El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante el juez Ariel Lijo las explicaciones sobre los 20 puntos de su patrimonio que habían sido observados por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
En un escrito de 78 carillas, sostuvo que la evolución de sus bienes entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 puede ser respaldada con documentación contable, técnica y probatoria.
La defensa aseguró que los dólares que tenía en efectivo se originaron en ahorros vinculados con la liquidación de bitcoin. Según la presentación, ocho billeteras le reportaron USD 591.544,61, mientras que las claves privadas fueron acreditadas mediante un acta notarial.
De acuerdo con el escrito presentado por su abogado, Matías Ledesma, las billeteras registraron movimientos entre octubre de 2014 y septiembre de 2018 y actualmente no conservan saldo. “Se trata, en consecuencia, de un activo preexistente al ejercicio de la función pública”, argumentó.
La defensa explicó además que las operaciones con las criptomonedas se realizaron mediante encuentros personales y pagos en efectivo, sin participación de entidades financieras. Una parte de los dólares obtenidos, según el planteo, quedó fuera del circuito bancario y fue conservada en el domicilio de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
En ese punto, el escrito sostiene que el origen de los fondos se relaciona con una modalidad de ahorro familiar extendida en Argentina, basada en mantener dinero en efectivo y moneda extranjera por fuera del sistema bancario.
La defensa vinculó esa práctica con la inestabilidad macroeconómica, la volatilidad cambiaria y las restricciones para acceder a moneda extranjera durante distintos períodos.
También sostuvo que la decisión de destinar parte de esos ahorros a bitcoin entre 2014 y 2017 respondía a una estrategia de resguardo de valor, cuando el activo todavía era poco conocido y no contaba con la infraestructura regulatoria y de intermediarios locales que tiene actualmente. “No con ningún propósito de ocultamiento fiscal”, remarcó la presentación.
Como perlita del planteo aparece un antecedente que vuelve a tomar relevancia: en 2021, Adorni había protagonizado un video en el que decía que no sabía qué era una criptomoneda.
La defensa también planteó que, si existiera algún delito tributario relacionado con esos dólares no declarados, la cuestión debería ser analizada por ARCA o por la Justicia en lo Penal Económico y no por el fuero federal. El descargo fue presentado 137 días después de una entrevista con Alejandro Fantino, en la que Adorni había señalado que estaba trabajando sobre la explicación de su patrimonio. Esto ocurrió luego de que trascendiera que había pagado en efectivo refacciones realizadas en su vivienda del barrio privado Indio Cuá.
Otro de los puntos centrales de la presentación fue el dinero destinado a la casa de Indio Cuá. Adorni negó haber abonado USD 245.000 por las refacciones y sostuvo que el desembolso real fue de USD 175.000.
Respecto de la adquisición del terreno, explicó que el lote 380 del country tuvo un valor de USD 120.000. Según su versión, USD 100.000 fueron financiados mediante un préstamo hipotecario garantizado con el inmueble de la calle Asamblea 1132 y los otros USD 20.000 se pagaron en efectivo, dinero que estaba bajo custodia de Angeletti.
La defensa también cuestionó el monto que había mencionado el contratista Matías Tabar, quien declaró como testigo que había recibido USD 245.000 en efectivo por las obras.
El escrito sostiene que el pago fue de USD 175.000 y que salió de una cuenta bancaria de Adorni, utilizando parte de sus ahorros. Además, el descargo puso el foco en las distintas cifras aportadas por Tabar.
Según la presentación, más de quince ítems de una planilla final “carecen de fecha de registro”. A su vez, señaló que la primera planilla presentada por el contratista, denominada “mov. 380 final”, arroja USD 285.929 y no los USD 245.929 que había declarado como costo total de la obra.
El requerimiento de justificación fue presentado por Ledesma junto con la documentación correspondiente, al límite del plazo otorgado luego de la prórroga solicitada. El primer período había sido de 15 días hábiles y fue concedido por el juez federal Ariel Lijo, quien está a cargo de la causa.
Entre los elementos incluidos aparece también el pago de USD 5.000 correspondiente al ingreso al country Indio Cuá, que fue incorporado a la reconstrucción del flujo de fondos en dólares.
Las declaraciones juradas rectificativas presentadas en junio de 2026 incorporaron tanto el activo como la deuda hipotecaria en partes iguales para cada integrante del matrimonio. Según la defensa, la modificación tuvo como objetivo “reflejar correctamente la situación de la sociedad conyugal” y no respondió a un intento de ocultamiento patrimonial.
Los ahorros declarados en efectivo también fueron detallados en el documento. Al cierre de 2023 alcanzaban los USD 513.000, mientras que al finalizar 2024 se ubicaron en USD 388.961,52 y cerraron 2025 en USD 209.961,52.
La explicación de la defensa es que ese dinero había sido guardado durante años con el objetivo de utilizarlo en el futuro para sus hijos. Sin embargo, parte de esos fondos terminó destinada a la compra y refacción de la vivienda de Indio Cuá y a la adquisición de un departamento en Caballito, comprado durante el período en que Adorni ejerció funciones públicas.
Por último, el escrito cuestionó la diferencia patrimonial de $43.068.549 calculada por la fiscalía. La defensa sostuvo que se trata de una brecha residual equivalente al 15,8% de los egresos reconstruidos y afirmó que la documentación contable y técnica presentada permite explicar ese monto.
El fiscal Gerardo Pollicita había requerido las explicaciones el 10 de agosto, luego de detectar inconsistencias por $43 millones y USD 400.000 en la evolución patrimonial del ex funcionario, en el marco de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.
Ahora, la documentación presentada por la defensa quedará bajo análisis de la fiscalía. Si las explicaciones no resultan suficientes, el expediente podría avanzar con un pedido ante el juez para que Adorni sea citado a declaración indagatoria.