El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió el camino para que empresas de logística, distribución y servicios comiencen a probar drones en operaciones reales dentro de Capital Federal, incluso mediante vuelos en los que las aeronaves podrán desplazarse más allá del alcance visual de sus pilotos. La medida quedó establecida mediante la Resolución 175/SECT/26 de la Secretaría de Transporte, firmada el 19 de agosto y publicada este martes 25 en el Boletín Oficial porteño.

La norma autoriza pruebas piloto con aeronaves RPA/RPAS de las categorías Abierta y Específica y crea, además, el procedimiento administrativo para realizar operaciones BVLOS, la modalidad que permite volar sin que el piloto mantenga contacto visual directo con el equipo durante todo el recorrido.

Además, el alcance establecido en la resolución es considerablemente mayor al de los pequeños drones recreativos ya que las experiencias podrán incluir aeronaves de la denominada Categoría Específica, que comprende equipos con un peso máximo de despegue superior a 25 kilos y de hasta 150 kilos, aunque esa cifra incluye el peso de la propia aeronave y no representa su capacidad de carga.

La resolución no habilita todavía un servicio comercial masivo de delivery aéreo ni permite que cualquier compañía comience a sobrevolar Buenos Aires. Crea, en cambio, el mecanismo local para que operadores previamente habilitados por las autoridades aeronáuticas puedan ensayar recorridos y aplicaciones concretas.

La logística como uno de los objetivos esenciales

En los considerandos de la norma, el gobierno porteño sostiene que esta tecnología puede permitir "optimizar la logística urbana mediante la reducción de los tiempos de entrega de bienes esenciales y la disminución de su incidencia sobre el tránsito urbano", y también menciona la automatización de actividades "logísticas o de monitoreo".

La decisión encuentra, además, un antecedente empresarial concreto en la Argentina con la empresa OCASA, que ya participó de una experiencia de transporte mediante drones realizada en Salta junto con Cupertino Aerial Intelligence y con participación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Quiénes podrán competir en la Ciudad

La Resolución 175 no menciona a la compañía ni identifica empresas interesadas y la documentación de la norma tampoco adjudica autorizaciones particulares.

Pero el mercado local ya cuenta con empresas trabajando sobre el mismo tipo de operaciones para las cuales Buenos Aires acaba de establecer un régimen experimental.

En el caso de Cupertino Aerial Intelligence, fue fundada en 2022 y está especializada en tecnología y servicios con drones. Según la información societaria publicada en el Boletín Oficial de la Nación, después de una cesión de cuotas registrada en 2023, Diego Karl quedó con el 50% del capital de la sociedad y Diego Martín Salaverri con el otro 50%.

Entre sus actividades aparecen servicios para petróleo y gas, energía, construcción, seguridad, topografía y logística, segmento en el cual señala específicamente el uso de drones para entregar paquetes y otros bienes.

Además desarrolló Naime, una solución orientada a redes de drones para entregas médicas que está planteada para transportar medicamentos, insumos y materiales críticos mediante recorridos programados entre estaciones de envío y recepción.

Aval nacional antes de entrar al espacio porteño

De todos modos, cabe aclarar que la Resolución 175 del gobierno porteño no reemplaza las facultades de la ANAC ni convierte a la Ciudad en autoridad aeronáutica.

En la norma se establece que el operador deberá obtener primero la autorización nacional necesaria para realizar el vuelo dentro del área restringida correspondiente a Buenos Aires.

Además, cada experiencia solamente podrá desarrollarse en las zonas, días, horarios y condiciones meteorológicas expresamente aprobadas.

Los equipos deberán estar certificados por la autoridad correspondiente y ser operados por personal habilitado. Además, la Ciudad exige asistencia remota permanente durante el vuelo, con capacidad para intervenir frente a fallas del sistema.

Una vez obtenidas las autorizaciones de ANAC, el explotador deberá presentar el plan de vuelo ante EANA, la empresa estatal encargada de prestar los servicios de navegación aérea y gestionar el movimiento de aeronaves.

De hecho, EANA ya tiene establecido un procedimiento específico para usuarios de RPA/RPAS que necesiten solicitar espacio aéreo.

Las empresas asumirán el riesgo de cualquier accidente

La posibilidad de experimentar sobre una ciudad densamente poblada viene acompañada por una condición especialmente relevante para las compañías que decidan participar.

El gobierno porteño podrá exigir una declaración jurada mediante la cual el operador se comprometa a mantener indemne a la Ciudad frente a las consecuencias de la prueba. El texto establece que deberá asumir "plena y exclusiva responsabilidad civil, penal y administrativa por cualquier hecho, acto u omisión ocurrido con motivo o en ocasión de la prueba piloto autorizada".

La obligación continuará vigente incluso una vez terminada la experiencia y a esa responsabilidad se agregan los seguros exigidos tanto por el régimen porteño como por las reglas aeronáuticas aplicables a determinadas operaciones.

La combinación explica por qué la resolución no equivale a liberar el espacio aéreo para el delivery: crea una instancia experimental bajo responsabilidad de las empresas y con una cadena previa de controles.