cada destino.

Los tres movimientos colocan a la política vial del Gobierno bajo presión desde distintos frentes. La Casa Rosada busca reducir su participación directa y transferir tareas a gobernadores y privados, pero al mismo tiempo la Justicia acaba de remarcar la responsabilidad nacional sobre la seguridad de los corredores y aparecen cuestionamientos sobre el nivel de ejecución de recursos que tienen un destino vial específico.

El desafío para el Ejecutivo será sostener su política de equilibrio fiscal y descentralización mientras crecen los reclamos por el deterioro de las rutas. El debate ya no pasa solamente por quién realiza las obras, sino también por quién las paga y hasta dónde puede avanzar el gobierno nacional en la transferencia de responsabilidades sobre una red que continúa bajo jurisdicción federal.

Este reciente fallo judicial alcanza al Estado Nacional, que deberá garantizar las obras a través de Vialidad, del organismo que eventualmente la reemplace en esas funciones o de las empresas concesionarias que correspondan. ¿Será este el guante que recoja la Justicia de la región para avanzar en las paralizadas obras de nuestra región como la Variante Chacabuco y el tramo inconcluso entre Carmen de Areco y Chacabuco, aunque la transitabilidad esté asegurada por la vieja ruta 7? ¿Será la Justicia la que intime al Estado Nacional a que haga una obra que, pese a que recaudó millones de los usuarios y que debería haber destinado al arreglo de las rutas, prefirió bajarles la persiana?

“Arreglar una ruta después de años de abandono es mucho más caro que mantenerla. No nos estamos ahorrando nada los argentinos, esto nos va a salir carísimo”, advirtió el Ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. “Se están timbeando la plata que debería ir a las obras públicas. Está en juego la vida de la gente, de las familias que viajan en nuestras rutas”, sostuvo. Ahora, finalmente, la Justicia parece haber entendido que las urgencias, no eran una cuestión política sino una verdadera necesidad.

EN PROVINCIA, TAMBIÉN

La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra funcionarios del Ministerio de Economía, de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco de la Nación Argentina (BNA) por el presunto desvío de más de un billón de pesos destinados a obras viales.

En la presentación se solicita investigar la posible comisión de delitos como malversación agravada de fondos públicos, administración fraudulenta contra la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio del cargo, sin excluir otras figuras que puedan surgir a lo largo de la causa vinculada a la supuesta retención y desvío de fondos con asignación específica del Sistema Vial Integrado (SISVIAL).

De acuerdo con la documentación oficial incorporada, al 31 de mayo de 2026 el SISVIAL acumulaba más de $1,001 billones volcados a inversiones financieras (colocados en plazos fijos y títulos públicos) y otros $37.761 millones paralizados en cuentas bancarias. En total, más de $1,038 billones permanecían sin utilizarse para el avance de las obras de vialidad.

Entre los proyectos afectados, el escrito detalla las obras sobre las rutas nacionales 3 y 5 en la provincia de Buenos Aires, financiadas parcialmente mediante el crédito internacional CAF 11744.

Pese a que el plan contemplaba una estructura de financiamiento con un 70% de crédito externo y un 30% de contraparte nacional, los informes de auditoría del período 2024 constataron un 0% de ejecución de los aportes locales, aun cuando existían recursos disponibles dentro del marco del SISVIAL.

Respecto al estado de los trabajos, el tramo Mercedes-Variante Suipacha de la RN5 mostraba a mayo de 2026 un progreso físico de tan solo el 16,89% y una ejecución financiera del 11,36%.

A su vez, otro segmento sobre la misma traza (entre la intersección con la RP 41 y el km 104) reportaba a diciembre de 2025 un avance del 0,88%, a pesar de contar con fecha límite contractual para octubre de ese mismo año. En cuanto a la RN3 (San Miguel del Monte–Gorchs), la obra registraba a mayo de 2026 un avance físico del 26,95%.