La Justicia avanzó sobre el manejo de los fondos que, por ley, deben utilizarse para financiar obras y mantenimiento de las rutas nacionales. El juez federal Ariel Lijo ordenó al Gobierno que entregue información sobre el destino que tuvieron los recursos del fideicomiso del Sistema Vial Integrado (SisVial), en una causa que investiga la subejecución de ese fondo.

El magistrado puso el foco en el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, y pidió conocer qué colocaciones financieras se hicieron con el dinero recaudado a través del impuesto a los combustibles líquidos, que tiene una asignación legal específica para la red vial.

En una resolución firmada el viernes por la noche, Lijo solicitó los expedientes y actos mediante los cuales se emitieron instrucciones al Banco Nación vinculadas con el fideicomiso creado por el decreto 976/01 desde el 1° de enero de 2024 hasta la actualidad.

También reclamó un detalle de las colocaciones financieras realizadas con fondos SisVial, información sobre la utilización del dinero por provincia y por obra y la ejecución presupuestaria de los proyectos Bapin 130023, 130026 y 130027 según su fuente de financiamiento.

El decreto 976/01 creó el SisVial en 2001 y estableció un fideicomiso alimentado con recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. El destino fijado por la normativa es la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. Economía funciona como autoridad de aplicación y el Banco Nación como fiduciario.

Los proyectos Bapin mencionados en el pedido judicial corresponden a trabajos que se encuentran paralizados en las rutas nacionales 5 y 3 y que, en conjunto, representan unos $23.000 millones.

La investigación también alcanzó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Lijo reclamó los expedientes correspondientes a las obras de las rutas 5 y 3 y también pidió documentación sobre trabajos realizados en rutas nacionales que atraviesan La Rioja desde el 10 de diciembre de 2023.

En el caso de la provincia gobernada por Ricardo Quintela, la atención está puesta especialmente sobre la ruta nacional 76. El juez pidió información sobre el convenio de Transferencia de Funciones Operativas (TFO) firmado con la Administración Provincial de Vialidad, los motivos por los que no fue renovado y las tareas de mantenimiento realizadas por la Provincia que todavía están pendientes de pago.

Además, solicitó conocer cuál es la situación de las bases imprimadas sin carpeta asfáltica correspondientes a la obra de la RN 76 y qué medidas se tomaron para preservarlas.

El expediente judicial se inició luego de que se difundieran datos sobre el nivel de ejecución del fideicomiso. Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, la tasa de subejecución del SisVial alcanza el 73,8%.

Durante 2024 se utilizaron para los fines previstos apenas el 11,3% de los recursos recaudados, con $40.668 millones ejecutados sobre un total de $360.238 millones. En 2025, la ejecución llegó al 39%, con $270.592 millones utilizados sobre $692.514 millones recaudados.

Entre enero y mayo de 2026, en tanto, se destinó a los objetivos del fideicomiso el 18,5% de los fondos, equivalente a $83.144 millones sobre $450.500 millones. En el período analizado, el SisVial acumuló $1.503.252 millones recaudados y $394.406 millones ejecutados.

El propio Gobierno reconoció que parte de esos recursos no termina en el mantenimiento de las rutas. El vocero presidencial Adrián Ravier lo admitió en una entrevista con El Diario de La Pampa, publicada el 9 de agosto.

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte lo dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, sostuvo el funcionario.

La difusión de los datos sobre la ejecución del fondo derivó además en una denuncia presentada por la diputada nacional bonaerense Victoria Tolosa Paz. La legisladora pidió que se investiguen posibles delitos de malversación de fondos públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

En la resolución del viernes, Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº11, aceptó como querellantes tanto a Tolosa Paz como al gobernador riojano Ricardo Quintela, ambos vinculados al peronismo.

El avance de esta causa se suma a una serie de decisiones judiciales que, desde el comienzo de la gestión de Milei, ordenaron al Estado intervenir sobre el deterioro de distintas rutas nacionales.

Este mes, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad reparar de manera inmediata e integral las rutas nacionales 7, 8 y 33 en su paso por el departamento General López, en el sur de Santa Fe. Ese pronunciamiento se convirtió en el sexto fallo de características similares dictado durante los últimos 14 meses en distintas provincias del país.