El pasado viernes 14 de agosto, entre las 10 y las 18 horas, el sistema de cobro electrónico en la Autopista Riccheri decidió, por un “error de procesamiento”, que un simple viaje al trabajo o al aeropuerto valía una pequeña fortuna.
Usuarios que habitualmente abonan una tarifa de $1.548 en horario no pico, se encontraron con que les habían succionado de sus cuentas de Mercado Pago la friolera de $155.882 por una sola pasada.
Bajo la bandera de la “modernización”, el Gobierno nacional impulsó la eliminación del cobro en efectivo en los peajes, una medida que rige en la Riccheri desde el 1 de julio. Sin embargo, la tecnología, en manos de la concesionaria Corresur, demostró ser un arma de doble filo. Mientras las empresas se ahorran costos de personal y agilizan el flujo vehicular, el usuario queda expuesto a fallas sistémicas que nadie parece prever.

Desde Corresur se limitaron a informar que sus “equipos técnicos” trabajan en el origen del inconveniente, como si se tratara de un detalle menor y no de una vulneración masiva a la propiedad de los usuarios.
Si bien la empresa aseguró que los reintegros y la reversión del dinero ya están “en curso”, el daño ya está hecho.Si bien la empresa aseguró que los reintegros y la reversión del dinero ya están “en curso”, el daño ya está hecho. Valga este ejemplo de la “modernización” y ausencia del Estado para mostrar como la transferencia de riesgos pasan del empresario al usuario de un plumazo y a casi nadie le llama la atención.