La crisis de Musimundo ingresó en una etapa definitiva para una de las compañías que explotan la histórica cadena de electrodomésticos que, en sus años de esplendor, supo operar en casi toda la Argentina.

Esto se debe a que la Justicia decretó la quiebra de CARSA, su operadora en el norte del país y parte de la provincia de Buenos Aires, después de determinar que el cierre de sucursales, los despidos y la falta de ingresos tornaron inviable su concurso preventivo.

La resolución fue dictada este el 2 de septiembre de 2026 por Fernando Luis Lavenas, juez del Juzgado Civil y Comercial Nº 23 de la ciudad de Resistencia, en el Chaco, en donde la sociedad tiene registrada su casa matriz.

El magistrado revocó la apertura del concurso preventivo de acreedores que había autorizado el 17 de julio pasado, ordenó la inmediata incautación de los bienes y documentos de CARSA y dispuso que, una vez firme la sentencia, comience la liquidación de sus activos.

El fallo se conoció luego del cierre de los locales que la empresa mantenía en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones y del fracaso de una operación mediante la cual pretendía transferir 45 sucursales.

Ante la caída de esa alternativa, CARSA presentó un plan para reducirse a una estructura mínima dedicada principalmente a cobrar las cuotas de productos vendidos con anterioridad. Esa propuesta terminó acelerando la quiebra ya que el juez consideró que la sociedad ya no tenía mercadería para reponer, establecimientos para operar ni ingresos comerciales que permitieran sostener una reestructuración.

Un rescate que duró menos de dos meses

CARSA había solicitado la apertura de su segundo concurso preventivo en julio pasado, en medio de una crisis que incluía un pasivo declarado de $63.503 millones y $1.593,4 millones correspondientes a cheques rechazados.

La compañía presentó el procedimiento como una herramienta para preservar la continuidad operativa, conservar las fuentes laborales, proteger su patrimonio y negociar una reestructuración ordenada con los acreedores.

En ese momento, el Juzgado Civil y Comercial Nº 23 de Resistencia aceptó la apertura del expediente para permitir que CARSA continuara administrando sus actividades bajo supervisión judicial mientras verificaba sus deudas y preparaba una propuesta de pago.

Sin embargo, durante las semanas siguientes se modificaron las condiciones que habían sustentado esa resolución.

La empresa cerró sucursales en las cuatro provincias del nordeste, despidió trabajadores y reconoció que no había podido concretar la transferencia de 45 locales aprobada anteriormente por su directorio.

Esa operación que debía generar el alivio patrimonial necesario para sostener la reestructuración pero CARSA informó que no pudo completarla por circunstancias financieras y de mercado sobrevinientes, aunque no identificó en la presentación judicial al interesado ni detalló las condiciones económicas de la negociación.

El ahorro dejó al descubierto la falta de ingresos

En ese momento, CARSA calculó que el cierre de establecimientos y la reducción de alquileres, salarios y gastos logísticos le permitirían ahorrar aproximadamente $1.420 millones por mes.

La empresa aseguró que esos recursos serían destinados prioritariamente al pago de las obligaciones esenciales y al sostenimiento de las actividades indispensables.

También indicó que cualquier operación que excediera la administración ordinaria sería sometida a autorización judicial.

Pero la sindicatura advirtió que el plan se concentraba en los gastos que la compañía pretendía eliminar y guardaba silencio sobre los ingresos necesarios para continuar.

La sociedad tampoco presentó un plan para pagar los créditos laborales reconocidos ni explicó cómo afrontaría las liquidaciones finales y las indemnizaciones correspondientes a los nuevos despidos.

Ahora, el fallo que decreta su quiebra agregó que la reducción de las operaciones no contemplaba la reposición de mercadería y que, por lo tanto, la empresa dejaba de tener una operación comercial y pasaba a concentrarse en cobrar cuotas originadas en negocios anteriores.

La carrera de los acreedores continúa

El tribunal mantuvo al Estudio Contable Benítez como sindicatura de la quiebra junto a un equipo que está integrado por José Valentín Benítez, José Nicolás Benítez y Cynthia Bernard. Los acreedores tendrán plazo hasta el 6 de noviembre próximo para presentar sus pedidos de verificación y acreditar el origen, el monto y los privilegios de cada deuda reclamada.

La sindicatura deberá entregar el informe individual sobre los créditos el 30 de marzo de 2027, mientras que el documento que deberá reconstruir el activo, el pasivo, las causas de la insolvencia y la conducta de los administradores, quedó programado para el 25 de junio del mismo año.

El proceso fue clasificado dentro de la categoría A por su dimensión y complejidad y también se ordenó publicar edictos en Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Neuquén y Río Negro, además de la Ciudad de Buenos Aires.

La caída de una operadora histórica

CARSA es una empresa con sede en Resistencia que explotaba la marca Musimundo bajo licencia con una red comercial que se encontraba concentrada en el nordeste y en algunas localidades bonaerenses.

La compañía ya había atravesado un concurso preventivo en 2018, cuando la caída del consumo, el aumento de los costos financieros y la acumulación de deudas obligaron a reestructurar su operación.

Además, había formado parte de la antigua Red Megatone junto con Bazar Avenida y Electrónica Megatone y después de la reorganización de esa alianza empresaria, continuó operando locales identificados con la marca Musimundo.