La Justicia Federal puso bajo investigación el funcionamiento de un basural a cielo abierto de unas 20 hectáreas en San Pedro, en el norte de la provincia de Buenos Aires, ante la posibilidad de que décadas de acumulación y quema de residuos, un escenario similar al expuesto en el ranking mundial de emisiones que lidera un basural del CEAMSE, hayan provocado contaminación del suelo y del agua.

El foco está puesto en La Tosquera, el predio utilizado para la disposición final de los residuos del distrito y en donde los investigadores encontraron problemas ambientales que se arrastran desde hace años como la inexistencia de impermeabilización que separe la basura del suelo ni de un sistema adecuado para captar y tratar los lixiviados, además de haberse registrado quemas, humo, olores y residuos acumulados directamente sobre el terreno.

Junto al basural se extiende un barrio en el que el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) relevó 462 familias y en donde parte de sus habitantes utiliza agua extraída de pozos, con cursos próximos que terminan desembocando en el río Paraná.

En las últimas semanas, la causa avanzó con allanamientos en la Municipalidad de San Pedro, el Concejo Deliberante y Ashira S.A., la concesionaria encargada de recoger y transportar los residuos, que trabaja en el distrito desde 1987 y cuyos camiones fueron observados por la Policía Federal ingresando a La Tosquera para descargar basura.

La empresa tiene alcance nacional ya que, por ejemplo, participa además del servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires y desde hace años se la vincula públicamente con el entorno de Hugo Moyano, el histórico dirigente del Sindicato de Camioneros.

El expediente judicial todavía no atribuyó a Ashira la eventual contaminación ya que los peritajes deberán determinar primero si existen sustancias contaminantes y, a partir de esa evidencia, establecer las responsabilidades dentro de un sistema en el que la compañía tiene concesionadas la recolección y el transporte, mientras el predio utilizado para la disposición final es municipal.

Por qué se investiga el basural de San Pedro

El origen de la investigación judicial se remonta al 5 de noviembre de 2025, cuando la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), encabezada por el fiscal federal Ramiro González, tomó conocimiento de la situación de La Tosquera a partir de información sobre combustión de residuos y emanaciones de humo. El Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal inspeccionó el lugar y constató que el basural no tenía cierre ni protección perimetral.

Durante el relevamiento se registraron humo, insectos, olores nauseabundos, maquinaria trabajando directamente sobre los residuos y distintos focos de quema.

Los agentes también encontraron papel, nailon, envases plásticos y de vidrio, cartón, madera, chapas metálicas, neumáticos y restos de poda, entre otros materiales.

El posterior análisis técnico de la UFIMA incorporó el posible impacto sobre el suelo y las aguas subterráneas y los especialistas determinaron que el sitio no cuenta con una membrana que aísle los residuos del terreno ni con infraestructura para captar, conducir y tratar los lixiviados.

Esos líquidos se generan cuando el agua atraviesa la masa de residuos y arrastra sustancias contenidas en ella, por lo que si un sitio de disposición carece de una barrera impermeable, pueden infiltrarse en el terreno y alcanzar las aguas subterráneas.

Un basural que afecta a la comunidad local En las últimas semanas, la investigación dejó de limitarse al funcionamiento del basural cuando los agentes avanzaron sobre las condiciones de vida de quienes habitan a su alrededor.

Durante las inspecciones, la Policía Federal encontró adultos, niños y niñas dentro del predio separando cartones y botellas como parte de un proceso “laboral” que no constituye una actividad ocasional en La Tosquera sino que se lleva a cabo desde hace años y que forma parte de los ingresos de familias que llegan al lugar para seleccionar elementos reutilizables.

De hecho, esa relación entre el barrio y el basural fue analizada incluso antes de la causa federal al punto que un proyecto elaborado desde la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) describió la existencia de un asentamiento precario próximo al sitio de disposición y registró problemas de vivienda, infraestructura y servicios.

El trabajo también señaló que numerosas familias obtenían ingresos de actividades relacionadas con la recuperación de materiales. Con información de Economía Sustentable