El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de La Pampa resolvió apartar preventivamente de sus funciones a seis efectivos pertenecientes a la Seccional Primera de la ciudad de Santa Rosa. La medida institucional se adoptó de manera inmediata tras hacerse pública la denuncia por apremios ilegales y agresiones físicas presentada por el joven  Lautaro Ruiz.

A través de un comunicado oficial, el organismo a cargo del ministro Horacio Di Nápoli confirmó la desafectación del personal involucrado en el procedimiento desarrollado el domingo por la noche.

Según precisaron las autoridades gubernamentales, los seis uniformados permanecerán al margen de sus tareas hasta tanto avance el proceso judicial o las autoridades competentes determinen lo contrario.

El origen de la disputa se desencadenó cuando el joven intentó llevar consigo una guitarra artesanal perteneciente a un cliente, negándose a despacharla en la bodega del colectivo por temor a eventuales roturas o daños en el instrumento. Ante la negativa del chofer a permitir el ingreso del equipaje a la cabina de pasajeros, se solicitó la intervención de los efectivos policiales que patrullaban la zona.

Según consta en la denuncia pública efectuada por la víctima, la tensión aumentó considerablemente cuando Ruiz intentó utilizar su teléfono celular para documentar el accionar del personal actuante. En ese instante, una mujer policía le habría arrebatado e inutilizado el dispositivo móvil, lo que provocó que el joven intentara alejarse a pie de la terminal para resguardar su integridad.

A las pocas cuadras, Ruiz fue alcanzado por los agentes de la fuerza de seguridad, momento en el que se habría iniciado la golpiza en plena vía pública. La brutalidad del ataque no tuvo frenos. Mientras uno de los uniformados le propinaba puñetazos directos en la cara, su compañera atinó a exclamar: “Pará, no le peguen en los ojos”.

El denunciante afirmó que los malos tratos físicos y verbales continuaron de manera sistemática una vez que fue trasladado e ingresado a las dependencias de la Seccional Primera, situación que derivó en la posterior presentación penal.

Actuación administrativa y el avance de la investigación penal

El Poder Ejecutivo pampeano remarcó que desde el inicio de las actuaciones la Policía provincial puso a disposición del ámbito judicial y de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas la totalidad de las pruebas recopiladas. Entre la documentación remitida para esclarecer el suceso se incluyeron la nómina del personal actuante, testimonios de personas presentes, registros fílmicos y demás elementos de prueba recopilados en el lugar

La causa penal quedó formalmente bajo la conducción de los fiscales Guillermo Sancho y Natalia Urruti, quienes encabezan las medidas para reconstruir la secuencia de los hechos y deslindar las responsabilidades del caso. Desde el Ministerio enfatizaron que el marco legal del Poder Judicial será el espacio determinante para fijar las sanciones procesales o administrativas que pudieran corresponder a los imputados.