Por: Redacción Semanario de Junín

El mentado "progreso" de la Red Federal de Concesiones debutó en la región de la peor manera: sin obras de ningún tipo y con decenas de familias en la calle. El retiro del Estado de las rutas que cruzan Junín expuso lo que meses atrás ya se vislumbraba en las audiencias públicas celebradas en el complejo de la avenida Circunvalación.

Aquellos encuentros participativos convocados con bombos y platillos —donde representantes locales expusieron formalmente las urgencias viales del partido ante las autoridades nacionales— terminaron siendo un mero trámite burocrático y una puesta en escena para legitimar el negocio. El reclamo social y los planteos institucionales chocaron contra oídos sordos: el Gobierno nacional y Vialidad cerraron el pliego licitatorio a espaldas de lo que la comunidad exigió en esas jornadas.

Con la toma de posesión de los consorcios privados en este mes de septiembre, la nueva y cruda realidad quedó a la vista. En las estaciones de Agustín Roca (Ruta 188) y Saforcada (Ruta 7), la incertidumbre dio paso a una alarmante certeza: unas 50 personas perdieron sus puestos de trabajo de un día para el otro. El Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes (SUTPA) ya se declaró en estado de alerta ante este esquema que prioriza la rentabilidad financiera por sobre el sostén social de las comunidades locales.

La justificación oficial de la modernización tecnológica y la implementación del telepeaje dinámico funciona en la práctica como una pantalla para el ajuste. Detrás del discurso de la "agilidad vial", el modelo corporativo de firmas como Creditech S.A. y Plantel S.A. elimina el factor humano para maximizar ganancias. Al mismo tiempo, promete tarifas base que ya se perfilan asfixiantes para el bolsillo de los usuarios, sin ofrecer ninguna contraprestación real a cambio.

Petrecca y Fiorini eluden el conflicto vial: mientras se pierden 50 empleos en la región, el Palacio Municipal opta por un silencio cómplice

“UNA NUEVA ESTAFA VIAL”

Uno de los que advirtió tempranamente esta situación fue el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), que cuestionó el nuevo esquema de rutas nacionales y alertó que la incorporación de nuevas estaciones de peaje incrementará los costos del transporte, trasladándose de forma directa al precio final de los bienes y servicios.

Ricardo Lasca, coordinador de la entidad, sostuvo que el modelo representa una profundización del sistema aplicado durante la década de 1990 y criticó que se cobre por circular sobre calzadas ya existentes sin que los usuarios dispongan de caminos alternativos.

“Es una nueva estafa vial y es peor que en los 90”, afirmó con dureza. Según indicó, el plan contempla sumar 54 estaciones de cobro a las más de 40 que ya funcionan, lo que provocará que haya puntos de pago aproximadamente cada 90 kilómetros en determinados corredores como ocurrirá en el de la ruta 7, que prevé sumar una cabina entre Chacabuco y Carmen de Areco sin que se haga la obra de la Variante ni tampoco el tramo inconcluso de autovía entre ambas localidades, el único pendiente entre Luján y Junín.

Otro de los puntos objetados por el CONADUV está relacionado con las inversiones previstas para las empresas ganadoras de las licitaciones. Lasca afirmó que las obligaciones contractuales se concentran principalmente en tareas menores de conservación, como bacheo y corte de pasto, y no en grandes obras de infraestructura. En ese sentido, lamentó que no se contemplen intervenciones de mayor escala, como autopistas o autovías destinadas a reducir los accidentes frontales. “No va a haber obras de envergadura”, sostuvo, al tiempo que definió el esquema como un negocio de “inversión cero y riesgo cero” para las compañías, cuestionando además que firmas vinculadas anteriormente con investigaciones judiciales puedan volver a participar.

Como contracara de esta parálisis nacional, la contracorriente política y social se trasladó a las aulas de la UNNOBA. Allí, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, encabezó una jornada de diálogo regional bajo el lema “¿Cuánto futuro cabe en la Provincia?”. El encuentro —que reunió a intendentes y sectores productivos de 14 municipios del norte provincial— funcionó como una fuerte caja de resonancia crítica frente al abandono de las trazas federales. Katopodis apuntó directamente contra un modelo centralista que, mientras recauda fortunas quitándole el cuerpo a las rutas, obliga a la Provincia y a los municipios a intentar contener la emergencia vial con recursos propios.

Lo más grave de este nuevo régimen de concesión a 20 años es la flagrante desatención de la seguridad pública. Mientras el negocio privado se asegura la recaudación mediante lectores automáticos de patentes, las obras viales más urgentes y postergadas de la región han quedado explícitamente fuera de las obligaciones de inversión inmediata. La Variante Chacabuco y la tan necesaria travesía urbana de Junín seguirán esperando en el cajón de las promesas, demostrando que el verdadero norte de estas concesiones no es mejorar la vida del que transita, sino garantizar el flujo de caja de las nuevas empresas a costa del desempleo local y nacional.

El Modelo Junín es para algunos brillos, pero no acompaña ninguna de las sombras que golpean a quienes se quedan sin trabajo

SILENCIO OFICIAL

Mientras desde la Federación de Sociedades de Fomento se pidió que intendentes, concejales, senadores y diputados provinciales y nacionales de todos los arcos políticos. conformen una mesa multisectorial para "nacionalizar" el reclamo y exigir respuestas urgentes y concretas a las empresas concesionarias adjudicatarias de las rutas de la región, el arco político oficialista de Junín decidió llamarse a un llamativo y criticado silencio. Tanto el senador provincial en uso de licencia, Pablo Petrecca, como el intendente interino, Juan Fiorini, mantienen una agenda de altísima exposición pública basada en inauguraciones comerciales, recorridas de gestión interna y el armado electoral del PRO bonaerense junto a La Libertad Avanza. Sin embargo, la pérdida de 50 puestos de trabajo y el freno explícito a obras viales estratégicas para la ciudad parecen no ingresar en su radar discursivo.

Este hermetismo local no es una novedad: desde la oposición y distintos sectores vecinales ya se les venía cuestionando una postura de "silencio cómplice" frente a los sucesivos golpes del ajuste centralizado en la economía de los juninenses. Aunque tanto Petrecca como Fiorini suelen mostrarse celosos fiscalizadores de las obras financiadas por la Provincia, adoptan una cautelosa neutralidad cuando las consecuencias directas provienen de las decisiones de la administración nacional.

Al eludir declaraciones firmes sobre el desmantelamiento de los peajes de Roca y Saforcada, la conducción local prioriza la sintonía fina con sus socios políticos en el Congreso por sobre la defensa irrestricta de las familias afectadas y el desarrollo de la infraestructura de su propio partido, que dicen representar.

"NOS ENTERAMOS POR WHATSAPP”

El impacto del cierre de la estación de peaje en la Ruta Nacional 188 no se mide solo en números o balances corporativos; se traduce en angustia e incertidumbre para decenas de familias de la localidad de Agustín Roca y de Junín.

Los operarios damnificados tras concretarse el cese de actividades contaron su incertidumbre: “Nos enteramos prácticamente por un mensaje de WhatsApp que la estación cerraba de un día para el otro. Pasamos años cumpliendo nuestros turnos, de día, de noche, con frío o calor, y ahora nos quedamos sin el sustento de nuestras familias sin que a nadie de la nueva empresa se le mueva un pelo”.

Para un pueblo chico como Roca, que cierren el peaje es un golpe letal. El daño económico y social es en cadena y el progreso por ahora sigue dejando gente en la calle y sin trabajo.