Por: Redacción Semanario de Junín

Tras los cambios impulsados por el bloque de La Libertad Avanza, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado firmaron este jueves el dictamen del proyecto que establece un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, y se espera que se trate en el recinto este mes.

Finalmente, el proyecto que avanzó y defendió el Gobierno fue el de Patricia Bullrich entre los 7 presentados por distintos senadores. Se trata del Proyecto S-809/26, ingresado al Senado el 14 de mayo de 2026 por Bullrich y seis legisladores de La Libertad Avanza y propone derogar la Ley 27.640 —vigente hasta 2030— y reemplazarla por un régimen presentado como "desregulado y libre".

El texto anuncia una buena noticia, pero esconde una muy mala: Por un lado, introduce un aumento del corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%, pero incorpora una letra chica decisiva: el coprocesamiento, que permite a las petroleras fabricar el combustible renovable dentro de sus propias refinerías y computarlo como parte del corte, sin comprárselo a las pymes. Ese mecanismo escala hasta un tope de 3 puntos, de modo que el mercado real para las elaboradoras independientes se reduce a cerca del 7%.

A esa poda se suma el artículo 38, que el oficialismo presenta como un "período de transición" para las empresas no integradas. Según los especialistas es un cronograma de extinción. La cuota asegurada a las pymes cae año a año hasta desaparecer por completo, y a partir del 1° de enero de 2031 todo el mercado queda sujeto a competencia abierta.

Con cuatro millones de toneladas de capacidad instalada para un mercado interno de apenas un millón, esa liberalización sin reglas no produce competencia sino concentración. La producción quedaría en manos de cinco o seis grandes aceiteras integradas del complejo agroexportador de Santa Fe.

QUIEN CONTROLA EL INSUMO, SE QUEDA CON EL NEGOCIO

El punto central es que no se trata de competencia real. La materia prima —el aceite de soja— representa el 80% del costo del biodiésel, y las grandes aceiteras integradas son al mismo tiempo proveedoras y competidoras de las pymes. Un diferencial de apenas 10% en los costos alcanza para desplazar a una planta regional. "La propuesta de ley de Patricia Bullrich está hecha a medida de las aceiteras y contra las pymes, y afecta a toda la cadena de valor de la soja. Así como está no puede ser votada; hay que hacer una ley equilibrada en la que el corte crezca en serio y las pymes sigan produciendo", resumió Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB.

Lo que está en juego tiene escala nacional, pero se siente en cada localidad. 25 plantas pyme distribuidas en cinco provincias —Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis—, producen cerca del 65% del biodiésel para la mezcla obligatoria, facturan alrededor de 1.000 millones de dólares al año y sostienen unos 9.500 empleos, en su mayoría calificados y radicados en pueblos del interior donde una sola planta puede ser el principal empleador formal.

En el tema bioetanol hay acuerdo absoluto; el proyecto oficial amplía la participación de ese producto en las naftas del 12% al 15%. Además, delimita segmentos de proveedores, un 6% del cupo debe ser elaborado con aceite de caña de azúcar y el otro 6% debe ser provisto por aceite de maíz. El 3% restante queda libre.

Quienes representan a Tucumán, Salta y Jujuy defendieron que se garantice el 6% para el bioetanol producido a partir de la caña de los ingenios azucareros de sus provincias. Ese aceite tiene costos más altos de producción, por lo que resulta más caro que el bioetanol de maíz. Así se evita que las refinerías petroleras compren el más barato y estén obligadas a respetar a ambos sectores proveedores.

El proyecto gubernamental que impulsa Bullrich propone que las grandes cerealeras globales agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC) queden habilitadas para abastecer el mercado interno de biocombustibles.

Ese corte obligatorio lo compran las petroleras con refinería propia, como YPF, Pan American Energy (PAE), la refinería de Shell que quedó en manos del grupo suizo Mercuria Energy Group, en el que es socio José Luis Manzano, Trafigura y Refinería del Norte. Las petroleras apoyan el proyecto de Bullrich.

Un dato clave explica el interés de las grandes aceiteras. La iniciativa, de aprobarse, les permitirá acceder al mercado interno de biocombustibles: Argentina perdió gran parte de los mercados externos en los que exportaba combustibles de origen vegetal. Durante el primer gobierno de Donald Trump, Estados Unidos impuso aranceles antidumping que clausuraron un negocio de u$s 1200 millones y la Unión Europea también restringió las compras. Las grandes aceiteras quedaron con gran capacidad ociosa.

En ese contexto, el Gobierno busca desregular el mercado. El proyecto de Bullrich pretende llevar el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil al 10%, punto en que las pymes están de acuerdo. También propone que las petroleras realicen el procesamiento de aceite vegetal en sus refinerías, pero solo después de cumplir con la compra del cupo del 10%.

LAS PYMES PRODUCTORAS DE BIODIESEL BAJO ATAQUE

El debate quedó trabado por la redacción del capítulo que regula el tema biodiesel. En ese punto se enfrentan la posición de las 25 plantas pyme que ahora producen cerca del 65% de ese combustible destinado a la mezcla obligatoria con el gasoil contra la situación de las grandes aceiteras del polo de Santa Fe.

Las aceiteras están integradas y son propiedad de las cerealeras globales. Actualmente están casi paradas, porque se les recortaron los volúmenes de exportación y, en compensación, buscan ingresar con su producto al mercado interno, al que ahora están vedados por la ley vigente.

Las inversiones pymes surgieron de la ley 26.093 de 2007, que buscó federalizar la producción de biodiesel y les reservó el mercado del abastecimiento del cupo obligatorio. Son empresas que compran el aceite y lo transforman en combustible de origen vegetal. Detrás de cada planta de biodiesel opera una cadena de extrusoras de soja que proveen el aceite crudo utilizado como insumo principal.

Para los biocombustibles, la normativa actual establece que el gasoil que venden las petroleras en sus estaciones de servicio debe tener un corte obligatorio del 7,5% de biodiesel, equivalente a un millón de toneladas por año, que debe ser abastecido exclusivamente por pequeñas y medianas empresas.

Las pymes productoras de biodiesel generan 8.000 empleos entre directos e indirectos

MÁS DE 8000 EMPLEOS EN PELIGRO

Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), aseguró a Letra P que “el proyecto de Bullrich le asigna el total del cupo del 10% a las aceiteras, que se quedan con el negocio y condenan a la quiebra al entramado pyme de productoras de biodiesel".

"Solo deja un proceso de transición hasta 2030 en el que las pymes pueden abastecer un 5% del cupo y luego libre competencia con las aceiteras”, puntualizó.

Ese es el punto que trabó el debate en el Senado, a las pymes solo les otorga una participación decreciente año a año, que se agota por completo en 2031, luego se abre al libre comercio. Esa competencia, según sostienen pequeñas y medianas productoras, no tiene sentido porque las grandes aceiteras son las dueñas de la materia prima que utiliza el resto de la cadena.

Cepreb agrupa a las elaboradoras de biodiesel ubicadas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. Martelli dijo que “el proyecto de Bullrich hace una diferencia y protege al bioetanol de caña para cuidar empleos y a las economías regionales de Tucumán, Jujuy y Salta, pero descuida al biodiesel que fabrican las pymes de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis y La Pampa”.

Las pymes defienden 1500 empleos directos registrados, 8000 empleos indirectos en la cadena con salarios promedios de casi cuatro veces el costo del salario mínimo, vital y móvil.

El sector estima que para 2030 el corte obligatorio debería ubicarse en el 20%, eso implica un mercado en crecimiento en medio de la agenda de descarbonización de la economía mundial.

Argentina tiene una balanza comercial deficitaria en gasoil. Importa combustible para abastecer su demanda, porque la capacidad de refinación local opera al máximo de su capacidad. El biodiesel producido en el país reemplaza directamente ese gasoil importado.

La discusión no es entre desregular o no desregular, sino cómo hacerlo sin destruir un entramado productivo federal

EL IMPACTO EN JUNÍN

Biobin es una empresa instalada en el parque industrial de la ciudad, que elabora y comercializa biodiesel, genera empleo y contribuye de manera decisiva al desarrollo de la economía local. Según los datos de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), la firma produce 40.896 toneladas al año y genera valor por 49.075.200 dólares anuales.

De concretarse el cierre de la planta, se perderían decenas de puestos de trabajo directos e indirectos, crecería la desocupación en la ciudad y el municipio vería reducida su recaudación de impuestos y tasas.

Mientras desde el oficialismo se mantiene un silencio que incomoda, la concejala que salió del espacio libertario para formar bloque propio, fue la única que al momento levantó la voz en la ciudad. Al portal Política y Medios, Belén Veronelli contó que “Resulta inentendible la dicotomía que existe al pretender aprobar un proyecto de ley del gobierno nacional que destruye empresas, inversión y empleo en el interior bonaerense, mientras que sus mismos candidatos recorren la provincia hablando de inversión, trabajo y generación de riquezas”.

Veronelli profundizó sobre las asimetrías del proyecto: “Se necesita una mirada federal respetando estructuras productivas, localizaciones y realidades económicas diferentes que permitan a las PYMES competir en igualdad de condiciones. Al modificar la Ley 27.640 se impulsa una 'falsa segmentación' entre empresas 'integradas' y 'no integradas' ignorando las verdaderas diferencias estructurales que determinan la capacidad de competir. Llama la atención el silencio de los Intendentes, siendo que, de aprobarse la Ley Bullrich, se concentraría el negocio, generaría el cierre de Pymes regionales y con ello mayor desocupación local”.

LA DISCUSIÓN NO ES EL QUÉ, SINO EL CÓMO

Hay además una cuestión de seguridad jurídica que el sector remarca con insistencia. Estas empresas invirtieron a largo plazo confiando en la Ley 27.640, que el propio Estado sancionó en 2021 con vigencia hasta 2030. Sobre esas reglas contrataron personal, asumieron compromisos financieros y desarrollaron capacidad industrial. Alterar el marco seis años antes de lo previsto, dejando fuera a quienes invirtieron de buena fe, vulnera la previsibilidad indispensable para cualquier desarrollo productivo.

Frente al proyecto oficial, CEPREB no se planta solo en el rechazo: puso sobre la mesa una alternativa concreta. La propuesta que impulsa la cámara eleva el corte al 12,5% —punto medio entre el 10% del Ejecutivo y el 15% que reclaman los sectores productivos— y divide el mercado interno en tres segmentos con reglas propias: 5% para las pymes regionales (las plantas ubicadas a más de 80 kilómetros del Puerto General San Martín), 2,5% para las empresas no integradas del polo de Rosario y 5% de libre mercado, que absorberían las grandes integradas hoy ausentes del corte interno. En los tres segmentos rige la competencia por licitación: se terminan los cupos y precios fijados por el Estado, pero sin condenar a las pymes del interior.

La discusión, entonces, no es entre desregular o no desregular, sino sobre cómo hacerlo sin destruir un entramado productivo federal. Mientras Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea e Indonesia protegen activamente su industria con aranceles, créditos fiscales, cupos regionales o subsidios, el proyecto argentino propone el camino inverso. Para Junín, el resultado de esa apuesta no es una abstracción de política energética: es la diferencia entre sostener una fuente de trabajo o verla apagarse. La pregunta que queda abierta es por qué el oficialismo insiste con un texto que amenaza a las pymes del interior, en lugar de dar tiempo a una salida que no deje a nadie afuera.

El acuerdo no se cerró sin fisuras. El senador Fernando Salino (PJ-San Luis) presentó un dictamen de minoría en representación de los productores industriales de biodiesel de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis que vienen reclamando una mirada más federal en el reparto del corte. Salino coincidió con el fondo de la reforma —“cualquier voluntad que haya en elevar el corte nos parece adecuada”, dijo— pero insistió en que el esquema de cupos todavía no refleja del todo la diversidad regional del sector.