La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) exigió formalmente el cese inmediato del hostigamiento contra la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.° 2 de Lomas de Zamora.

El gremio judicial denunció una violenta campaña de desprestigio, presiones políticas y mediáticas que en las últimas horas se extendió hacia las y los trabajadores del propio juzgado

Para garantizar la seguridad física del personal y el normal funcionamiento institucional, la conducción de la Asociación Judicial Bonaerense solicitó la intervención urgente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la Procuración General y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

El comunicado, textualmente, expresa:

Desde la Asociación Judicial Bonaerense expresamos nuestro respaldo a la jueza Marta Pascual de Lomas de Zamora frente a la brutal campaña de ataques y desprestigio desatada a partir de su decisión de suspender preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

La resolución fue adoptada en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo y fundamentada en la necesidad de garantizar los derechos de las y los adolescentes frente a la falta de condiciones materiales, institucionales y de infraestructura adecuadas para la implementación del nuevo régimen.

Defendemos la independencia del Poder Judicial y el pleno ejercicio de sus facultades constitucionales. Las decisiones judiciales cuentan con mecanismos institucionales de revisión y no pueden dar lugar a campañas de presión, persecución o amedrentamiento contra magistradas, magistrados ni trabajadores y trabajadoras judiciales. En las últimas horas, el hostigamiento se ha extendido también al personal del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora.

Por ello, exigimos el cese inmediato de los ataques y reclamamos la urgente intervención de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la Procuración Provincial y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la jueza, de las y los trabajadores del organismo y el normal desarrollo de sus funciones.

Resulta especialmente preocupante que desde los principales medios de comunicación y desde distintas instancias del Gobierno nacional, incluso a través de funcionarios y personalidades con altísimas responsabilidades institucionales, se alimente una campaña de desprestigio, presión y ataque contra una magistrada por una decisión adoptada en el ejercicio de sus facultades constitucionales.

Estas prácticas afectan gravemente la independencia judicial, el respeto por la división de poderes y el normal funcionamiento de las instituciones de la República.