El Gobierno creó un programa para fortalecer el uso de tobilleras y pulseras electrónicas en personas con restricciones a la libertad ambulatoria, prisión domiciliaria y adolescentes alcanzados por el nuevo Régimen Penal Juvenil.

La medida quedó establecida en la Resolución 434/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y publicada en el Boletín Oficial. El objetivo es asistir a jueces y fiscales en la implementación de estos dispositivos, especialmente en casos de personas que no pasaron por una cárcel o alcaidía.

Desde el Gobierno señalaron que los jueces vienen reclamando estas herramientas para situaciones que requieren monitoreo pero no justifican el ingreso a un establecimiento penitenciario.

El programa funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal y alcanzará a quienes tengan restricciones procesales, cumplan prisión domiciliaria sin ingresos previos a una cárcel o estén sometidos a medidas previstas por la Ley 27.801.

La colocación de los dispositivos dependerá de una orden judicial y de una evaluación de la situación personal y domiciliaria. En el caso de los adolescentes, la iniciativa acompaña la implementación del nuevo régimen penal, que comenzó a regir esta semana en todo el país salvo en la provincia de Buenos Aires, donde fue suspendido por 60 días tras un habeas corpus colectivo de la jueza Marta Pascual.

Según datos del SNEEP, en 2024 había 12.643 personas con prisión domiciliaria y 6.917, el 54,71%, estaban bajo vigilancia electrónica.

El monitoreo estará a cargo de una empresa. Según indicaron desde Justicia, actualmente Surely SA es la única firma que presta ese servicio. El Ministerio actuará como intermediario con el Poder Judicial, centralizará la logística y el financiamiento y capacitará a jueces y equipos judiciales.

Ante una alerta, la empresa deberá avisar de inmediato a la autoridad judicial. Además, enviará información periódica al programa, que estará a cargo del abogado Brian Ezequiel Gallo.

El sistema permitirá controlar el uso de los dispositivos, su stock, la etapa procesal, el delito investigado y datos demográficos de las personas monitoreadas.

La iniciativa también se coordinará con las funciones que ya tiene el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva. Desde esa cartera señalaron que la medida complementa sus atribuciones y que, ante un solapamiento de casos, se realizará la derivación correspondiente.

La resolución sostiene además que el costo de estos dispositivos es “significativamente inferior” al de una prisión preventiva carcelaria. También cita el fallo “Nápoli” de la Corte Suprema y tratados internacionales para remarcar el carácter excepcional del encierro preventivo.

Para quienes cumplen medidas domiciliarias, el monitoreo permite conservar vínculos familiares, laborales y educativos y evitar los efectos negativos del primer ingreso a prisión, un aspecto especialmente considerado en el caso de adolescentes.