A fines de agosto, el ministro de Economía anunció la adjudicación de los tramos correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que abarca más de 3900 kilómetros de rutas nacionales. En ese marco, el Gobierno avanzó con el proceso para que distintos corredores de la Red Vial Nacional queden bajo gestión privada.

La nueva iniciativa apunta a ampliar ese esquema. Hace unos días, el titular de Vialidad Nacional envió una nota al secretario de Transporte, Mariano Plencovich, y al secretario de Coordinación de Infraestructura de Economía, Fernando Herrmann, en la que detalló una lista de 26 tramos de rutas que podrían incorporarse al esquema de concesiones.

Los funcionarios de Transporte e Infraestructura habían solicitado previamente una evaluación técnica de los corredores que podrían ser susceptibles de incorporarse a la etapa IV del proceso. Vialidad Nacional elaboró finalmente la nómina a partir del análisis de la red y de los cambios producidos luego de que distintos trayectos fueran transferidos a las provincias para que se encarguen de su operación y mantenimiento.

Entre las rutas incluidas en el nuevo listado aparecen la 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 158, 228 y 237. También figura el corredor A0017.

La propuesta alcanza tramos ubicados en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy, La Pampa, Chubut y Neuquén, entre otras jurisdicciones.

De todos modos, se trata todavía de una etapa preliminar. La inclusión de estos corredores en la nómina no implica que el Gobierno haya definido su privatización ni que exista una fecha para su concesión.

Según explicaron fuentes oficiales, Vialidad Nacional identifica y recomienda los tramos que podrían incorporarse al esquema. A partir de esa evaluación, las distintas áreas del Gobierno deben analizar la viabilidad financiera y jurídica, además de definir las condiciones bajo las cuales eventualmente se realizaría cada concesión.

La definición final queda en manos del Ministerio de Economía, que tendrá a su cargo el proceso de adjudicación de las concesiones. Vialidad Nacional, en tanto, tendrá posteriormente la función de controlar el cumplimiento de los contratos.