Por: Redacción Semanario de Junín

EDITORIAL PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 531 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE  DE 2026

Esta semana, la polémica estuvo centrada en las críticas contra la magistrada Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense, norma que establece desde los 14 años la responsabilidad penal juvenil.

La reacción política no tardó en llegar. Patricia Bullrich cuestionó la decisión y Mauricio Macri calificó de “inaceptable” que una jueza provincial suspendiera temporalmente la aplicación de una ley nacional. La resolución, además, fue apelada y su alcance jurídico deberá ser definido por la Justicia.

Pero mientras los adultos discuten competencias, cautelares y atribuciones, hay una cuestión bastante más sencilla que parece quedar olvidada y es acerca de qué hizo el Estado antes de que ese chico llegara a delinquir.

Hay leyes anteriores a la 27.801. La Ley de Educación Nacional N° 26.206, modificada por la 27.045, establece la obligatoriedad escolar desde los 4 años hasta la finalización de la educación secundaria y no es una elección, sino una obligación del Estado.

Existe entonces una contradicción que nadie debate.

Un chico que concurre regularmente a la escuela difícilmente queda librado al azar. Tiene docentes que lo ven, compañeros, equipos de orientación, controles de asistencia, adultos que pueden advertir cambios de conducta, problemas familiares, dificultades económicas o situaciones de violencia.

La escuela no es una garantía contra el delito, pero sí una de las principales instituciones de contención y seguimiento con las que cuenta el Estado.

Por eso, cuando un adolescente desaparece progresivamente de ese ámbito, no nos preguntemos después que hace la policía que no reprime, sino dónde está el Estado que tenía la obligación de saber por qué dejó de ir.

No alcanza con descubrir al chico cuando ya cometió un delito. Hay que llegar antes. Eso supone políticas integrales: búsqueda activa de quienes abandonan la escuela, equipos de trabajadores sociales, psicopedagogos y educadores comunitarios que lleguen a los hogares, asistencia económica para transporte, útiles y vestimenta, comedores escolares de calidad, controles de salud y acompañamiento de las familias.

Y supone algo todavía más básico: que los organismos públicos compartan información para detectar tempranamente las situaciones de vulnerabilidad.

Si un alumno comienza a acumular faltas, baja abruptamente su rendimiento o desaparece de la escuela, alguien debería preguntarse qué está pasando.

No para perseguirlo, sino para encontrarlo.

Los agentes de Desarrollo Social locales no pueden limitar su tarea al escritorio, al expediente y a la fotografía de ocasión. Si el Estado municipal dispone de recursos y profesionales para intervenir sobre las situaciones de vulnerabilidad, tiene que hacerlo en el territorio, articulando con las escuelas y con las familias.

Es más sencillo reclamar después una condena que construir antes una oportunidad. Y si finalmente un adolescente comete un delito, deberá responder por lo que hizo. Negarlo sería absurdo y tampoco ayuda a las víctimas. Pero una sociedad adulta tiene que decidir qué respuesta quiere dar: si solamente castiga al chico cuando el daño ya está hecho o si además intenta evitar que otro chico llegue hasta ese lugar.

La discusión sobre la Ley 27.801 no debería reducirse entonces a una consigna sobre la edad de imputabilidad. Tampoco a la cómoda simplificación de que todo se resuelve encerrando a los pibes.

La jueza Pascual dijo algo que debería formar parte de esta discusión: “Con esta ley no vamos a crear más seguridad”.

Parece que algunos funcionarios descubrieron demasiado tarde que la seguridad también se construye con escuelas abiertas, familias acompañadas, chicos contenidos y un Estado que llegue antes.

Tan difícil es que entiendan que cuando el Estado abandona a un pibe durante años y aparece recién cuando tiene un expediente penal bajo el brazo, hay algo más que una falla administrativa y que se trata de una responsabilidad no asumida y no precisamente por los pibes, sino por el gobernante y el funcionario ineptos y los adultos que se hicieron los desentendidos.

Un peligroso combo de desalmados que intentan ganar una batalla cultural para seguir deshumanizando y salvar sus privilegios.