El proyecto de ley impulsado por la diputada libertaria Karen Reichardt para regular los refugios, hogares de tránsito y criaderos de animales generó fuertes cuestionamientos entre proteccionistas, quienes advirtieron que la iniciativa “pone en riesgo toda esa solidaridad espontánea” y señalaron que “esconde un negocio que seguramente será para pocos y encima con animales de por medio”.

Agrupaciones de rescatistas cuestionaron y remarcaron que las organizaciones que rescatan animales funcionan, en muchos casos, sin estructura estatal y a partir del trabajo voluntario y las donaciones.

Para ellos “la ley que busca regular refugios y criaderos es, básicamente, un engaño”, debido a que ambos espacios tienen objetivos y realidades diferentes. Remarcaron que los refugios se ocupan de alojar animales rescatados, rehabilitarlos y darles la mejor vida posible hasta que encuentren un hogar. Mientras que los criaderos son núcleos de explotación animal.

Las proteccionistas consideraron que buscar equiparar ambas actividades esconde un negocio que seguramente será para pocos y, encima, con animales de por medio. Los refugios muchas veces cumplen tareas que debería abordar el Estado. “Sería bienvenida una ley que apuntale y colabore con las tareas de los refugios. Y otra que evite que los criaderos sigan maltratando y arruinando la vida de los animales”.

Una de las críticas al proyecto libertario es que formar una comisión nacional de registro de refugios ‘parece una medida para tener el control absoluto de algo’. Eso podría estar bien si fuera una actividad privada, pero en este proyecto le pifiaron muchísimo porque trata a todos por igual.

Los rescatistas se encuentran en contra de los criaderos, porque implica lucrar con los animales y desde el sector advirtieron que los requisitos previstos podrían poner en jaque la continuidad de espacios sostenidos por particulares. ¿Por qué? Porque la iniciativa exigirá un plan de evacuación, un sistema contra incendios, pagos mensuales y tener un director técnico veterinario matriculado de forma permanente, cuando en la realidad, ante una urgencia, son los voluntarios quienes llevan a los animales a una veterinaria y reúnen dinero entre ellos para afrontar los costos.

Uno de los principales riesgos del proyecto es que una normativa rígida termine afectando precisamente la capacidad de respuesta que tienen los rescatistas ante situaciones de emergencia.

Más allá de la iniciativa puntual, una legislación destinada a los refugios podría ser positiva si partiera de las necesidades concretas de estas organizaciones solidarias, aunque se trataría de una solución parcial porque “los refugios no deberían existir”.

Para el sector, los refugios existen porque el Estado no responde. “Lo que realmente se necesita es un plan de educación de base para cambiar la cultura de las personas, para entender que el animal es un ser sintiente que no puede estar atado, muerto de hambre o abandonado, y que hay que castrarlos porque si no, la reproducción es imparable”. El abordaje debería combinar educación, castraciones masivas, sanciones efectivas contra el maltrato y políticas públicas de control poblacional.

“Tendría que haber 100.000 refugios porque hay millones de perros en la calle. Lo que debe cambiar es la cultura”, afirmaron. Otro de los cuestionamientos del voluntariado es el funcionamiento actual de los organismos encargados de intervenir ante casos de maltrato funciona deficientemente, y muchas denuncias no avanzan porque Zoonosis o la policía no actúan y, aun cuando se retira a un animal, no siempre existe un lugar donde alojarlo.

EN JUNÍN, MUCHO ESFUERZO Y POCO APOYO

La problemática de la superpoblación de perros callejeros en el partido de Junín ha generado fuertes cruces entre las agrupaciones proteccionistas de animales y el gobierno municipal a lo largo del tiempo. Mientras las organizaciones independientes y la Asociación Protectora de Animales (AJPA) denuncian la falta de recursos oficiales para sostener los refugios, desde la comuna insisten en que la raíz del problema reside en la falta de tenencia responsable por parte de la ciudadanía.

Los proteccionistas argumentan que ‘el abordaje debería combinar educación, castraciones masivas, sanciones efectivas contra el maltrato y políticas públicas de control poblacional’

La labor de los rescatistas locales se ha vuelto cada vez más compleja y depende casi en su totalidad del esfuerzo voluntario y las donaciones de la comunidad. Espacios críticos como el refugio de la calle Lartigau albergan actualmente a más de un centenar de animales, subsistiendo a base de rifas y colectas para costear deudas veterinarias y alimentos en un contexto económico adverso. Los activistas señalan que las partidas presupuestarias del Estado local no alcanzan a cubrir la demanda de emergencias de los animales abandonados.

Debido a que el municipio no asume gastos operativos de contingencia (como el pago de tratamientos médicos complejos en clínicas privadas, cirugías traumatológicas por atropellos o alimento diario para los cientos de animales judicializados o abandonados), las agrupaciones locales denuncian un "vacío presupuestario" para la emergencia animal. Esta falta de fondos fijos obliga a los voluntarios a recurrir permanentemente al financiamiento colectivo y solidario de la comunidad para evitar cierres.

Frente a las críticas, desde el Gobierno local a cargo del interino Juan Fiorini remarcaron que el municipio sostiene de forma continua las campañas de castración masiva y vacunación antirrábica gratuita. Fuentes oficiales argumentaron que, aunque se asiste puntualmente a las entidades con infraestructura, la superpoblación animal no se resolverá de raíz sin un cambio cultural profundo en la población que frene el abandono doméstico. Para los proteccionistas, sin embargo, el ritmo de las castraciones oficiales sigue estando por detrás de la tasa de reproducción de los animales callejeros.

En este contexto, está claro que falta organización, presupuesto y una mirada comprometida Tal vez una reforma legislativa que establezca penas más duras y sea efectivamente aplicada podría representar un cambio importante. Sin olvidar las políticas de castración, que tienen un impacto directo sobre la cantidad de animales abandonados.

No obstante, las diferencias entre municipios que tiene alguna política sanitaria y otros que no tienen ninguna, muestran la necesidad de una política pública sostenida para abordar el abandono con otra mirada y evitar el maltrato animal.